Así se expesaba Ruymán Rodríguez, portavoz vecinal de la Comunidad La Esperanza de Santa María de Guía, ante la amenaza de desalojo por parte del ayuntamiento.
 |
Hoy miércoles varias docenas de vecinos que están notificados entregaron sus recursos de reposición al ayuntamiento de Santa María de Guía, arropados por numerosos colectivos y ciudadanos a título individual.
Mañana jueves día 14 de abril, fecha en la que acaba el plazo del ayuntamiento para desalojar las viviendas, los vecinos se concentrarán dentro de la propia Comunidad «La Esperanza» (Santa María de Guía, carretera general del norte km. 24, Albercón de la Virgen, frente a la ITV) y desayuno comunitario.
Y es que la Comuna La Esperanza es la mayor comunidad okupa de España, donde residen 77 familias -más de 200 personas de las cuales hay unos 100 niños- que de no darles una alternativa ocupacional, se verán en la calle.
Este lunes varios centenares de personas se concentraron frente a la sede de la Presidencia del Gobierno de Canarias, para exigir una solución a la notificación que les llegó el pasado mes de marzo, en las que se les reclamaba el desalojo de la vivienda ocupada desde el año 2013.
 |
Con pancartas y megáfonos en mano explicaron que han acudido al Gobierno Canario porque el alcalde dice que este problema no es de su competencia. Cantaron lemas como «Gobierno, atiende, La Esperanza se defiende» o el conocido de «Un desalojo, otra ocupación». Y es que aseguran que la única opción que tienen en caso de que les desalojen de su actual vivienda es ocupar otros edificios vacíos.
Ruymán Rodríguez, portavoz vecinal, explicó que el caso se inicia en febrero de 2013, cuando la Federación Anarquista de Gran Canaria realojaba a las veinte primeras familias en unos bloques de viviendas abandonados, y esta Comunidad alberga hoy a más de 200 vecinos que no cuentan con otra alternativa habitacional.
La ocuación se hace en unos inmuebles vacíos, con años de abandono, que estaban siendo objeto de situaciones de vandalismo y robos, y “con consentimiento por escrito de la promotora”. “Ningún vecino forzó ninguna puerta; todos entramos con ese consentimiento y con las llaves en la mano. A nadie se le ha quitado nada, en tanto en cuanto los inmuebles estaban desocupados y la reclamación de los compradores era recuperar su inversión y no unos pisos sin certificados legales. Nuestra ocupación no conculca ninguno de sus derechos o reclamaciones”, remarcan.
La realidad es que las viviendas están en perfectas condiciones y sin problemas. La única circunstancia es que no tienen cédula de habitabilidad «y el alcalde -denuncia Rodríguez- en lugar de facilitar las condiciones de los vecinos nos echa, aludiendo a que las casas no reunen condiciones para ser habitadas, lo cual es rotundamente falso».
 |
Aclaró que dado que el alcalde ha hecho oídos sordos a sus peticiones de apoyo, son las familias las que han habilitado las viviendas y las que afrontan los servicios como el agua, que compran en cubas por las pagan diariamente 199 euros. La luz por otra parte es de obra.
Los afectados explican que «hay miles de soluciones, lo que ocurre es que no les interesa ponerlas en práctica». Por ejemplo que el edificio se convierta en régimen de protección oficial y pongan las viviendas en régimen de alquiler social.
En cuanto a la crítica que se ha hecho de que hay varios compradores de algunas de las viviendas ahora ocupadas, explican que «somos solidarios con esas personas, que han sido estafadas, ellos lo que piden es que se les devuelva su inversión, y nos parece justo». Pero recuerdan que cuando ellos iniciaron la ocupación los inmuebles estaban destrozados.