SB-Noticias.- La liberalización de los usos del suelo rural y la renuncia a un proyecto común para Canarias son solo algunos de los peligros de la futura ley del suelo que impulsa el Gobierno canario destacados en el Coloquio de Presidentes “Canarias no es un solar”, en el que han intervenido el del Cabildo grancanario, Antonio Morales, y los ex presidentes autonómicos Román Rodríguez y Paulino Rivero.
Acompañados por el urbanista Carmelo Padrón, la mesa organizada este lunes por la Plataforma por un Territorio Sostenible de Canarias en el Cabildo también subrayó la falta de consenso y de debate que ha caracterizado la tramitación de esta norma que se encuentra en su trámite parlamentario.
Antonio Morales subrayó que el Cabildo fue la primera institución canaria en oponerse a esta nueva normativa, que además vacía de competencias a los cabildos de Canarias, aunque se quedó solo entre las instituciones insulares en esta defensa, al igual que en la de un reparto justo para el IGTE, porque “en ambos casos se trata de comprar voluntades”.
La nueva norma territorial “atenta directamente contra el modelo de desarrollo que defendemos para Gran Canaria, donde trabajamos por un modelo de ecoisla, un modelo sostenible basado en la movilidad, energías renovables, tratamiento de los residuos, soberanía alimentaria y reforestación”, entre otras.
Sin embargo, se ha roto “el consenso, estamos ante una enorme irresponsabilidad histórica”, aseveró Morales, quien avanzó que usará los mecanismos a su alcance, incluidos los jurídicos, para que esta norma “no condicione el futuro de esta tierra”.
Además, “es inadmisible que el Gobierno se escude en la lentitud” de las tramitaciones al tiempo que un “voraz neoliberalismo vacía lo público”, y como ejemplo citó que el Cabildo destina apenas un 12 por ciento de su presupuesto al Capítulo I de personal, una cifra muy inferior a sus necesidades. “¿Cómo no se van a retrasar los procedimientos?”, se preguntó al tiempo que reconoció el esfuerzo de los trabajadores por sacar adelante las tramitaciones.
Un diagnóstico inadecuado, abrir la puerta al uso del territorio para generar economía en época de crisis, equiparar simplificar la norma con eliminar los controles, implantar un escenario competencial municipalista y eliminar el control previo –y por ende abrir la puerta a la litigiosidad-, fueron el resto de los aspectos negativos que destacó junto a la pérdida de capacidad de los cabildos y a la liberalización del uso del suelo rústico.
Román Rodríguez, por su parte, aseveró que la defensa de los agricultores es un “pretexto” y que es “falso” que esta norma los proteja, de hecho, de prosperar, el sector primario será el primer perjudicado cuando los usos que permite le ganen terreno a su actividad. “Qué tiene que ver –cuestionó-, facilitar muros o regadíos con permitir usos industriales y turísticos bajo la excusa de eliminar trabas tediosas”.
Igualmente criticó la renuncia a un proyecto común, “el Gobierno canario se desentiende del territorio, si hay uno que necesite una estructura por encima de lo local e insular, es Canarias”, aseveró en coincidencia también con Paulino Rivero.
“Esta ley puede ser magnífica o francamente mejorable” dependiendo del ámbito de aplicación, apuntó Rivero, magnífica para Extremadura, Castilla-La Mancha o cualquier enclave continental, pero no para un archipiélago con sus particulares características, aclaró.
Asimismo, tras 28 años como alcalde, al igual que Antonio Morales, y siendo declaradamente municipalistas, coincidió en manifestarse contrario a la centralización de las competencias en los municipios dado que la presión de los vecinos condicionan la acción local y, en cualquier caso, para un crecimiento armónico no puede haber 88 ambiciones distintas.
Por otra parte, centrar la dinamización de la construcción en la rehabilitación y la renovación es incompatible con la flexibilización del territorio.
El urbanista Carmelo Padrón apuntó, por todo ello, la necesidad de que la ley de que el texto sea sometido a importantes modificaciones y salga del Parlamento con el máximo consenso posible, ya que ha sido –sentenció Rodríguez-, “una norma de despacho” que los socios de gobierno conocieron apenas una semana antes de su paso por el Consejo de Gobierno.