Román Rodríguez
{mosimage}Una vez que hablaron las urnas el pasado 20 de diciembre, las personas elegidas por la ciudadanía tienen que estar a la altura de los nuevos tiempos y los relevantes retos sociales, económicos y democráticos. Una etapa marcada por la ausencia de mayorías absolutas y, por tanto, por la ineludible necesidad del diálogo, de la búsqueda de puntos de encuentro, como los alcanzados en la constitución de las cámaras; y de la capacidad para elaborar un programa que respalde a un Gobierno con apoyos suficientes.
Sus primeros pasos han sido la elección del presidente de la Cámara y la constitución de la Mesa del Congreso de los Diputados. Decisión que exigía, necesariamente, negociación y acuerdos. Y PSOE y Ciudadanos lo lograron. Llevando a la Presidencia a Patxi López, con 130 votos: 89 socialistas, 40 del partido de Rivera y uno de Nueva Canarias (NC), el del diputado Pedro Quevedo –que, tal y como estaba previsto y anunciado, se incorporará al Grupo Mixto-, que este lunes será recibido por Felipe VI.
Es un primer paso para el inicio del cambio de ciclo político que se precisa y que reclamamos. También para la defensa de una Agenda Canaria, con un tratamiento específico para los graves problemas que afectan a nuestra comunidad, si se consigue formar un Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez.
Lo que ha sucedido en la Mesa del Congreso básicamente responde a los resultados electorales que se dieron en las recientes elecciones generales: PP (3), PSOE, Podemos y Ciudadanos, con dos cada uno; si bien es cierto que alguno de estos partidos pudo haber cedido alguna de sus plazas para que formara parte también alguna fuerza nacionalista, como sí se hizo en el Senado, alcanzándose mayor pluralidad e integración.
Aunque hay temas en los que hay diferencias, como la pretensión de conformar cuatro grupos por parte de Podemos, que choca con el actual reglamento de la Cámara y que rechazan la mayoría del resto de formaciones políticas. Aunque ha habido escenificaciones novedosas, y polémicas innecesarias, son aspectos de carácter claramente secundario. Aunque en toda negociación se producen tensiones y desencuentros, estos no deben determinar el proceso. Lo más relevante son los contenidos y los programas que se puedan consensuar.
Gobierno estable
Ahora corresponde desarrollar la tarea más difícil: intentar formar un Gobierno estable. Labor que, en primera instancia, debe abordar la fuerza política con mayor número de escaños y votos, el PP. Aunque parece difícil que alcance el objetivo. Por el rechazo que generan sus políticas de recorte y desprecio de lo público. Porque ha roto puentes con la mayoría de fuerzas políticas con su actitud autoritaria, soberbia y centralista. Por su falta de contundencia con la corrupción. Porque las urnas castigaron duramente esas políticas.
Y, si ese intento fracasa, es el PSOE, segunda fuerza en la Cámara baja, el que debe de buscar una mayoría progresista. El proceso de composición de las cámaras ha establecido tensiones que no invitan al optimismo. Pero habría que intentarlo, que seguir intentándolo. Más allá de los intereses legítimos y de los cálculos de las fuerzas políticas es lo que esperan y desean millones de ciudadanos y ciudadanas que, por encima de matices y discrepancias, apuestan por un Gobierno de cambio.
Un Ejecutivo que priorice la educación, la sanidad y los servicios sociales. Que derogue normas como la Ley Orgánica de para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), la reforma laboral y la ley mordaza. Que legisle escuchando a las otras fuerzas políticas y al conjunto de la sociedad.
Que trabaje por mejorar las condiciones laborales, eleve el salario mínimo y adopte planes de choque contra la pobreza y los desahucios. Que impulse un gran pacto de Estado contra la violencia machista.
Diversidad
Un Gobierno que comprenda la diversidad como un factor enriquecedor y reconozca la pluralidad nacional del Estado desde el respeto a las distintas especificidades. Esencial, en el caso de Canarias, con el cumplimiento y blindaje de nuestro Régimen Económico y Fiscal (REF), para que nuestros ciudadanos y ciudadanas, así como nuestras empresas, avancen en igualdad con los del resto de España; y con una financiación autonómica que nos coloque, al menos, en la media estatal.
Un Gobierno que tenga, entre sus prioridades la mejora de la calidad de la vida democrática. Con una reforma electoral que incremente la proporcionalidad, en lo que el sistema canario tiene los peores y más injustos parámetros. Con más transparencia en las administraciones públicas. Con una fiscalidad justa y progresiva que permita financiar adecuadamente los servicios públicos. Con un gran pacto que permita garantizar el mantenimiento del sistema de pensiones.
Las fuerzas que se reclaman del campo progresista, más allá de sus diferencias, deben estar al servicio de la exigencias de los ciudadanos y ciudadanas. Deben entender que dialogar, negociar y ceder forman parte de la esencia de la vida política. Y que no se trata de desoír, imponer y mantenerse inflexibles; y menos, mucho menos, cuando no hay mayorías.
De lo que se haga en las próximas semanas y meses va a depender en buena medida el futuro de la izquierda en la próxima década. Y, sobre todo, va a depender que se establezcan nuevas políticas a favor de la gente o que se repita el modelo que tanto sufrimiento ha causado a la mayoría social en las últimas décadas y que se ha acentuado a lo largo de la crisis.