¿Lo es la Fiscal Jefe? ¿Y el Juez Decano?
No he dejado de preguntármelo desde que el Sr. Astor Landete, La Sra. Almendral y el Sr. Lorenzo Bragado han hecho pública su rotunda oposición a la ubicación elegida por el gobierno de Coalición Canaria para la Ciudad de la Justicia, la afirmación de que son “intereses urbanísticos” los que inspiran la actitud del Ejecutivo y criticado la ausencia de un verdadero proceso participativo así como la “inexistencia de los estudios de movilidad y de impacto ambiental”.
En realidad no me he estado haciendo esa pregunta, porque es evidente que no son personas anti-sistema; sino la de cuánto tiempo tardarán los cagatintas del Régimen de ATI-Coalición Canaria en asociarlos a “los del NO A TODO”, que es como bautizan ipso facto a quien quiera que se atreva a defender la legalidad y los intereses generales de la ciudadanía frente al rosario de atropellos perpetrados desde hace décadas en nuestra Isla.
El predominio de intereses urbanísticos –es decir los de los que se han atrevido a exigirle a Clavijo que apruebe sin concesiones el Proyecto de Ley del Suelo, actualmente en fase de “paseíllo parlamentario”– sobre la legalidad y los intereses públicos y la omisión de las garantías medioambientales y de los derechos de participación ciudadana son el denominador común de las críticas de un amplio sector de la ciudadanía tinerfeña a un modo de hacer y de tomar importantes decisiones sobre las grandes infraestructuras y equipamientos de la Isla, que en esta etapa está llegando al paroxismo.
El sistema de poder que representa Coalición Canaria está en sus horas más bajas. Probablemente esta circunstancia explica por qué su sumisión a los intereses que siempre ha representado es más obscena que nunca. Es como si ya sólo encomendaran sus expectativas de permanecer en el poder, ya que no despiertan la menor ilusión entre los canarios y sólo disponen de líderes demediados, a ese alarde cotidiano de sometimiento del poder institucional a los intereses económicos más influyentes y agresivos.
Ellos y ellas (de Coalición Canaria) se exhiben ante distinguidos círculos empresariales como los que les garantizan, de verdad de verdad, la plena domesticación del poder institucional a sus intereses.
No seré yo quien les niegue a los clubs empresariales el derecho a influir en los asuntos públicos, ni a las Instituciones democráticas la necesidad de tomar en cuenta las propuestas y los intereses del mundo empresarial.
Pero en la política, como en la vida, todo es cuestión de límites. Y desbordados esos límites –como viene ocurriendo desde hace demasiado tiempo– la democracia se degrada y las Instituciones pierden su razón de ser y su legitimidad.
No es ninguna casualidad que una Coalición Canaria momificada como primera fuerza parlamentaria por un sistema electoral trucado, a pesar de ser la tercera fuerza política en votos, pervierta ahora más que nunca la autonomía del Archipiélago.
Aquí los únicos antisistema son Clavijo y los poderes fácticos que se han llegado a creer que las Instituciones y hasta las islas enteras son su finca particular. Es decir, como si la democracia fuera una mera prolongación maquillada de la dictadura. Y el Estado de Derecho, un cuento.