La reciente sentencia del Tribunal Constitucional, avalando que los colegios que segregan por sexo puedan ser financiados a través de conciertos, podría ser incluida como un capítulo más de la “Historia Universal de la Infamia” si Jorge Luis Borges aún viviera.
El Gobierno del PP premió en su momento, a través de la LOMCE, a aquellas congregaciones, sectas podríamos llamarlas ya que tienen todas las características de opacidad que tal denominación conlleva, que están en su órbita ideológica y empresarial y que han formado y aún forman a buena parte de sus cuadros dirigentes. Una vez que estos cuadros aterrizan en la vida pública, imbuidos de la fe milenarista y ultramontana que en otro tiempo abrazaba cruzadas, legislan favoreciendo a los mismos clanes que los formaron y constituyen poderosos grupos de presión que socaban los cimientos mismos de la democracia, menoscabando la calidad de la misma y empeorando la necesaria transparencia y racionalidad que deben acompañar la toma de decisiones sobre los dineros públicos y los fines a los que éstos se dedican.
Las sectas o asociaciones que se benefician de las subvenciones públicas para separar al alumnado en función de su sexo conforma una constelación donde brillan con luz propia entes como el Opus Dei, Comunión y Liberación o los Legionarios de Cristo, organizaciones todas ellas de conocida ideología integrista, radical y reaccionaria que en algunos momentos han sido investigadas por graves delitos. El Gobierno del PP, perfumado de incienso, cerrado y sacristía, no tiene ningún reparo en sufragar con dinero de nuestros impuestos un inaceptable retroceso en materia educativa que nos devuelve al período pre democrático y ofrecer cobijo institucional y amparo legal a las citadas organizaciones sectarias.
El hecho de que el Tribunal Constitucional haya validado la LOMCE en un aspecto tan lacerante contra la igualdad entre hombres y mujeres no hace sino acrecentar las fundadas sospechas de que el propio Tribunal Constitucional actúa de manera partidista, entre otras cosas porque los partidos políticos intervienen de manera decisiva en la elección de sus miembros, así la actual configuración del Tribunal Constitucional es de mayoría conservadora y sus resoluciones confirman esa tendencia. Por otro lado queda también en evidencia el profundo desfase existente entre el sentir mayoritario de la ciudadanía por una parte, que el 8 de marzo se echó a la calle para pedir igualdad real, y el Gobierno y el Tribunal de más alto rango del Estado por otro.
Ciertamente, un pilar del Estado de Derecho como el poder judicial, debe ser independiente para poder servir de contrapeso al poder ejecutivo y fiscalizar su acción si es menester, tal y como Montesquieu lo diseñó. Ocurre sin embargo, que el Gobierno actual no respeta este principio elemental de la democracia representativa y, al no hacerlo, siembra una sombra de fundada sospecha que erosiona a instituciones clave como la Fiscalía, la Policía y el Tribunal Constitucional, la sombra de que sus actuaciones y resoluciones benefician al partido que ejerce las funciones de Gobierno, en este caso el Partido Popular.
Un vez más debemos seguir luchando por aquello que es evidente y coser las brechas discriminatorias que algunas instituciones, desde la cúpula de en Estado que se supone de Derecho, quieren seguir perpetuando.
Gerardo Rodríguez Miembro del Secretariado Nacional del STEC-IC y delegado de la Junta de Personal de Santa Cruz de Tenerife