“Esta decisión tiene un calado impresionante. Si eso ocurre así no va a haber instrumentos efectivos reales de control del planeamiento”. Pues según este anteproyecto de ley, el control sobre si un Plan General responde o no a la legalidad, queda reducido al propio ayuntamiento a través de su Secretario/a y servicios jurídicos.
Esta decisión según el profesor de derecho constitucional de la ULL, no es baladí, pues la experiencia que tenemos en las instituciones locales de Canarias es que los Secretarios no disfrutan de un estatuto que garantice la independencia necesaria para llevar el control.
Insiste en que el estatuto de Secretarios se ha modificado bajo la presión de la FECAM, que no ha hecho sino debilitarlo, “porque a muchos alcaldes les interesa que no tengan independencia”, de hecho recuerda que la mayor parte de los Secretarios del los ayuntamientos canarios son accidentales, lo cual los deja más debilitados aún.
De las pocas cosas positrivas que tenia el proyecto de ley de régimen locales del pp , pretendia invertir esta tendencia y fortalecer la figura de los secretarios. Este tipo de iorganios debe tener independencia.
Como ejemplo, recuerda el caso del PGO de La Laguna, donde los servicios del ayuntamiento emitieron un informe de planeamiento y planificación ponía de manifiesto graves ilegalidades, como el deseo de recalificar más suelo urbanizable a costa del suelo agrícola, lo que habría permitido albergar una población de 338 mil habitantes. Recordemos que la La ley canaria establece que el crecimiento de suelo urbanizable tiene que acompasarse a la evolución de crecimiento poblacional, y ahora La Laguna tiene 150.000 habitantes… ¿de donde se sacaba esa voracidad urbanizadora??
“¿Que hizo Fernando Clavijo, entonces alcalde, con este informe? No tenerlo en cuenta y aprobar inicialmente el PGO, que es lo que podría haber hecho si hubiera tenido atribuciones para hacerlo, que es lo que ahora pretenden con esta Ley”.
Asegura Santiago Pérez que el planeamiento en Canarias va a quedar “al pairo” en cuanto al cumplimiento de la legalidad. “Supongamos -dice- que un Secretario informa en contra de la legalidad de un PGO, pero lo aprueba el Pleno. Pues a partir de ahí se presume que es legal y es ejecutivo”.
Eso significa que un Plan General aprobado por la mayoría del Pleno de un ayuntamiento, pero con el informe negativo del Secretario se va a a probar. Y entonces se pregunta Santiago Pérez ¿quien va a controlar la legalidad? Pues según este proyecto de Ley, serán los Tribunales . ¿Y quien recurre a los truibunales?, se prehgunta ¿Los ciudadanos, la oposición… ? Considera que aun si se diera esta situación, siempre las sentencias llegarán tarde…. Mientras, el alcalde defenderá su Plan con todos los servicios e instancias recurriendo siempre y cuando venga la resoluciónpuede que el PGO esté ya ejecutado y las previsiones más devastadoras realizadas.
También critica el que se con sidere la utilización del silencia administrativo positivocomo instrumento para la aprobación de Planes. Considera que esto es mujy peligroso y ha sido utilizado interesadamente por alcaldes que lo han usado esto para aprobar planes parciales…
Concluye Santiago Pérez que el Gobierno de Canarias siempre ha puesto al frente de la administración territorial a personas completamente incapaces e incompetentes, fruto del reparto de intereses políticos, no de la idoneidad. Y tras haber estudiado este anteproyecto y escuchado a la responsable de la Ordenación territorial concluye que Nieves Lady Barreto no está capacitada para dirigir una Consejería tan importante "que es como gobernar una sociedad".