SB-Noticias.- El diputado socialista canario, Sebastián Franquis, ha presentado ante la Comisión de Fomento, una Proposición No de Ley sobre la redacción de un nuevo convenio en materia de infraestructuras de carreteras entre la Administración General del Estado y el Gobierno de Canarias.
En dicha PNL la Comisión de Fomento insta al Gobierno a iniciar las negociaciones encaminadas a la redacción de un nuevo convenio de carreteras donde se establezca el régimen de colaboración, coordinación y financiación entre la Administración General del Estado y el Gobierno de Canarias en materia de infraestructuras de carreteras.
Establecer en el nuevo convenio en materia de infraestructuras de carreteras entre la Administración General del Estado y el Gobierno de Canarias, el reconocimiento de la deuda con la Comunidad Autónoma de Canarias por los incumplimientos, en las cantidades transferidas previstas en la adenda del convenio de 2009, de los Presupuestos Generales del Estado de los años 2012 al 2016, y consensuar con todos los Cabildos Insulares las nuevas prioridades de las obras no ejecutadas.
El diputado socialista canario, Sebastián Franquis señala que “en la actualidad, de las 68 obras programadas en los convenios, tanto el del 94 y el 97, como los de 2006 y 2009, se han finalizado 43, hay 11 con distintos grados de ejecución y 14 pendientes de ejecutar. De haberse transferido las cantidades previstas en la adenda del convenio de 2009, todas las obras previstas estarían terminadas o en su fase final.”
El vigente Convenio de Carreteras entre el Gobierno de Canarias y el Ministerio de Fomento fue suscrito el 31 de enero de 2006. Posteriormente, el 17 de noviembre de 2009, se firmó una Adenda para potenciar la autonomía administrativa de la administración canaria.
El convenio, además de establecer el régimen de colaboración entre la Administración General del Estado y el Gobierno de Canarias en materia de infraestructuras de carreteras, fijó el tipo presupuestario por el cual la Administración General del Estado se compromete, durante el período de su vigencia, a aportar los recursos económicos estipulados con cargo a las dotaciones que a este fin se le asignen por la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada año.
El vigente Convenio de Carreteras contempla un total de 60 actuaciones en la red de interés regional, con una inversión prevista para el período 2006-2017 de 2.437 millones de euros, de los que 288 serán destinados a expropiaciones, indicando las anualidades hasta el año horizonte, las cuales fueron reajustadas en el año 2010, manteniéndose la fecha de vigencia del mismo.
Las actuaciones programadas están fundamentalmente dirigidas a potenciar la movilidad regional, dotando de accesibilidad a los principales núcleos de cada isla, mejorando la conectividad con los puertos y aeropuertos, así como las conexiones entre los espacios productivos y los principales corredores viarios, eliminando estrangulamientos en la red actual, potenciando las conexiones con los principales núcleos urbanos y contribuyendo a la estructuración de las áreas metropolitanas y las aglomeraciones urbanas, mejorando de esta forma la accesibilidad global, y en consonancia, asimismo, con los objetivos planteados por la Red Transeuropea de Transportes.
En el año 2012, el Gobierno de España debía haber transferido al Gobierno de Canarias, según el Convenio, 207 millones, y únicamente se recibieron 68,54; en 2013 la diferencia fue aún mayor, con 54,19 millones recibidos frente a los 207 que se esperaban; en los Presupuestos Generales del Estado de 2014 se transfirieron también 54,19 millones, cuando a esa anualidad correspondían 225; en el 2015 se recibió la misma cantidad de años anteriores, es decir, 54,19 millones de euros, y en el 2016 fueron 94,19 millones de euros, incumpliéndose nuevamente el Convenio.
En total, de 1.053 millones de euros firmados, el Gobierno de España sólo habrá enviado a Canarias 325,3 a finales de este año, un recorte desmesurado y en nada proporcionado al que se estableció para el conjunto de las Comunidades Autónomas, máxime cuando este bloqueo financiero se ha ido consolidando en los sucesivos presupuestos estatales, hasta el punto de que en la legislatura pasada el recorte fue de 727,7 millones de euros o, lo que es lo mismo, del 69% de todo el presupuesto previsto para las obras.