Agencias.- El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, deberá declarar en persona, y no por videoconferencia, como testigo en el juicio del caso Gürtel. La Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional obligó este martes a Rajoy a que acuda físicamente el 26 de julio a la sede de San Fernando de Henares (Madrid) donde se desarrolla la vista oral desde octubre. El tribunal, con el voto contrario de su presidente, Ángel Hurtado, recuerda a Rajoy que no comparece como presidente “sino como un ciudadano español” y dice que las razones logísticas y de seguridad que adujo para declarar a distancia “no son consistentes”.
La fotografía más temida para el PP comienza a perfilarse en el futuro. El tribunal que enjuicia el caso Gürtel, la trama de corrupción que atenaza al partido desde febrero de 2009, decretó que Mariano Rajoy acuda en persona a declarar como testigo en el juicio el próximo 26 de julio, una de las dos fechas propuestas por la oficina del presidente del Gobierno para no entorpecer su labor como jefe del Ejecutivo. La decisión no admite recurso y es definitiva, según fuentes jurídicas. Se trata de la primera vez que un presidente del Gobierno en ejercicio acude a declarar como testigo en persona ante un tribunal de justicia.
El pasado 12 de mayo, La Moncloa solicitó formalmente —mediante una carta dirigida al presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro— que Rajoy prestara declaración por videoconferencia. En la misiva se aludía al “despliegue importante de recursos públicos” que supondría que Rajoy se desplace a la sede del tribunal. También se invocaba que el traslado supondría “un conjunto de medidas de seguridad ciertamente desproporcionadas”.
Finalmente, se señalaba que la declaración a distancia era un medio “menos perturbador” para la “intensa actividad” del presidente del Gobierno. La carta de Rajoy se sumaba al escrito presentado dos días antes por el PP —personado en el juicio como partícipe a título lucrativo— para pedir al tribunal que su líder declarara por videoconferencia.
La mayoría formada por el magistrado progresista José Ricardo de Prada y el moderado Julio de Diego, redactor del auto, rechazó esta pretensión. El tribunal recuerda que Rajoy “no comparece como presidente del Gobierno sino como un ciudadano español”, y cita el artículo 14 de la Constitución, sobre la igualdad de los españoles ante la ley. Se trata, afirman los jueces de la mayoría de “un acto ciudadano que se enmarca en la normalidad democrática y del estado de derecho”.
Los magistrados subrayan también que la Audiencia Nacional, en cuanto a tribunal de Justicia, “se sitúa en el mismo plano en cuanto a poderes del Estado que el Ejecutivo”, por lo que “la comparecencia personal de su representante máximo, en sana relación institucional, se ajusta a derecho”.
Respecto a las razones invocadas por Rajoy para declarar por videoconferencia, la dupla mayoritaria dice que “no son consistentes”. “El tribunal no acierta a entender en qué consiste ese despliegue importante únicamente por el hecho de tener que desplazarse el testigo 18 kilómetros” desde La Moncloa hasta San Fernando de Henares.
Respecto a las medidas de seguridad, el tribunal señala que la sede de la Audiencia “cuenta con mayores garantías que las que pueden ofrecer otras sedes (…) donde el testigo ha protagonizado actos y reuniones (…) y más aún que las existentes en mercados y otros foros populares” donde Rajoy ha hecho campaña electoral.
El auto por el que se cita a Rajoy menciona como jurisprudencia una sentencia del magistrado conservador Manuel Marchena, presidente de la Sala de lo Penal del Supremo. En ella se establece que pese a que técnicamente la videoconferencia es posible, «el principio de inmediación sigue siendo un valor que preservar», y que solo es «sacrificable» cuando «concurran razones que, debidamente ponderadas por el órgano jurisdiccional, puedan prevalecer sobre las ventajas de la proximidad física y personal entre las fuentes de prueba y el tribunal que ha de valorarlas».
El presidente del tribunal, el conservador Ángel Hurtado, discrepa de sus compañeros. Para él la “posición institucional” de Rajoy aconsejaba que declarara por videoconferencia. Hurtado advierte de los efectos «mediáticos y metajurídicos» que tendría “la comparecencia de tan significado testigo” y alega razones de seguridad y orden público además del hecho de que el desplazamiento hasta San Fernando de presidente pueda resultar «gravoso» frente a la videoconferencia para defender la testifical a distancia.