El Gobierno de Rajoy dispone de seis meses para contestar a una denuncia avalada por expertos internacionales
ElPlural.com.- El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha requerido al Estado español a responder a la denuncia formulada en su día por el juez Baltasar Garzón. La denuncia presentada por el despacho de abogados especializado en Derechos Humanos, Human Rights in Practice, que dirige Helen Duffy, alega el carácter arbitrario de una serie de investigaciones y enjuiciamientos penales interpuestos contra el Juez Garzón que llevaron a su inhabilitación y pusieron fin a su larga carrera judicial. Ahora el Gobierno español tiene un plazo máximo de seis meses para contestar al Comité de Naciones Unidas
En su escrito Helen Duffy expuso que entre los numerosos casos en los que el juez Garzón autorizó llevar a cabo investigaciones, se encuentran los relativos a los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el período franquista que a día de hoy continúan impunes, así como casos de corrupción relacionados presuntamente con altos cargos del actual partido en Gobierno, el PP.
Baltasar Garzón fue imputado penalmente por estas decisiones judiciales. Se abrió contra el magistrado simultáneamente un tercer proceso que había sido archivado en dos ocasiones anteriores y que, tras la condena, se archivó de forma inmediata, pues había prescrito tiempo atrás. Esta prescripción era suficientemente conocida por el juez instructor que aún así mantuvo abierto el proceso.
«Flagrante violación de la independencia judicial»
Añade Duffy: “Los procedimientos penales iniciados contra el juez Garzón se fundamentaron exclusivamente en su interpretación y aplicación de la ley. Ello representa una flagrante violación del principio de independencia judicial que deriva del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del derecho internacional de los Derechos Humanos, asimismo supone la violación de múltiples derechos protegidos por el mencionado Pacto”.
Tras años de investigación, suspensión y enjuiciamiento, en uno de los procedimientos penales instados contra el juez Garzón, éste fue absuelto, mientras que en el otro procedimiento fue condenado. “No obstante, las violaciones de sus derechos y el efecto desalentador causado con respecto al principio de independencia judicial no dependen del resultado final de un procedimiento penal”, expone en un comunicado hecho público este sábado.
La denuncia presentada por Human Rights in Practice en nombre y representación del juez Garzón, ante el Comité de los Derechos Humanos ha sido respaldada por un número de expertos internacionales del más alto nivel quienes han presentado dictámenes periciales conjuntos.
Estándares internacionales
Los dictámenes examinan una serie de cuestiones que son de relevancia para la determinación del caso por parte del Comité de los Derechos Humanos, incluyendo los estándares internacionales respecto a la independencia judicial en la que se basa este caso; la invalidez de leyes de amnistía y las normas sobre plazos de prescripción aplicables en el derecho internacional y, en la práctica, en consonancia con los hechos aplicables del juez Garzón; y la interpretación sin precedentes de la Ley de Prevaricación aplicada en el marco de los procedimientos instados contra el Juez Garzón.
“A pesar de la notoriedad del caso que ha sido ampliamente criticado a nivel internacional, el juez Garzón no ha obtenido reconocimiento alguno por parte del Estado español, no ha habido ningún tipo de reparación, ni tampoco se han realizado esfuerzos para garantizar la independencia judicial en el futuro. Sobre esta base, a principios de este año el juez Garzón decidió presentar su denuncia ante el Comité de los Derechos Humanos. Ahora, el Estado español ha sido requerido para responder a la denuncia en el plazo de seis meses”, concluye la abogada.