Intersindical Canaria denunciaba en mayo del año 2016 que la aplicación del Plan de Urgencias presentado en el mes de abril de ese mismo año nacía muerto, ya que precisaba del acompañamiento de una ficha financiera que supondría el abono de la deuda histórica por parte del gobierno del estado español (unos 2.000 millones de € en los últimos años), y la reversión de todos los recortes practicados en el Presupuesto destinado a la Sanidad Pública Canaria (unos 500 millones de € anuales) además de equiparar la financiación a la media del estado español, cuando se había aprobado en el Parlamento de Canarias una ficha de 75 millones de €, que además de ser claramente insuficiente, no se disponía de ella.
El Sindicato advertía además que, como en los dos intentos anteriores, Plan de Urgencias Sanitarias, no sería desarrollado ni aplicado.
Esta semana el Consejo Económico y Social (CES), mediante el informe elaborado a finales de este mes de julio, ha venido a avalar las tesis de Intersindical Canaria, apuntando hacia la insuficiencia y falta de concreción y consolidación de la financiación como una de las debilidades del Plan, factor necesario para la dotación y estabilización de medios humanos y para la adquisición de los medios materiales necesarios para abordar el problema de la atención de Urgencias en Canarias.
«Y es que, de manera global, este país recibe la menor inversión por habitante, posee los ratios inferiores de personal sanitario por población asistida, siendo este personal el más castigado por los recortes. La situación general de la Sanidad Canaria la sitúa a la cola del Estado español en indicadores como listas de espera quirúrgicas, para especialidades y pruebas diagnósticas, colapso de los Servicios de Urgencias, funcionamiento de la Atención Primaria, desarrollo de la cobertura socio sanitaria, niveles de salud de la población, gasto sanitario, etc., con el mayor nivel de concertaciones con la sanidad privada…En el otro lado de la balanza, Canarias sufre la peor situación socioeconómica global en relación con el contexto europeo: los salarios, pensiones y prestaciones por desempleo más bajas, los mayores índices de pobreza, tasas de paro y la cesta de la compra saludable más cara».
El Sindicato explica que la confluencia de todos estos factores, hace que tengamos la sociedad más enferma y precarizada del Estado español y del conjunto de los Estados europeos, sobre todo, con un incremento en la prevalencia de patologías, que con las adecuadas políticas sanitarias, pueden ser prevenidas, o minimizadas sus gravísimas complicaciones. Unido a la situación de los servicios públicos en general, tales cuestiones sólo pueden ser el producto de un trato colonial hacia la Nación Canaria por parte del estado español.
«Este difícil contexto -concluye- al que hay que añadir la falta de planificación de la asistencia generada por la presión de la población de hecho, la atención a urgencias es un elemento esencial y debe garantizar una atención de calidad y la continuidad de los cuidados que reciben los pacientes. Coincidimos en este caso, que sin la adecuada financiación, no es posible rescatar la Sanidad Pública del agujero en que la han metido los sucesivos gobiernos autonómicos plegados a las directrices del mercado para descapitalizar los Servicios Públicos, y mucho menos, potenciar la Atención Primaria como puerta de entrada del sistema sanitario y punto de inicio de la atención urgente que, con una labor integrada y continua, debe racionalizar la atención sanitaria y evitar la congestión de los servicios de urgencia hospitalarios».