“La actitud de José Alberto Díaz respecto a Antonio Pérez Godiño es de mucha cobardía, es evidente que él y Clavijo son los auténticos protagonistas del caso Grúas”
El portavoz del Grupo Municipal Por Tenerife-Nueva Canarias (XTF-NC) en el Ayuntamiento de La Laguna, Santiago Pérez, señaló este jueves en rueda de prensa que la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que anula la Ley Antitransfuguismo abre el panorama en La Laguna. De este modo, especificó que el PSOE tiene que aclararse, ya que “el burladero de los expedientes y las expulsiones se les ha venido abajo con esta sentencia”.
Santiago Pérez remarcó que equiparar expulsados a tránsfugas fue una maniobra de los grandes partidos para controlar el rumbo de los ayuntamientos, imponiendo “pactos en cascada” y pervirtiendo la autonomía municipal; “pero era previsible que el Tribunal Constitucional reafirmara su doctrina de que el derecho fundamental de participación política corresponde a los cargos electos y a los ciudadanos, no a los partidos políticos”.
Asimismo, recordó que La Laguna gritó cambio en las elecciones del año 2015, voluntad democrática que Coalición Canaria (CC) se ha encargado de ahogar una vez más. “La repugnante y frustrada maniobra de Mónica Martín y José Alberto Díaz de consolidar por la vía de urgencia a Javier Abreu y Yeray Rodríguez como concejales no adscritos, es una flagrante desobediencia al Congreso de los socialistas tinerfeños y un anuncio de lo que está dispuesta a hacer la sucursal de CC en el PSOE lagunero”, aseveró.
La maniobra pretendía dejar sin sus derechos fundamentales en el ejercicio de la función de control a estos concejales, pero la sentencia del TC permite que recuperen la plenitud de sus derechos, incluyendo el de presentar una moción de censura constructiva. “El panorama está abierto, la ciudadanía de La Laguna gritó cambio, alternancia, que es una exigencia básica en cualquier sociedad democrática”, indicó.
En esta línea, el edil se preguntó “¿dónde está la norma que prohíbe presentar la moción de censura en el último año de legislatura?”, al tiempo que realizó un aviso a navegantes al decir que “el PSOE tiene que aclararse, ya que el burladero de los expedientes y la expulsión se les ha venido abajo” y que “el mandato de los ciudadanos es claro, y quienes propusimos cambio estamos comprometidos con el mismo los cuatro años de legislatura”.
Santiago Pérez se refirió también al Caso Grúas para destacar que “la actitud del alcalde, José Alberto Díaz, respecto al concejal Antonio Pérez-Godiño es de auténtica cobardía, porque es evidente que los protagonistas del Caso Grúas son él y Clavijo fundamentalmente”.
Así, agregó que “no es la primera vez que lo hacen porque si recordamos en el Caso Alcampo hicieron pagar a Paco Gutiérrez por decisiones ilegales que él no tenía –ni de lejos– poder para tomar. Lo acabaron condenando como a un chivo expiatorio”.
Además, destacó la cesión ilegal “y a dedo” a José Luis Tacoronte de la concesión del Servicio de retirada de vehículos hasta el año 2029 según los Pliegos del contrato. El mismo que imponía el deber de sancionar (“se sancionarán”, artículo 23) con la caducidad de la concesión por las faltas muy graves o gravísimas cometidas por los empresarios entre 2011-2014.
El portavoz de XTF-NC dijo también que “en los últimos días los integrantes de CC, José Alberto Díaz, Fernando Clavijo y algún que otro mequetrefe que tienen colocado en las tertulias a cambio de la ingente cantidad de dinero público que gastan en publicidad y propaganda vienen repitiendo la cantinela de que Santiago Pérez siempre hace lo mismo, en alusión a nuestras denuncias en los tribunales”.
Y añadió que “la cuestión no es si Santiago Pérez hace lo mismo siempre, sino por qué CC tiene en su código genético abusar del poder, saltarse la legalidad presupuestaria y de contratación pública, hacer trampas a la democracia y manejar irresponsablemente el dinero de los contribuyentes”.
Para el Santiago Pérez la cuestión es “¿Qué habría pasado si no hubieran sentido el aliento en el cogote de quienes nos dedicamos a fiscalizar su labor y, cuando es estrictamente necesario, acudir a los tribunales en defensa de la legalidad y del interés público?”.
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