SB-Noticias.- La sentencia declara la responsabilidad civil subsidiaria de la Comunidad Autónoma de Canarias en el pago de la indemnización
Recientemente se conocía la nueva condena a un alto mando de la Policía Autonómica canaria Carmelo Martín Sosa, subinspector del Cuerpo General de la Policía Canaria. El Juzgado de lo Penal número 5 de Las Palmas lo condena a cuatro años y cuatro meses de prisión por haber acosado laboralmente a dos agentes a los que también causó lesiones psíquicas. Incluso, uno de ellos está incapacitado para ejercer como policía de por vida.
¿Qué tiene que decir el Gobierno de Canarias ante esta nueva condena?, ¿Qué opinan al respecto el Presidente del Gobierno y el Consejero del área?, ¿Cómo se controla el acceso a ocupar este tipo de cargos de tanta relevancia y los ascensos en el Cuerpo?, ¿Qué medidas de control y seguimiento existen para que se haya producido este acoso de manera reiterada? Y sobre todo ¿Qué medidas se van a tomas para evitar que vuelvan a producirse? Estas son algunas de las preguntas que se plantean muchas personas al conocer el escandaloso hecho de este alto cargo de la policía canaria, que protagonizó una situación acoso, llegando al límite de dejar incapacitado de por vida a un trabajador para ejercer de agente.
Y es que, aunque algunos medios de comunicación se han hecho eco – discretamente- de esta noticia, no hemos visto titulares en portada, como el alcance de la misma requeriría y, salvo excepciones en algunos digitales, la noticia se recoge en páginas del interior, como si se quisiera pasar «de puntillas».
Escandalizan estos hechos de manera especial, en unos momentos en los que se han producido dos suicidios de agentes de la seguridad, en este caso guardiacivil, en Tenerife, en pocos meses.
El fallo emitido por la magistrada Natalia Paula Suárez Acosta, declara probado que el agente Carmelo Martín Sosa acosó laboralmente a dos agentes y les causó lesiones psíquicas, hasta el punto de que uno de ellos se encuentra incapacitado de por vida para ejercer como agente del ordenun «trato humillante, ofensivo y discriminatorio» a uno de los dos agentes denunciantes y que estaban a su cargo cuando era subinspector y jefe de la base del cuerpo de la Policía Autonómica en Gran Canaria.
José Manuel Rivero, abogado defensor de uno de los agentes denunciantes, considera que es una sentencia muy importante y un varapalo para el Gobierno de Canarias, responsable de la Policía Autonómica.
La magistrada detalla en la sentencia que el trato denigrante se reiteró en las reuniones que realizaban para impartir instrucciones, en los vestuarios, delante de los compañeros, y le daba instrucciones para que realizara con más frecuencia que el resto de los agentes los servicios peor considerados para todos, «por su falta de dinamismo o actividad o por su soledad», dice el fallo. Carmelo Martín Sosa influyó para denegar al agente cambios de turno y una licencia de estudios, de la que el jefe anterior había informado favorablemente.
Todo empeoró cuando en el año 2013, el primero de los policías denunciantes prestó declaración en un procedimiento penal distinto al ahora juzgado contra el condenado dentro de la llamada operación Ladrillo. A partir de ese momento, «el rigor fue mayor con él, y los servicios menos valorados se le adjudicaban con mayor frecuencia» hasta que en marzo de 2013 fue dado de baja médica, tras sufrir en plena jornada laboral una crisis de ansiedad que derivó en un trastorno adaptativo mixto con ansiedad y depresión, teniendo un estado anímico crónico, habiendo reconocido el INSS una incapacidad permanente total para su profesión habitual.
En cuanto al segundo agente denunciante, la sentencia reza que la actitud de Carmelo Martín Sosa con él fue «con ánimo de vejar» y «discriminatoria», lo que provocó que en septiembre de 2013, tuviese que pedir «una excedencia voluntaria, y como consecuencia de todo ello, de la continua y persistente actitud del acusado (…), presenta trastorno adaptativo con sintomatología mixta ansioso-depresiva, de la que ya ha sido dado de alta».