Gustavo Matos afirma que el Gobierno del PP ha implantado esta herramienta “a toda prisa y sin haber dotado previamente a las comunidades autónomas de los medios adecuados para su adecuado desarrollo”
{mosimage}El Grupo Parlamentario Socialista solicita al Gobierno de España una moratoria en la aplicación del sistema LexNET, plataforma de intercambio de información entre los órganos judiciales y diversos operadores, hasta que esté debidamente ajustado y dotado de los medios suficientes para un correcto funcionamiento. El portavoz de Justicia, Gustavo Matos, considera que el Ejecutivo del PP ha implantado esta herramienta “a toda prisa sin haber dotado previamente a las comunidades autónomas de los medios adecuados para su adecuado desarrollo”.
El diputado subraya la apuesta absoluta del PSOE por la digitalización en la Administración de Justicia, por la implantación de sistemas que incorporen las nuevas tecnologías y por la desaparición paulatina del papel, “pero con LexNET, el Gobierno de Rajoy ha actuado desde la improvisación, sin contar con las comunidades que tienen transferidas las competencias en materia de justicia y sin haber realizado la pertinente dotación de medios técnicos y económicos para el correcto funcionamiento de este instrumento”.
Matos sostiene que en estos momentos, el sistema “resulta deficiente y está generando una infinidad de quejas por parte de los operadores jurídicos, especialmente por los abogados y funcionarios de justicia, pues una medida prevista para agilizar la tramitación de expedientes se está convirtiendo en un auténtico infierno para estos profesionales”.
Insiste en la falta de planificación del Ministerio en la implantación de esta plataforma, “de tal manera que el hecho de que no se haya dispuesto de un plazo suficiente de adaptación está ocasionando importantes deficiencias”. Añade que la “chapuza” se agrava ante el hecho de que se haya implantado LexNET desde el Gobierno de España pero con cargo a los presupuestos de las comunidades autónomas, “sin haber transferido ni un solo céntimo más para su funcionamiento”.
Gustavo Matos recuerda que, según los últimos cálculos, a Canarias se le deben más de 16 millones de euros por lo recaudado en su día por las famosas tasas judiciales. “Insistimos en la necesidad de que el Ministerio transfiera esas cantidades, que supondrían un recurso fantástico para poder avanzar en la apuesta por el ‘papel cero’ con garantías de eficacia”.
