Xavier Aparici Gisbert, filósofo y emprendedor social.
(A partir del artículo de Joan Subirats “Si la innovación social es la respuesta ¿cuál era la pregunta?”)
{mosimage}Lo que distingue a un estado democrático es la determinación con que afronta la redistribución de la riqueza generada en el conjunto social y el compromiso de solidaridad que asume para garantizar una convivencia digna. No agotar la cuestión de la equidad democrática en cómo distribuir los excedentes del “competir”, que es el ámbito de actuación preferido por la iniciativa estatalista, y ampliar los espacios del “compartir” es una de las novedades que aportan las iniciativas de innovación social.
Desde el conservadurismo se están planteando propuestas de cambio, desde el Estado del bienestar a la sociedad participativa, basadas en la descentralización administrativa y la ampliación de la responsabilidad individual. El modelo paradigmático de esta visión es el denominado “Gran Sociedad” (Big Society), que se está implementando, desde 2010, en Inglaterra. Partiendo del supuesto de que en el ámbito de la solidaridad hay un exceso de intervención estatal y a una sociedad débil, los últimos gobiernos de David Cameron han pretendido modificar las relaciones entre las administraciones públicas, la sociedad y el ámbito mercantil, trasladando funciones a los gobiernos locales, a las entidades del tercer sector y a la ciudadanía para, así, afrontar más eficazmente los problemas y necesidades.
Tras los buenos fines expuestos, se han aumentado los recortes en las partidas sociales, han crecido los problemas de las organizaciones sociales para lograr cumplir los objetivos, y muchas áreas de las políticas sociales han pasado a manos de iniciativas mercantiles. Un error de bulto de este diseño -y similares- es que pretende reducir el sentido de las organizaciones sociales a la mera función de ser gestores externos de servicios, olvidando su motivación alternativa en valores y reivindicaciones.
Con todo, se hace incontestable la enorme dificultad de los poderes públicos para solucionar las crecientes necesidades sociales, mientras priorizan la devolución de las deudas estatalizadas y menguan los ingresos fiscales. La crisis se extiende a los distintos ámbitos de la vida social y la desigualdad se vuelve crónica. Ante todo ello, se están poniendo en pié respuestas sociales autónomas, surgidas por iniciativa ciudadana, que propician un cambio en la estructura de poderes actual. Sin excluir la colaboración institucional en los diversos procesos, el protagonismo de estas acciones se centra en los actores sociales y en las comunidades implicadas, reivindicando la respuesta colectiva como eje de transformación social, expresión de un nuevo protagonismo cívico que reivindica la apropiación social de ámbitos antes monopolizados por los poderes públicos o la esfera mercantil.
El economista y politólogo Joan Subirats considera como ejemplos de este nuevo paradigma: “El desarrollo de propuestas socializadoras en sectores estratégicos como la energía, el agua, la banca, el transporte (o) la salud (…). El respaldo a nuevas formas de producción cooperativa (… junto a un) replanteamiento profundo del trabajo, (… su) redistribución (… y) reconsiderando las otras formas de trabajo, como los cuidados (…). (El) Impulso a medidas que promuevan la des mercantilización de las relaciones sociales (…). Incentivar por distintas vías la participación popular, favoreciendo la auto-organización, incluyendo a los movimientos sociales y promoviendo las nuevas prácticas políticas. (… Y) el conseguir aumentar el grado de autonomía de las iniciativas sociales en relación a las instituciones”. ¡Ahí es nada!
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