En una moción conjunta, Izquierda Unida y Sí se puede proponen al Pleno instar a los gobiernos de Canarias y de España a encontrar una rápida solución a la crítica situación del personal de sus empresas
Su conducta es tan inaceptable que ha sido expulsado de la patronal del sector
Izquierda Unida Canaria y Sí se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz llevarán al pleno municipal que se celebra este viernes una moción para declarar “persona non grata” al propietario de Seguridad Integral Canaria, Miguel Ángel Ramírez, por el “inmenso daño causado a sus trabajadores y trabajadoras” a los que ya adeuda las nóminas de cuatro meses. El texto del acuerdo también recoge exigir a los gobiernos central y autonómico una pronta solución a la situación laboral de la plantilla.
El Ayuntamiento de La Laguna ya decidió en su último pleno aprobar esta medida dando respaldo a una propuesta de Unid@s se puede.
La moción enumera las numerosas sentencias contra el empresario presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, que ha descubierto en el “empobrecimiento de sus plantillas una estrategia competitiva exitosa para acceder a la contratación pública”.
Miguel Ángel Ramírez ha visto cómo hasta en cuatro ocasiones la justicia ha frenado sus planes de precarización y abuso contra los trabajadores. En 2015, el Tribunal Supremo anuló el descuelgue laboral de Seguridad Integral Canaria que había supuesto una pérdida de unos seis millones de euros para la plantilla. En mayo de 2016, la Audiencia Nacional declaró nulo el convenio colectivo de la empresa Marsegur Seguridad Privada, también vinculada al mismo empresario. En mayo de 2017, la Audiencia Nacional vuelve a anular otro convenio colectivo de Marsegur Seguridad Privada por estar acordado con una representación de la plantilla insuficientemente representativa. Y a finales de ese mismo mes, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias emitió una sentencia que anulaba el convenio colectivo de Sinergias de Vigilancia y Seguridad, con el que Ramírez pretendía no sólo reducir los salarios sino hacerlo con efecto retroactivo, algo que el Tribunal rechazó argumentando que “una reducción salarial prevista en convenio colectivo no puede afectar a retribuciones que se devengaron y eran exigibles conforme a la normativa anterior a la publicación del nuevo convenio colectivo”.
“La competitividad del señor Ramírez para hacerse con la oferta de la contratación pública, se ha basado en el empobrecimiento de sus trabajadores y trabajadoras y ha llegado al extremo de intentar aplicar un convenio colectivo que redujera los salarios ya abonados en el pasado. Es difícil exteriorizar un desprecio mayor por el prójimo y una voluntad de apropiación ilegítima del fruto del trabajo ajeno tan equiparable a lo que el diccionario de la Real Academia define como robar: “tomar para sí lo ajeno, o hurtar de cualquier modo que sea””, explica el texto de la moción.
Esta no es la primera moción que la oposición lleva al pleno para dar solución al conflicto laboral de Seguridad Integral Canaria. El 22 de diciembre, el plenario aprobó una propuesta de Sí se puede en apoyo a los trabajadores y trabajadoras del Servicio de vigilancia de las sedes municipales con cinco acuerdos que “todavía no se han ejecutado en su totalidad”.