SB-Noticias.- Por enfermedad del Presidente del Tribunal, Joaquín Astor Landete se ha suspendido el Juicio por el Caso Las Teresitas que se viene celebrando desde el pasado 9 de septiembre en Santa Cruz de Tenerife. Previsiblemente se retomará el próximo lunes día 24.
El juicio por supuesta corrupción más esperado de la historia de Canarias será el próximo 9 de septiembre en Santa Cruz de Tenerife, y previsiblemente se alargará hasta el mes de noviembre, con unas 30 sesiones, por el que pasarán los trece acusados y decenas de testigos.
El empresario Ignacio Manuel González Martín compró en 1998, el frente de la playa de Las Teresitas, de 298.000 metros cuadrados en Santa Cruz de Tenerife, por 33,1 millones de euros a través de una sociedad creada por su testaferro. Lo pagó íntegramente con el crédito de 33,7 millones que se autoconcedió a su empresa desde su banco, Cajacanarias, cuyo consejo de administración integraba González Martín junto a, entre otros, el alcalde local, Miguel Zerolo (Coalición Canaria).
Uno de los accionistas, Felipe Manuel Armas, cubre su aportación con un cheque que carga a la cuenta de González Martín, consejero de Cajacanarias. Armas es un mero apoderado en sus empresas sin patrimonio propio. Cuando pide un préstamo personal, Armas invoca una nómina de 723 euros.
El Caso Las Teresitas investiga el pago de 52,7 millones de euros en 2001 por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a la empresa Inversiones Las Teresitas por unos terrenos que supuestamente ya eran de titularidad pública. Ganando 19,6 millones de euros sobre el precio que pagó por el total del frente playero tres años antes.
El proceso cuenta con 13 acusados y tres responsables civiles directos con penas de cárcel que ascienden a 52 años, y entre otros, se piden ocho años de cárcel para el exalcalde, Miguel Zerolo, y el exconcejal de Urbanismo, Manuel Parejo, por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.
La operación fue anulada por el Tribunal Supremo hace varios años, y los hechos se remontan al año 2001 cuando el Ayuntamiento compró los terrenos a los empresarios Ignacio González y Antonio Plasencia por 52 millones pese a que había sido valorado por la arquitecta municipal en poco más de 19.
En su escrito de acusación, el Ministerio Fiscal señala que tanto Zerolo como Parejo tomaron decisiones para acomodar la acción del Ayuntamiento de acuerdo a los intereses de los empresarios, generando un «grave perjuicio» en las arcas públicas.
El Ministerio Fiscal acusa a los imputados de «comportamiento arbitrario y postura antieconómica e irracional en la fijación del precio pagado a los empresarios», que obtuvieron un lucro final de 39,4 millones de euros a costa de «las arcas municipales y en definitiva, al pueblo de Santa Cruz».
Agrega que de los 109.420 metros cuadrados de los terrenos que pensaba adquirir el Ayuntamiento, 63,700 ya habían sido cedidos gratuitamente al municipio en 1986, mientras que 9.076 estaban dentro de la línea de deslinde marítimo-terrestre, lo que, según las conclusiones de la Fiscalía, ya había sido advertido por la arquitecta municipal.
La Fiscalía pide ocho años de prisión para Zerolo y para el concejal de Urbanismo en aquellas fechas, Manuel Parejo (CC), así como cuatro años a los también exediles Emilio Fresco (PSOE) y José Emilio García Gómez (PP).
La misma condena, cuatro años de cárcel, propone para los empresarios Ignacio González y Antonio Plasencia, así como para sus hijos Carlos Plasencia y Pedro González.