SB-Noticias.- El Grupo Parlamentario Socialista lleva al pleno de la próxima semana una proposición no de ley por la que insta al Gobierno de Canarias a adquirir viviendas ya construidas, a través del Instituto Canario de la Vivienda, con el objetivo de incorporar mil nuevas al parque público para así dar respuesta a la demanda existente a través de la promoción pública de forma inmediata.
La presidenta del PSOE en la Cámara, Patricia Hernández, explica que para la materialización de la propuesta, se pide al Ejecutivo regional que dote al Instituto Canario de la Vivienda de los medios humanos y de una financiación no inferior a 70 millones de euros. La diputada explica que se trata de viviendas cuya adquisición por la administración autonómica resulta más económica y que, además, estarían a disposición de los ciudadanos de manera casi inmediata.
Recuerda que Canarias presenta una de las tasas de paro más altas del Estado, con un desempleo juvenil del 43,3 por ciento en menores de 25 años, de los mayores de la Unión Europea. “En el archipiélago están los salarios más bajos de todo el Estado y la temporalidad se ha extendido a la mayoría de los empleos creados en los últimos cinco años”, explica.
Hernández indica que en este escenario, el acceso a una vivienda presenta múltiples dificultades para amplios colectivos de la población “que, en el mejor de los casos, ven frustradas sus expectativas de independencia personal y, en los más sangrantes, suponen situaciones de exclusión social para los afectados”.
El propio Instituto Canario de la Vivienda, continúa, cifra en 14.000 los demandantes de vivienda pública en las islas a través de este organismo. Por ello, la diputada del PSOE considera precisa una apuesta decidida de los poderes públicos para desarrollar políticas efectivas de vivienda, ya sea en términos de alquiler o de venta. “Es necesario incrementar el parque público de vivienda como herramienta que permita a las familias acceder a viviendas adecuadas a sus necesidades a un precio que puedan asumir”, insiste.
Patricia Hernández remarca que tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, existe una gran cantidad de vivienda vacía en las islas como consecuencia de ejecuciones crediticias a promotoras privadas que acumulan las entidades financieras, sus filiales inmobiliarias o entidades de gestión de activos que, en función de su ubicación, dimensión o, incluso, del volumen de viviendas a adquirir, presentan precios que oscilan entre los 25.000 y los 70.000 euros.
Añade que a las ventajas económicas que implicaría la adquisición de parte de estas viviendas por el Instituto Canario de la Vivienda para su posterior promoción pública, se suma la mayor rapidez que esta operación supondría para los potenciales beneficiarios, en el sentido de que estarían a disposición de la ciudadanía de manera inmediata.
Además, se cuenta con las ventajas de que se libera el excedente de viviendas y se moviliza en favor de los ciudadanos, así como la ubicación de estos inmuebles que, en gran medida, se acumulan en las áreas de mayor población y, por lo tanto, de mayor demanda.
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El PSOE pide un plan de salvaguarda para los bienes históricos titularidad del Gobierno de Canarias
El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado una proposición no de ley por la que pide al Gobierno de Canarias que redacte un plan de salvaguarda de bienes muebles de edificios históricos o singulares de titularidad de la Comunidad Autónoma.
La portavoz de Cultura, María Victoria Hernández, explica que con la iniciativa también se pide la apertura de líneas de ayudas económicas o técnicas para la redacción de esos planes, así como la organización de jornadas técnicas dirigidas a las administraciones públicas canarias e instituciones privadas para concienciar sobre la necesidad de proteger esos bienes.
La diputada explica que el patrimonio histórico de bienes muebles e inmuebles se ve expuesto a pérdidas irrecuperables tras eventuales catástrofes para la cultura y la historia, como pueden ser los incendios, lluvias torrenciales, derrumbes, etcétera.
Señala que desde hace unos años existe un interés especial para, dentro de lo posible, salvar bienes muebles que se encuentran depositados en estos edificios históricos o singulares. Destaca que las administraciones públicas de toda España han comenzado a redactar estos planes de salvaguarda, y el Cabildo de Tenerife y el Obispado de Tenerife ya cuentan con algunos planes de buenas prácticas elaborados al efecto.
“Este movimiento social y político es aún insuficiente y en algunos casos desconocido, por lo que el Parlamento de Canarias debe impulsar una mayor conciencia ante lo que pueda pasar y prever sus consecuencias”, insiste.