SB-Noticias.- Tras la inadmisión a trámite del recurso de revisión de la licencia por parte del Ayuntamiento de Garafía y la desestimación por silencio del recurso de revisión de la calificación territorial por parte del Cabildo Insular, la Federación Ecologista Canaria Ben Magec- Ecologistas en Acción ha presentado recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias por una larga lista de incumplimientos que se resumen en ausencia de evaluación ambiental y por ser actuaciones contrarias al Plan Insular de Ordenación y a los planes de gestión de la Zona de Especial Conservación y del Parque Nacional de La Caldera de Taburiente.
Es lamentable que ambas administraciones hayan impedido que este tema se resolviera por vía administrativa, incapaces de defender sus actos ante el Consejo Consultivo de Canarias, dilatando así una situación de inseguridad jurídica con la pretensión de esconder sus chapuzas de la vista de las entidades que promueven estas instalaciones astrofísicas y ganar tiempo para jugar la baza de la “política de hechos consumados.”
Esta jugada, sin embargo, ya les salió mal desde el momento en que se hizo pública la controversia entre el Ayuntamiento de Garafía y Planificación Territorial del Cabildo respecto a la necesidad o no de una nueva calificación territorial, y que se “resolvió” con un nuevo apaño administrativo. Pero aquel episodio vergonzante, en el que subyace este recurso contencioso que ambas administraciones ya conocían, es apenas nada comparado con el ridículo que pueden llegar a hacer en el probable caso de un pronunciamiento judicial contrario a las licencias.
Lamentable también es la actitud del Gobierno de Canarias que, como órgano ambiental, decretó injustificadamente la exclusión del trámite de evaluación ambiental al proyecto y ahora se escaquea del procedimiento judicial a pesar de haber sido emplazado. En cambio sí figura como demandado, junto con el Ayuntamiento y el Cabildo, el instituto de Astrofísica de Canarias, cuyos representantes han ejercido una vez más de caciques de pueblo con presiones, falsedades, compadreo y desacatos hasta que se consumara la ilegalidad. Tal es así, que no sería descartable que, una vez concluido el procedimiento contencioso, se pudiera abrir la vía civil e incluso la penal para depurar las responsabilidades de los políticos y técnicos que han actuado en este asunto de manera absolutamente arbitraria y contraria a derecho.
Las tres administraciones actuantes y el IAC han perpetrado una chapuza difícilmente superable. Lo que está en juego no es sólo su prestigio o el dinero público que habría que desembolsar en indemnizaciones. La instalación de una veintena de telescopios Cherenkov en una extensión de un kilómetro cuadrado y las otras actuaciones en marcha o pretendidas amenazan con destruir uno de los paisajes de cumbre más emblemáticos de Canarias y más visitados de La Palma, un punto caliente de biodiversidad y de riqueza arqueológica. Está en peligro la integridad de la Red Natura 2000 en un hábitat frágil y con presencia de especies protegidas. Su conservación es nuestra prioridad. No pedimos a las administraciones que compartan nuestra preocupación, nos basta con que cumplan y hagan cumplir la Ley.