El diario El País publica este domingo un amplio reportaje sobre el polémico empresario canario Miguel Ángel Ramírez, condenado a tres años de cárcel por obras ilegales en su chalet, pero agraciado con un indulto que previsiblemente prorrogue el actual gobierno. Que ha sabido medrar en los circuitos del poder, ganado casi todas las adjudicaciones públicas para sus empresas, cultivando las mejores relaciones entre la casta política de Canarias y el resto del Estado… y llegando incluso a grabar a juemagistrados.
El País.- La Fiscalía cree que el empresario Miguel Ángel Ramírez simuló su divorcio para ocultar su fortuna
Miguel Ángel Ramírez, patrón de Seguridad Integral Canaria y presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, de Primera División, encadena desde 2012 los éxitos en las adjudicaciones públicas. Sus vigilantes jurados, más de 3.000, se han hecho omnipresentes en toda España. De los andenes del metro de Madrid a las oficinas de Correos. En los últimos cuatro años, su emporio se ha hecho con contratos públicos por valor de más de 200 millones de euros gracias en buena medida a sus precios imbatibles.
Ramírez, de 47 años y que antes de hombre de negocios fue vendedor de fruta, limpiador de coches, chófer y guardaespaldas, está bajo sospecha. Una juez de Las Palmas investiga si entre 2009 y 2012 defraudó más de 21 millones de euros a Hacienda y la Seguridad Social. E indaga también si este supuesto ahorro ilícito le permitió reventar los precios en los concursos públicos. Desde hace medio año, el empresario sufre un nuevo quebradero de cabeza. La Fiscalía pretende que se investigue si, además, urdió un plan para ocultar su fortuna a la justicia, según ha podido saber EL PAÍS.
El 11 de diciembre de 2015, la titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas, que le investiga por delito fiscal y fraude a la Seguridad Social, impuso a Ramírez una fianza civil de 35 millones de euros. Dos semanas después, el empresario se divorció ante notario de su esposa, Margarita Robayna Curbelo, con quien estaba casado en régimen de gananciales. “Su mujer se quedó con los bienes y derechos de más valor y él con las deudas”, señala la fiscalía. La magistrada decidió no indagar el supuesto alzamiento de bienes (ocultación patrimonial) apelando, entre otros argumentos, al retraso de la investigación. La acusación pública ha recurrido esta decisión.
– ¿Se ha divorciado de verdad? Me aseguran que lo han visto con su esposa…
– Yo me veo con quien me da la gana. Es mentira que haya simulado mi divorcio.
Ramírez reconoce que su ruptura matrimonial se produjo en “régimen de gananciales”. Dice que después modificó su situación. Pero no aclara más detalles. “No hubo alzamiento de bienes. Mi cliente se quedó con los activos de más valor tras la separación”, sostiene su abogado, el exmagistrado de la Audiencia Nacional José Antonio Choclán.
La fiscalía acusa al empresario de tratar de ocultar su patrimonio. En la estrategia, presuntamente, desempeñó un papel crucial la sociedad Gestiones y Asesoramientos 3.000, una de la treintena de firmas bajo su control. La compañía sumaba en 2014 un patrimonio de 21 millones de euros y manejaba 128 inmuebles. Entre ellos, una vivienda unifamiliar de 319 metros en la Urbanización Campo de Golf Maspalomas de Las Palmas y un piso de 191 metros en la calle Serrano de Madrid, donde el metro cuadrado supera los 10.000 euros. Pero también un ático, una unifamiliar con terreno de más de 1.300 metros en Las Palmas,…. Y un reguero de inmuebles que, según la fiscalía, controla Ramírez en la sombra. La acusación pública ha llegado a cruzar sus datos con los perfiles de Facebook de la familia del investigado.
Sobre el papel, los dueños de Gestiones y Asesoramientos 3.000 son los primos del rey de la seguridad y Ramírez solo tiene el 0,5 % del capital de la sociedad. Sin embargo, un informe de la Agencia Tributaria del pasado marzo, al que ha tenido acceso este periódico, lo define como el “verdadero titular” de la mercantil. Hacienda propone embargar los bienes de esta firma, que aparece como donante en la contabilidad nacional del PP en 2010 (100.000 euros) y 2011 (50.000).
Miguel Ángel Ramírez, en febrero de 2014, ante su pajarera declarada ilegal. ampliar foto
Miguel Ángel Ramírez, en febrero de 2014, ante su pajarera declarada ilegal. Quique Curbelo
El cerco judicial contra el presidente de la UD Las Palmas arrancó en 2013 tras una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional del sindicato FTSP-USO elaborada por el letrado Ismael Franco, de ADR Abogados. Las pesquisas indagan si el rey de la seguridad reventó los precios en los concursos públicos a costa de no pagar impuestos. Su treta consistió supuestamente en abonar parte del salario de la plantilla en dietas y kilometraje, conceptos exentos de tributar. “Con esta técnica se ha presentado a los concursos con ofertas un 40 % más bajas al resto del sector”, explica Basilio A. Febles, de FTSP-USO.
Los vigilantes jurados de este hombre acusado por los sindicatos de recoger con sus vehículos a los diputados del PP de los aeropuertos de Tenerife han ido tomando posiciones en las administraciones públicas desde 2012. Desde el Ministerio de Defensa, que le concedió en 2014 un contrato de 36,3 millones a Radio Televisión Española (RTVE), que le otorgó otro de 13,7 por la vigilancia de varias sedes.
La firma trabaja incluso para los organismos a los que presuntamente ha defraudado, como la Seguridad Social, que desde 2012 le ha adjudicado contratos por 1,7 millones por vigilar sus sedes. El proceso es legal, ya que la Ley de Contratos solo deja fuera de un concurso público a una empresa condenada. Y su compañía, que en 2013 facturó 120 millones, solo está investigada en la causa del fraude.
Pero este envite judicial es solo el último episodio de un serial en los tribunales. El Consejo de Ministros debe decidir si avala el indulto del empresario por una condena de tres años de cárcel por delito urbanístico. El motivo: levantar ilegalmente una pajarera y una pérgola junto a su casa en La Milagrosa, un valle protegido a las afueras de Las Palmas. El Supremo anuló el año pasado la ejecución de esta medida de gracia que le concedió en 2013 el Gobierno del PP.
Entretanto, el antiguo guardaespaldas atribuye sus males a los sindicalistas. “Ya he despedido a siete delegados sindicales por desacreditarme”, zanja.