Agencias.- La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil envió al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco un segundo informe que ratificaba la supuesta implicación de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, en las presuntas irregulares cometidas en la adjudicación del servicio de cocina y cafetería de la Asamblea de Madrid al grupo Cantoblanco, entre los años 2009 a 2011.
Casi un mes después del primer documento, los agentes ampliaron la información del mismo con las declaraciones de tres asesores y miembros de los comités que licitaron los contratos en beneficio del Grupo Cantoblanco, propiedad de Arturo Fernández, quien a su vez habría financiado al PP de Madrid, según apunta la investigación.
Este segundo documento, ha adelantado El País, asegura que «el contenido de las referidas declaraciones avala aún más las conclusiones apuntadas» en el primer documento «respecto a la existencia de una pluralidad de acciones por parte del comité de expertos que tuvieron como única finalidad la de favorecer de manera preconcebida a la empresa Grupo Cantoblanco Colectividades SL en ambos procesos de licitación y decidir de antemano la adjudicación de los mismos».
Los agentes concluyen que las integrantes de la mesa de contratación, entonces presidida por la propia Cifuentes como vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, «tuvieron que ser directas partícipes y conocedoras» de las sospechosas adjudicaciones. Un hecho que, según revela el documento policial, «ha podido acreditarse de manera indubitada».
María Merino, jefa de Protocolo de la Asamblea de Madrid; Tatiana Recoder, responsable del Servicio Jurídico de la Cámara autonómica, e Isaac Arturo Zubiri, funcionario de la misma, prestaron declaración ante la Guardia Civil en calidad de investigados. Estos tres asesores y miembros de los comités de expertos, junto a Cifuentes decidieron estas adjudicaciones.
Los agentes subrayan que los tres integrantes de la mesa cayeron en «significativas y evidentes contradicciones». En esta línea, concluyen que «se produjeron conductas arbitrarias que derivaron en actos injustos» para favorecer a Arturo Fernández, imputado en la Púnica.
Irregularidades en contratos con Arturo Fernández
El juez ha decidido no procesar por ahora a Cifuentes por entender que no hay pruebas que esté implicada en la financiación ilegal del partido, criterio que comparte la Fiscalía Anticorrupción, según han fuentes jurídicas.
No obstante, en un auto dictado el 6 de marzo, Velasco reseñó la existencia de «sólidos indicios» que acreditarían que empresarios como Arturo Fernández «fueron adjudicatarios de determinados contratos públicos vinculados con la Asamblea de Madrid en los que se han detectado múltiples irregularidades penalmente relevantes».
Contratos «donde habrían participado cargos públicos que también pertenecían por entonces al Patronato de la Fundación Fundescam cuando se efectuaron las aportaciones económicas detectadas», afirma sin aludir a Cristina Cifuentes, a la que sí señala la UCO en su informe.
El juez asegura en ese auto que los informes policiales ofrecen evidencias de que, a través de la cuenta de Fundescam, determinados empresarios y organismos empresariales ingresaron en el año 2007 importantes cantidades de dinero que fueron empleadas para sufragar gastos electorales no declarados como tales.
Y detecta «en relación con los referidos hechos» los «sólidos indicios» de que empresarios como Arturo Fernández recibieron adjudicaciones posteriormente.
Asimismo, las fiscales anticorrupción Teresa Gálvez y Carmen García, en otro informe fechado ese mismo día, apuntan que «siempre» que el empresario «se determinó a realizar una donación a Fundescam obtuvo la adjudicación de diversos contratos públicos de vicepresidencia y de la Asamblea de Madrid en los años 2007, 2009, 2011».
«Los procedimientos de adjudicación de las cafeterías y servicios presentaban irregularidades por su falta de motivación, baremación y ponderación de las ofertas, posicionándose en favor del grupo de Arturo Fernández desde los trámites de informe», recalcaron ese escrito las fiscales del caso.
A su juicio, el sistema de recompensa a donantes del PP con contratos públicos era otro de los caminos utilizados para la «financiación irregular de excesos electorales».
Este favorecimiento se habría materializado a través de conductas «arbitrarias que derivaron en actos injustos y de percepción paladina» en cuanto a la comisión de los mismos por parte de sus partícipes.
La finalidad pretendida por los respectivos comités de expertos en ambas licitaciones habría sido la de proporcionar a la empresa de Arturo Fernández un amplio margen de puntos «para poder afrontar la apertura del último sobre del que emanarían las puntuaciones otorgadas de manera automática inherentes a las ofertas económicas de las empresas licitadoras (…) donde el comité de expertos no
intervenía».
Esa circunstancia es fácilmente apreciable en ambas licitaciones, y concretamente en la licitación del año 2011, según la UCO, dada la diferencia de puntos que obtiene la empresa Cantoblanco tras haber valorado con cero puntos a la rival, CLECE S.A. bajo el falso argumento de que esa empresa no había aportado documentación alguna al respecto.
Así, la Guardia Civil puntualiza que el componente del comité de expertos Isaac Arturo Zubiri faltó a la verdad a la hora de elaborar el Informe de valoración de las ofertas