Los siete bancos del Ibex 35 financiaron a 34 empresas de armamento
El último informe del Centro Delàs de Estudios para la Paz, del 30 de junio pasado, corrobora con estos datos el interés del sector financiero español en la industria bélica, uno de los negocios más rentables para los inversores en un planeta sembrado de conflictos.
Ni los embargos ni las prohibiciones de venta de armas han logrado reducir este controvertido comercio que mantiene constantes sus flujos financieros en España, mientras se disparan en el resto del mundo. Según el instituto de investigación SIPRI, las exportaciones globales de armas a Oriente Medio aumentaron un 61% entre 2011 y 2016, periodo propicio al fuego enemigo con enfrentamientos en Irak, Libia, Siria, Nigeria, Sudán del Sur, Ucrania y la batalla contra Dáesh, el autodenominado Estado Islámico, como principales frentes.
La banca armada, así designa Centro Delàs a Los bancos que invierten en armas, responde al 75% de la financiación de la industria militar, con una alta necesidad de crédito. Porcentajes y totales que se estiman a la baja, dadas las dificultades de transparencia en esta industria, lo que hace presuponer cifras finales más elevadas.
Los casi 80.000 millones de euros representan solo a la punta del iceberg de un sector rentable que, sin embargo, no genera ningún bien común en opinión de las organizaciones pacifistas y de defensa de las finanzas éticas, “aunque el Estado alega los de seguridad y defensa”, exceptúa Tica Font, directora del Instituto Catalán Internacional para la Paz, en conversación telefónica.
La opacidad y el silencio recubren la industria armamentística como una capa de celofán fino. “La desinformación alcanza los programas electorales de los partidos políticos que obvian así una materia sensible”, protesta Tica Font . “La derecha algo habla, pero a la izquierda siempre le ha venido grande el desarme, no ha sabido cómo digerirlo”, critica.
Francesco Vignarca, de Rete Disarmo, una de las ONG más veteranas en la batalla contra el comercio y financiación de armamento, corrobora la pérdida de transparencia asimismo en Italia, país que hace 25 años que dispone de una legislación para el control del comercio de armas.
Gracias sin embargo al trabajo de la entidad holandesa sin ánimo de lucro Profundo Research, el equipo del Centro Delàs dispone de un puñado de datos con los que respaldar las campañas Banca Armada, BBVA sin armas, Stop Inversiones Explosivas, Banco Santander sin armas, Caixabank sin armas, Banksecrets y Bancalimpia.com.
Una larga lista de 72 entidades
Entre las entidades que financian la industria armamentística en España, figuran bancos comerciales y/o de inversión, pequeñas entidades financieras que gestionan grandes patrimonios, empresas aseguradoras e incluso entidades públicas, lo que muestra que las inversiones en negocios bélicos una práctica ampliamente extendida. “Esto hace a los bancos responsables de tres de cada cuatro de las armas en el mundo”, calcula Jordi Calvo, coordinador e investigador del Centro Delàs y autor de su informe estrella.
De acuerdo a sus registros: BBVA, Santander, Banca March, Bankia, Caixabank, Banco Popular, Banco Sabadell, Bankinter, Unicaja, Banco Mare Nostrum, Caja Rural, Ibercaja, Kutxabank, Liberbank, Banco Alcalá, Banco Caminos, Caja de Arquitectos y Banco Mediolanum financian armas. También las entidades públicas de inversión SEPI, ICO y el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito figuran en el ranking del Centro Delàs. Las aseguradoras Mutua Madrileña, Mapfre e Inverseguros prestan asimismo servicio a la industria del armamento, según sus investigaciones que también han revelado que 19 canales de inversión de clientes de rentas altas operan con corporaciones militares. En total, 72 entidades, entre financieras y aseguradoras, españolas y extranjeras, conforman la llamada banca armada– terminología de las organizaciones pacifistas y de defensa de las finanzas éticas- en España.
El informe destapa la participación española en 34 empresas armamentísticas. Entre ellas, algunas de las principales compañías del mundo, como las estadounidenses Boeing, General Dynamics, Honeywell International, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Textron y Raytheon, la italiana Finameccania, la británica BAE Systems, la europea Airbus, las españolas Indra y Navantia, la coreana Poongsan y las francesas Safran y Thales.
