Desmontar las mentiras del Régimen de ATI es una tarea ardua. No porque sean sutiles, sino porque las difunden con miles, millones de euros de dinero público gastados en propaganda. Y porque se aprovechan del desconocimiento de la gente, al modo del caciquismo de siempre.
Pero defender la verdad es una tarea imprescindible para ayudar a formar una opinión pública libre, sin cuya existencia la democracia se convierte en una farsa.
El Caso Grúas es un caso más; pero ejemplifica a la perfección los modos de actuar de un sistema de poder que tiene carcomida la democracia en esta tierra. Y, por suerte, casi todo está documentado; porque todo ocurrió cuando Clavijo y sus compinches estaban borrachos de prepotencia y seguros de su impunidad.
Los funcionarios a quienes se encargó la gestión del Servicio de Grúas, intervenido temporalmente por el Ayuntamiento (una original intervención temporal, pero sin plazo) concluyen en el Informe que presentan tras chequear la situación (8-abril-2014) que los califican incumplimientos de la empresa concesionaria como faltas muy graves y gravísimas, que “serán sancionadas” mediante la caducidad de la concesión, según el Pliego de Condiciones y el Reglamento de Servicios de las corporaciones locales.
Clavijo y los suyos hicieron dejación de una obligación legal (“se sancionarán”), concedieron un préstamo ilegal de 120.000 euros a la Empresa concesionaria y escondieron el Informe bajo siete llaves. Nunca más se oyó hablar de él.
Dos meses más tarde (5-junio-2014), los propios funcionarios presentan otro Informe cuyo apartado Séptimo dice: “…deberá estudiarse la procedencia de la continuidad de la prestación del servicio público de retirada de vehículos de la vía pública en régimen de concesión administrativa, en los términos que legalmente procedan y supongan una mejor garantía de los intereses generales”.
A nadie que sepa leer le resultará difícil coincidir conmigo en que mucho petróleo hay que sacar de esta frase para endilgarles a los funcionarios la prórroga, cinco años más, del contrato a una empresa concesionaria incumplidora y en quiebra, como única solución y como “mejor garantía” para los intereses generales.
Pues eso es lo que vienen diciendo desde entonces, y hasta la fecha, Clavijo y José Alberto Díaz.
La Directora del Área de Seguridad, Rosario Hernández Eugenio, fue muy cuidadosa al informar favorablemente la prórroga del contrato “sin perjuicio de la normativa aplicable en materia de extinción de contratos”.
Fue en su Informe de 6 de agosto de 2014; pero ya para entonces el Interventor General había formulado reparos de ilegalidad y advertido, el 31 de julio, que la prórroga del contrato propuesta por José Alberto Díaz carecía “de fundamentación jurídica”, subrayando además la “especial relevancia” de la falta de acreditación del cumplimiento de las “obligaciones del concesionario recogidas en el artículo 20.2 del Pliego de Condiciones administrativas Particulares del contrato aprobado por el Ayuntamiento”.
También fue muy cuidadoso quien ha sido Director del Área de Seguridad y, más adelante, del Área de Hacienda y Servicios Económicos: Estanislao González Alayón, quien en su Informe de 17 de julio de 2014 se lava las manos y se sale por la tangente. Y eso que ha sido un actor principal en toda esta historia.
Pero José Alberto Díaz y Clavijo tiraron p´alante. Encargaron un dictamen –uno más– pagado con dinero público a su abogado de cabecera con la finalidad de siempre: saltarse a la torera los reiterados reparos de la Intervención y, por tanto, la legalidad.
Con esos dictámenes fabrican un problema artificial, abusando de la falta de información de muchos ciudadanos: aquí hay dos criterios jurídicos y elegimos uno de ellos. Precisamente el conviene a sus intereses, tenían decidido de antemano y pretenden justificar con un dictamen hecho a la medida.
Sólo olvidan algo: que a quien corresponde el control previo de legalidad de todos los actos y resoluciones que tengan consecuencias económicas sobre el Presupuesto municipal es al Interventor General. Y esta prórroga ha comprometido cada año, durante 5 años, 650.000 euros de los laguneros. Según el Interventor, en contra de la legalidad.
Y también olvidan lo que la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife nos ha recordado a todos, al ordenar que se reabra la investigación judicial de este Caso: que cuando el Alcalde desoye lo reparos de la Intervención “la resolución que adopte deberá ser conforme a las normas del ordenamiento jurídico, no pudiendo ampararse en informes cuyas conclusiones contravengan dichas normas”. Porque, de lo contrario, la resolución que dicte “es pura y simplemente producto de su voluntad, convertida irrazonablemente en aparente” norma jurídica. “Y el resultado es una injusticia”.
Es el modo de actuar del Régimen de ATI en estado químicamente puro: manejan el dinero de los contribuyentes a capricho, y al margen de la legalidad, para cumplir vaya usted a saber qué compromisos. Y, sobre todo, para abonar clientelas y perpetuarse en el poder.
Para terminar el guión preestablecido ya sólo faltaba mentir. Y eso es lo que están haciendo desde entonces, sin cortarse un pelo.