Desde que puse sobre la mesa los desequilibrios en las inversiones del Gobierno de Canarias entre Tenerife y Gran Canaria -en este y en los cuatro últimos presupuestos y con números claros y contundentes-, no he dejado de recibir ataques por parte de CC, el Gobierno canario, sus corifeos y el PP, pero nadie aporta algún dato que desmienta mis afirmaciones, ningún número que cuestione mi información.
El pasado 1 de noviembre los medios de comunicación se hicieron eco de los presupuestos del Gobierno de Canarias para 2018 y destacaron la discriminación que se hacía con Gran Canaria en el capítulo de inversiones. Señalaban que en las cuentas aparecen 24 millones menos de inversión para esta Isla, (130 millones en total frente a los 154 millones previstos para Tenerife). Subrayaban, además, que la isla redonda era la que menos crecía porcentualmente, un 10 % por debajo de Tenerife. Es más, de todas las islas, Gran Canaria era la más perjudicada.
El 2 de noviembre hice público mi desacuerdo al entender que es inaceptable la discriminación y anuncié que encargaría un análisis comparativo para profundizar en lo que entendemos un agravio a los intereses grancanarios. Y lo hemos hecho. Y es contundente.
El día 3, el Gobierno sale a los medios de comunicación defendiendo el reparto. El presidente Fernando Clavijo dice que la distribución es exquisita, que hay que ver las cuentas en su conjunto. Y yo le advierto que es imposible analizar el conjunto de las partidas innominadas y las incorporaciones al presupuesto porque no disponemos de esos datos y el Gobierno nunca nos lo ha dado, se niega a hacerlo. La consejera de Hacienda Rosa Dávila ese mismo día dice que las necesidades de Gran Canaria están contempladas en el presupuesto de inversiones y que la diferencia se debe a que se ha tenido en cuenta el territorio y la población. Hasta ahora, y recuerden ustedes la polémica del Fdcan, ni el territorio ni la población eran tenidos en cuenta para realizar las inversiones en Gran Canaria, ni desde luego las bolsas de paro ni de pobreza.
El pasado día 4, el vicepresidente Pablo Rodríguez indica, contradiciendo a la consejera Rosa Dávila, que el reparto no se hace siguiendo criterios de territorio y población sino atendiendo, dice, a las necesidades de cada isla. Desmiente a la consejera pero insiste en la discriminación. Dice que atendiendo a las necesidades de cada Isla como si nuestra Isla, como si Gran Canaria, no las tuviera, como si estuviera todo resuelto. Es como si aceptáramos que si otros han malgastado sus recursos, que si han planificado mal deben ser ahora premiados frente a quienes han resuelto problemas importantes como puede ser el de la depuración, la desalación, los trasvases norte-sur o sur-norte, los grandes sistemas viarios; es como si tuviéramos que renunciar a eso y pararnos para ver si los demás se ponen a nuestra altura.
El día 5, Rosa Dávila, vuelve a insistir en La Provincia y dice que “el debate sobre los desequilibrios es mediocre y lleva a la pobreza intelectual”. Lo decía así textualmente. Afirma que no se puede hacer un análisis de un solo año. “Lo importante”, dice la consejera textualmente en La Provincia, “es cubrir las necesidades. Gran Canaria ha ido más rápido” y cita las largas colas en las carreteras de Tenerife y no habla de que no ha habido la planificación suficiente como se ha hecho en Gran Canaria. Porque recuerden ustedes que cuando han surgido algunos debates sobre si Gran Canaria va a peor o Tenerife mejor, se hablaba de que en Tenerife se habían realizado 10.000 millones en inversiones cada año y durante muchos años y que desde luego eso había significado que estaban mejor en cuanto a infraestructuras y equipamientos.
Ese mismo domingo día 5, El Día de Tenerife le hace otra entrevista a la consejera. Y vuelve a plantear lo mismo y vuelve a decir que “el debate de inversión por Isla me parece diminuto”. Argumenta que “las inversiones no se hacen con escuadra y cartabón”. Y le pregunta Álvaro Morales, el periodista de El Día: “¿Y por eso mismo los criterios REF son los mejores?”, a lo que Rosa Dávila responde que “lo que digo es que hay islas con más superficie y población, obras que se pueden realizar y otras no, y hay que verlo de forma dinámica. Hay que hacer obras donde se necesitan. No comprendo ese debate de la inversión por islas. Me parece diminuto”. Así, por la cara. ¡Y es ella la que decide dónde se necesitan, claro!
El 11 de noviembre, el presidente Fernando Clavijo, en el Foro de La Ser y La Provincia en el Gabinete Literario comenta que “quien habla de desequilibrios a favor de Tenerife solo ve una foto en una película”. Para el presidente no es cierto que haya un trato discriminatorio, aunque la balanza se incline siempre del mismo lado.
