Estamos ante la aprobación de una Ley del Suelo denominada por muchos canarios como “ley para la corrupción”
Odalys Padrón, Secretaria General de Socialistas por Tenerife (SxTF) en Santa Cruz recuerda que la ley del suelo de 1998 mal llamada ley de la liberalización del suelo, promovida por el Ejecutivo de Aznar e ideada por Rodrigo Rato, fue, considerada por muchos, la antesala del ineficiente, voluminoso y corrupto organigrama que dirige hoy España. Una ley tildada de “capitalismo de amiguetes” que favoreció a los terratenientes, grandes empresarios y a los políticos de Ayuntamientos y Comunidades Autónomas. La recalificación se convirtió en un magnífico caldo de cultivo para la corrupción y los pelotazos donde la figura del Concejal de turno era la clave. Ejemplos en los juzgados hay por doquier. Una ley que otorgó una potestad muy amplia a los Ayuntamientos y Comunidades Autónomas que eran los que decidían que suelos podían ser recalificados y cuáles no.
Coalición Canaria (CC) está o ha estado inmersa en pelotazos urbanísticos como el Caso de Las Teresitas, pendiente de juzgarse en septiembre, o el Caso Arona donde ha sido condenado el exalcalde José Alberto González Reverón, de Coalición Canaria, a siete años de inhabilitación por un delito de prevaricación al permitir obras ilegales en el Hotel Sir Anthony así como al exconcejal de Urbanismo Antonio Sosa con ocho años y seis meses por prevaricación continuada en la contratación irregular de varias personas en el Área de Medio Ambiente, una trama de corrupción con más de 205 licencias municipales concedidas de forma irregular así como el pago de comisiones que dejaron al municipio prácticamente en bancarrota. De hecho Canarias, con la ley actual, dotada de mayores controles que el anteproyecto aquí descrito, es la cuarta Comunidad Autónoma con más casos judiciales por supuestos delitos urbanísticos, donde más del 40% de los ayuntamientos están afectados por casos de corrupción.
Socialistas por Tenerife (SxTF) hace mención al artículo 124 y siguientes, de la Ley del Suelo que pretenden aprobar, que habla de los “proyectos de interés insular o autonómico” cuyo objeto es aprobar para su inmediata ejecución de forma autónoma y sin que esté contemplado en la planificación proyectos de actividades industriales, energéticas, turísticas, culturales, deportivas, sanitarias o de otra naturaleza cuya incidencia territorial sea relevante, pudiendo ser promovidos por iniciativa privada y sin ningún tipo de contención territorial en cuanto a su magnitud. Esto quiere decir que mientras cualquier ciudadano para acometer cualquier actuación urbanística en su casa, como un simple cuarto, debe realizar innumerables trámites y cumplir con los planes urbanísticos, los grandes empresarios que tengan un “amigo” en el Gobierno pueden construir desde una planta regasificadora a un gran hotel simplemente hablando con el Gobierno de Canarias sin necesidad de cumplir con las regulaciones que cumplimos el resto de administrados.
Para Odalys Padrón ejemplos como el artículo anteriormente mencionado hacen sospechar que la corrupción “presuntamente” campará alegremente por los despachos públicos. Con esta ley se fomenta la arbitrariedad, la desregulación y la discrecionalidad.
Socialistas por Tenerife (SxTF) defiende la necesidad de apostar por una Ley que permita la consecución de proyectos que sean compatibles con un modelo sostenible y de interés general y no entiende como el Partido Socialista Obrero Español se presta a ser copartícipes de una ley que “alienta la corrupción”