En 2015 más de 5.000 familias recurrieron a la ayuda social para poder pagar sus facturas de agua
Izquierda Unida y Sí se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz llevarán al próximo pleno de la corporación una moción conjunta para modificar la tarifa del agua en Santa Cruz ajustándola a la situación social y el número de habitantes en cada hogar. IU y Ssp quieren pasar de la “situación de beneficencia actual” a un modelo “más solidario y justo”.
El pasado año se tramitaron desde el Ayuntamiento 5.011 prestaciones de asistencia social para pagar el agua, lo que evidencia la falta de un modelo ajustado a la crisis económica que atraviesa la ciudad.
La moción plantea la introducción de tarifas solidarias para familias con pocos recursos económicos pudiendo llegar, incluso, a la tarifa 0 en los casos de las unidades de convivencia con rentas más bajas.
El texto recuerda que la única tarifa especial que contempla la ordenanza reguladora de la tarifa del agua en la ciudad es la establecida para familias numerosas cuando el consumo supera los 41m3. “Sin embargo, para familias con pocos recursos económicos, que tienen grandes dificultades para hacer frente a la cobertura de sus necesidades básicas, no existe actualmente ningún tipo de bonificación en la tarifa del agua”, explica el texto de la moción. Sólo en 2015, se tramitaron más de 5.000 Prestaciones Económicas de Asistencia Social (PEAS) para cubrir facturas de agua, una cifra que IU y Ssp ven como clara demostración de la “enorme dificultad que supone para muchas familias afrontar este gasto”.
Al establecer estas bonificaciones atendiendo a criterios de situación social y número de habitantes en cada hogar se conseguiría además descongestionar las Unidades de Trabajo Social (UTS), que sólo en 2014 gestionaron 15.910 de estas subvenciones de asistencia social. Una cifra que sigue aumentando y que en 2015 alcanzó las 18.858, de las cuales un 26,57 por ciento (5.011) fueron para abonar facturas del agua.
La moción recuerda que al contrario que otros suministros, equipamientos o servicios subvencionados, la gestión del ciclo integral del agua es una competencia municipal y, por tanto, el Ayuntamiento es quien regula la tarifa. “Por ello, está en manos de esta corporación municipal introducir tarifas solidarias para unidades de convivencia con pocos recursos económicos y en situaciones de vulnerabilidad social. Consideramos que es mucho más justo, digno y eficaz cambiar la ordenanza que otorgar PEAS, ya que, además de contribuir a descongestionar las UTS, significaría la consecución de un nuevo derecho social en el municipio y, por tanto, un paso más para avanzar desde una situación de beneficencia hacia un horizonte de solidaridad y justicia”, añade.
La propuesta de modificación de la tarifa del agua se basa en el cálculo hecho por la Organización Mundial de la Salud, que estima en 100 litros por persona y día el acceso óptimo de agua que permite el abastecimiento humano y la higiene personal. Asimismo propone “que paguen más quienes más gastan y quienes más tienen” y para evitar una merma en los ingresos en las arcas municipales, plantea subir la tarifa para aquellos tramos de consumo muy elevados y que claramente correspondan a un derroche de agua.
La moción también contempla establecer una cobertura especial a las familias monoparentales, a las mujeres víctimas de violencia de género y a familias con miembros en situación de dependencia, discapacidad o enfermedades crónicas.