La Guardia Civil investiga supuestas ‘mordidas’, como la adjudicación de dos contratos millonarios de publicidad cuando era presidente de Bankia
{mosimage}Público.- El cerco a Rodrigo Rato se va cerrando. El exvicepresidente del Gobierno con José María Aznar, exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional y expresidente de Bankia afronta una investigación sobre supuestas ‘mordidas’ que abarca ya siete delitos: cinco fiscales, blanqueo de capitales y, desde este jueves, corrupción entre particulares.
La cadena Ser revela que la Guardia Civil registró este jueves los domicilios de la secretaria y del presunto testaferro.
En el epicentro se encuentra la sociedad de Rato, Kradonara, con la que la Fiscalía considera que se habría cometido un supuesto delito de autoblanqueo de capitales de 6,5 millones de euros. El testaferro estaría relacionado, precisamente, con la empresa Kradonara y con la entidad Vivaway, que está situada en el paraíso fiscal de Guernsey, una isla del canal de la Mancha bajo bandera británica.
Tras las declaraciones de la secretaria y del supuesto testaferro, Rodrigo Rato fue citado el jueves por la tarde ante la Guardia Civil para que aclarara los detalles que la UCO investiga, entre ellos supuestas ‘mordidas’ en la adjudicación de dos contratos de publicidad de Bankia, cuando presidía dicha entidad financiera. En esta adjudicación existen unos ingresos de 850.000 euros que Rato no termina de aclarar y de los que otro supuesto testaferro, Alberto Portuondo, sostiene que responden a asesorías verbales de Rodrigo Rato.
La Guardia Civil tiene previsto poner este viernes a la secretaria y al nuevo testaferro a disposición del juez Antonio Serrano-Artal, titular del juzgado de instrucción 31 de Madrid, que actualmente es el competente en la investigación del ‘caso Rato’.
Dicho juzgado de Madrid embargó la semana pasada la pensión de Rato como exdirector gerente del FMI, así como bienes y patrimonio para hacer frente a una fianza de 18 millones de euros que se ha fijado para hacer frente a las responsabilidades civiles que se puedan derivar en esta causa.
La Fiscalía Anticorrupción defendió en un reciente auto que el ‘caso Rato’ sea investigado por la Audiencia Nacional ya que, además de los delitos ya conocidos, la empresa vinculada al exvicepresidente -Kradonara- tuvo unos ingresos de 6,5 millones de euros del año 2002 al 2014, cuya procedencia la Fiscalía considera necesario investigar por un supuesto autoblanqueo de capitales. Al mismo tiempo, esta misma empresa recibió transferencias de la sociedad Vivaway, la situada en el paraíso fiscal de la isla británica, por más de 3 millones de euros.
Por su parte, Vivaway recibió desde Panamá y Bahamas cerca de 3,4 millones de euros entre los años 2012 y 2014. Rodrigo Rato tuvo unas entradas de divisas cercanas a los 2,8 millones de euros.