SB-Noticias.- El crédito, que asciende 18.152.327,19 euros se abonará, por primera vez, en su totalidad de forma anticipada y no solo el 75% como se venía haciendo hasta ahora, con lo cual “se mejora de forma sustancial la eficacia en la gestión y acortamos los tiempos de espera de las personas que necesitan un servicio” apunta la titular del área, Cristina Valido.
La consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido y el presidente de la Federación canaria de Municipios, Fecam, Ramón Plasencia, han firmado el Acuerdo Marco de reparto para la financiación de los servicios sociales comunitarios que asciende a más de 18 millones de euros.
En la firma estuvo presente José Manuel Molina, presidente de la Comisión de Empleo, Sanidad y Bienestar Social de la Fecam.
Como gran novedad, por primera vez, el Gobierno abonará de forma anticipada la totalidad del crédito a los ayuntamientos y no solo el 75 % primero, y el otro 25 % una vez justificados los primeros, con lo que “se mejorará notablemente la eficacia en la gestión, facilitando el trabajo administrativo y no habrá que esperar a final de año para poder pagar a los ayuntamientos, lo que también repercute en la estabilidad de los trabajadores y en los tiempos de espera de las personas que necesitan un servicio”, apunta Valido.
Ramón Trujillo, presidente de la Fecam, expresó su satisfacción por esta firma, porque “se está haciendo un esfuerzo importante para intentar paliar la situación económica que viven todavía muchas familias y tenemos que seguir trabajando coordinadamente en solucionar estos problemas”.
Concretamente Gobierno y Fecam han firmado dos protocolos, el primero de ellos tiene que ver con el Plan Concertado de Prestaciones Básicas, por un importe de 13.231.170,48 para el mantenimiento del nivel primario del sistema de servicios sociales que, con carácter polivalente, tiene por objeto promover y posibilitar el desarrollo de todos los ciudadanos, orientándolas cuando sea necesario, hacia el correspondiente servicio social especializado; una segunda línea de apoyo a la Ley Canaria de Inserción, para la contratación por parte de los ayuntamientos del personal encargado de la tramitación de la Prestación Canaria de Inserción y por último las prestaciones básicas a la ciudadanía.
Por lo que respecta al segundo protocolo de atención a la infancia y la familia, se destinan 4,921,232,19 euros para dar continuidad y estabilidad a los Equipos Municipales Especializados de Atención a la Infancia y a la Familia que son recursos técnicos y profesionales de naturaleza interdisciplinar y de ámbito municipal o comarcal, destinados a la atención integral de menores y familias en condiciones de exclusión o dificultad social, y cuyo objetivo es eliminar/reducir las causas que condujeron o mantienen dicha situación.
El crédito también se destina al mantenimiento de los Centros y Servicios de Día de atención a la infancia, cuyo objetivo es apoyar a las unidades familiares que por diversas circunstancias necesitan, durante el horario extraescolar y vacaciones escolares, ser auxiliados en sus tareas parentales de protección y educación.
Abono anticipado
Una vez firmados estos dos acuerdos, para que se produzca la materialización de la aportación, es preciso que cada corporación local remita a la Dirección General de Políticas Sociales e Inmigración o de Infancia y Familia, según proceda, la solicitud de aportación dineraria suscrita por el alcalde o alcaldesa del Ayuntamiento, así como la ficha de presentación de proyectos.
La aportación dineraria se abonará de forma anticipada total, de conformidad con el Acuerdo de fecha 20 de febrero de 2017 por el que se modifica el Acuerdo de 22 de febrero de 2016, por el que se aprueban los criterios generales y medidas que conforman el marco de referencia para la asignación y uso eficiente de los recursos públicos en el sector público autonómico, que dispone que «se podrá establecer el abono anticipado de aportacionesdinerarias y de encomiendas de gestión, siempre que no dispongan de recursos suficientes para financiar transitoriamente la ejecución de la actividad, siendo el plazo máximo para la aplicación de los fondos anticipados el 31 de diciembre del ejercicio presupuestario en que se concede».