En las conclusiones provisionales se indica que el Ayuntamiento compró la playa con el fin de ayudar a Inversiones Las Teresitas a superar su situación económica
{mosimage}Laopinion.- La Fiscalía Anticorrupción acusa al exalcalde de Santa Cruz de Tenerife, el nacionalista Miguel Zerolo, y al exedil de Urbanismo, Manuel Parejo, también de CC, de haber mantenido una postura "antieconómica e irracional" en la fijación del precio pagado en 2001 por parte del Ayuntamiento de la capital a Inversiones Las Teresitas, empresa de Ignacio González y Antonio Plasencia, por los terrenos de la playa.
En el caso Las Teresitas, cuyo juicio podría celebrarse a principios del próximo año, se investiga la operación de compraventa con la que en 2001 el Consistorio chicharrero pagó 53 millones de euros a la empresa de Ignacio González y Antonio Plasencia por 11 parcelas de la playa chicharrera, 39 millones más del valor establecido por la exarquitecta municipal Pía Oramas. Están imputadas 13 personas, entre las que se encuentran el exalcalde y el exedil de Urbanismo, para los que la Fiscalía pide ocho años de cárcel. También se sentarán en el banquillo de los acusados los exediles Emilio José Fresco, del PSOE, y José Emilio García Gómez, del PP; los empresarios Ignacio González, Antonio Plasencia, Pedro González y Carlos Plasencia, y cinco empleados públicos.
En el auto que anuncia la apertura del juicio oral, adelantado también por este periódico el pasado mes, ya aparece Miguel Zerolo entre los imputados, pues la causa que se instruye contra él ha pasado del Supremo al Juzgado de Instrucción número 1 de Santa Cruz de Tenerife tras perder su condición de aforado, pues el mismo dimitió como senador. Por lo tanto, en las conclusiones provisionales de la Fiscalía también se incluye ya a Zerolo y se especifica que la decisión de comprar los terrenos de la playa a Inversiones Las Teresitas fue adoptada "unilateralmente" por el exalcalde.
En este sentido, la Fiscalía mantiene que Zerolo, Parejo, los empresarios Plasencia y González y el letrado de la Junta de Compensación –órgano que aglutinaba a algunos propietarios de los terrenos de la playa–, Mauricio Hayek, se dedicaron, antes de que se produjera la operación de compraventa entre el Ayuntamiento y la empresa, a "llevar a cabo diversas reuniones, ninguna de ellas documentadas y totalmente ajenas a cualquier procedimiento administrativo".
En las conclusiones provisionales se acusa a Miguel Zerolo y a Manuel Parejo de decidir comprar las parcelas con dinero del Ayuntamiento "sin que hubiese causa alguna que lo justificase" para ayudar a salir de su situación financiera a Inversiones Las Teresitas. Y es que, dice la Fiscalía, los empresarios Ignacio González y Antonio Plasencia se encontraban "totalmente apremiados porque los intereses que tenía que satisfacer su empresa a la Caja General de Ahorros de Canarias ascendían a casi dos millones de euros al año; porque dicha sociedad no tenía ingresos para hacer frente al pago de los mismos; porque los socios debían aportar dinero de su propio bolsillo para satisfacer los gastos; y, lo que es peor, porque en el año 2002 además de los intereses se deberían empezar a pagar amortizaciones de capital de cinco millones de euros al año".
Por lo tanto, y según la Fiscalía Anticorrupción, los acusados aprobaron la operación de compraventa de las 11 parcelas de la playa para ayudar a Inversiones Las Teresitas a superar su situación económica, "beneficiando única y exclusivamente a la parte privada, a costa de un grave perjuicio a las arcas municipales". Y lo hicieron, se añade en las conclusiones provisionales, a pesar de que eran "totalmente conocedores de que el Ayuntamiento ya tenía cedidos gratuitamente 31.709 metros cuadrados por el convenio de 1986, y a pesar de que se había acordado en el pleno del Consistorio de 2001 la compensación por aprovechamiento urbanístico". Asimismo, "lo hicieron al margen de la línea de deslinde marítimo terrestre de 1961 vigente en aquel momento, que afectaba a 9.076 metros cuadrados de los 109.420 que pensaba adquirir la Corporación local, por lo que en el momento de la compra, dichos terrenos eran inalienables, imprescriptibles e inembargables". Lo hicieron pese a que había varias tasaciones, incluidas la de la arquitecta municipal, daban un precio mucho más bajo que el que finalmente se pagó, tal y como indica la Fiscalía en sus escritos.
En las conclusiones provisiones se explica que una vez conseguidos todos los informes favorables a la operación, los acusados Miguel Zerolo y Manuel Parejo, "al objeto de llevar a cabo cuanto antes el acuerdo alcanzado con los empresarios, dan las instrucciones precisas para que se proceda a la aprobación de la compra de los terrenos por parte del Ayuntamiento de una manera inmediata". "Sin que conste justificación alguna a dicha urgencia, el convenio es aprobado en sesión extraordinaria y urgente celebrada por la Comisión Informativa conjunta de Urbanismo y de Economía el 18 de julio de 2001, la cual fue presidida por el exalcalde, y en la que participaron entre otros concejales, los acusados Manuel Parejo, García Gómez y Fresco Rodríguez".