Créditos, seguros, acciones y fondos de inversión -que, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, encontraron nuevas fuentes en nichos estratégicos, de alta y rápida rentabilidad, como el de armamento- son las principales sondas que inyectan liquidez al sector.
Todo ello a pesar de que cada vez más entidades financieras dicen aplicar normativas específicas y de que existe un número creciente de países que han adoptando leyes que regulan estas inversiones. “Las políticas o normativas de inversión el sector de defensa de los principales bancos muestran especial atención a las armas más controvertidas y limitan sus prohibiciones a casos concretos de financiación”, denuncia Jordi Calvo.
BBVA asegura cumplir con los principios del Código de Conducta de la UE y rechaza la financiación de operaciones relacionadas con minas antipersona, bombas de racimo y armas de destrucción masiva, productos que tampoco financia Banco Santander, y prohíbe subvencionar exportaciones a países denunciados por la ONU y/o la UE en materia de derechos
BBVA y Santander, a la cabeza
BBVA y Santander son las dos entidades financieras que destinan más recursos a dar apoyo a las empresas de armas, “a la altura de los mayores inversores en la industria armamentística del mundo”, compara Jordi Calvo. Entre ambas, invierten 4.264 millones de euros en el sector, el 72% del total capitalizado por entidades españolas.
BBVA financia a ocho compañías fabricantes de armas nucleares y a siete de las empresas de armas españolas más importantes. La entidad presidida por Francisco González es la institución financiera que más relación tiene con empresas que fabrican armamento nuclear, con una inversión total de 2.872 millones de dólares en empresas como Boeing, que abastece, repara y realiza mantenimiento de misiles nucleares para los ejércitos estadounidense y británico. Entre sus inversiones en empresas españolas, destaca Maxam, una de las mayores compañías de explosivos militares del mundo, responsable de la fabricación de todo tipo de municiones, granadas subacuáticas y bombas de lapa, entre otras armas, “una empresa que fabricó minas antipersona y bombas de racimo hasta que fueron prohibidas por ley”, según denunció la activista y miembro del Centro Delàs, Marta Castellnou, en su intervención ante la Junta de accionistas del banco del 11 de marzo pasado.
Santander, por su parte, ha invertido 1.517 millones de euros en empresas que fabrican armas nucleares y 235 millones de euros en compañías armamentísticas españolas. Entre sus clientes, vuelve a figurar de manera destacada Maxam con créditos por más de 140 millones de euros, empresa que, según Jordi Calvo, podría haber destinado explosivos militares destinados a la guerra en Siria. “Es por ello que es importante apelar a la responsabilidad del banco y exigirle la cancelación inmediata”, urge el activista.
La entidad de la familia Botín también ha concedido préstamos a Oesia, Sener, Indra y Navantia. Oesia desarrolla tecnología aplicada al sector militar, como los sensores de búsqueda y seguimiento por infrarrojos, un sistema que ya está totalmente operativo en el avión de combate europeo Typhoon. “El ejército de Arabia Saudí ha adquirido 76 de estos aviones, que probablemente están siendo utilizados en los bombardeos sobre Yemen”, informa Jordi Calvo. Sener es la referencia en España en sistemas de misiles. Indra desarrolla tecnologías aplicadas al ámbito náutico militar y de aviación militar. Y Navantia, por su parte, fabrica buques de guerra.
Instalaza, la exempresa de Pedro Morenés
España se convirtió en octubre pasado en el décimo país del mundo en prohibir la financiación de minas antipersona, bombas de racimo y armas de efectos similares, junto a Bélgica, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Países Bajos, Nueva Zelanda, Samoa y Suiza, lo que colocó al país a la cabeza de la comunidad internacional en la aplicación de la convención de Oslo sobre este tipo de municiones. La fabricación y uso había sido prohibida dos años antes, en 2013. De inmediato, Instalaza, la empresa que dirigió el ministro de Defensa en funciones Pedro Morenés, exigió al Estado una indemnización de 40 millones de euros por lucro cesante, que finalmente no consiguió. “A pesar de su controvertida trayectoria, la compañía ha recibido el favor de numerosos bancos españoles: hoy es cliente de Banca March, Caixabank, Bankia, Banco Popular, Sabadell y Bankinter, y antes trabajó con BBVA, Santander, Sabadell, BMN, Caja Rural y Unicaja e, incluso, del Instituto de Crédito Oficial”, describe el informe del Centro Delàs.