¿Es cierto o no es cierto, como plantea el presidente del Gobierno, lo que decimos desde Gran Canaria? ¿Se produce este desequilibrio porque la distribución de las inversiones entre Gran Canaria y Tenerife se ha hecho por población y territorio o no? ¿Se hace por necesidades, y no por población y territorio, como dice el vicepresidente Pablo Rodríguez? Lo que está claro es que se produce un desequilibrio importante año tras año en las inversiones del Gobierno de Canarias para con Gran Canaria. Nos reafirmamos en denunciar que se produce y, por lo tanto, no puedo callarme y es mi deber denunciar ese trato discriminatorio para con esta Isla que, además, no es solo de este ejercicio.
Nos pedía el presidente un análisis del conjunto de los presupuestos en los ejercicios anteriores. Y le hemos pedido datos para hacerlo posible. Hemos pedido al Gobierno que nos dé la ejecución de sus presupuestos de los años anteriores. Queremos saber cuánto ingresamos, cuánto ingresa esta Isla, cuánto ingresan otras islas, cómo se ha ejecutado cada uno de los presupuestos en los últimos años. Pero no nos lo dicen, no nos lo dan y nos contestan en una carta: “En relación a su solicitud de información sobre presupuestos liquidados en el periodo 2001-2015, teniendo en cuenta que se debe considerar que las cargas de trabajo que conlleva el ejercicio de las competencias atribuidas por la legislación vigente en el ámbito del control interno y de contabilidad consumen los limitados medios con los que cuentan los órganos de control de la administración pública, etcétera, etcétera… En consecuencia se debe considerar que la elaboración de la información que se solicita por parte del personal que presta su servicio en la Intervención General como órgano de control interno en todas sus modalidades y de contabilidad, afectaría y podría impedir el cumplimiento de las obligaciones y de las funciones atribuidas en las normas antes citadas. Por ello, la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias invocaría en este supuesto los límites del deber de colaboración entre administraciones públicas previsto en la legislación sobre el Régimen Jurídico del Sector Público, actualmente la Ley 4/2015 de 1 de octubre…”. Es decir, tenemos mucho trabajo, nos puede parar el trabajo que estamos haciendo, no le podemos dar estos datos. Búsquense la vida, si los quieren tener, más o menos. ¿Dónde queda la transparencia obligada?
Con los datos de los que disponemos vemos que la discriminación en este ejercicio es de 24 millones. Pero no se ha producido solo en esta legislatura, solo en este mandato. La discriminación viene de más lejos. Estamos hablando de inversiones y transferencias de capital. Miren si no el resumen de los últimos cuatro años:
Gran Canaria, de 2015 a 2018, ha recibido en inversiones y en transferencias de capital, 451.000.000 euros, 133 euros per cápita. Tenerife: 571.000.000 euros, 160 euros per cápita. Por lo tanto, en estos cuatro ejercicios que les estoy diciendo, Gran Canaria ha dejado de recibir, con referencia solo a Tenerife, 120.000.000 euros.
Estamos convencidos de que las diferencias son mucho mayores. Aparecen partidas en estos presupuestos, precisamente en estos presupuestos, con nombres genéricos para toda Canarias pero que desde luego no llevan ninguna inversión para Gran Canaria. Se camuflan así inversiones para una isla dentro de apartados genéricos.
Cuento esto y pido a los diputados grancanarios que no apoyen estos presupuestos y vuelven a atacarme desde distintos flancos: la consejera me llama irresponsable, Casimiro Curbelo me equipara a los catalanes y el “España nos roba”, la Acorazada Mediática me tacha de insularista, lo mismo hace Fernando Clavijo y sus palmeros, los del PP dicen que eluden entrar en “insularismos trasnochados” y ves imposible un “empate” en las partidas, algunas asociaciones empresariales se callan… Mientras yo pongo números sobre la mesa, los que he citado solo aportan ataques. Ninguna cifra, ningún dato que me contradiga.
Es absolutamente inaceptable que los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2018 se aprueben de esta manera. Así lo ha entendido el pleno del Cabildo solo con el voto en contra del Partido Popular. No entiendo que el PP haga de muletilla y traicionen a esta isla para no importunar a CC y apruebe así los presupuestos del Gobierno central. No entiendo que los representantes de Gran Canaria no se pronuncie unánimemente contra estos agravios que se extienden a la contratación de los empleados públicos, (más de 3.000 empleos en la provincia oriental y ninguno en esta occidental), al desmantelamiento de las sedes de las consejerías que corresponden a Gran Canaria, a escorar y controlar los organismos de atracción de inversiones… Vergonzoso.
Antonio Morales Méndez
Presidente del Cabildo de Gran Canaria