{mosimage}SB-Noticias.- José Hernández Pérez, quien ocupó la direcciones generales de Costas del Ministerio de Medio Ambiente y de Protección de la Naturaleza del Gobierno de Canarias, así como Carlos Enrique González Pérez y Juan Alonso Secundino Puebla, funcionarios públicos galardonados recientemente con el premio Agustín de Betancourt a la mejor obra de ingeniería civil y a su vez responsables de la dirección de obras del Paseo Litoral de La Caleta, afirmaron desconocer la existencia del BIC en sus declaraciones como imputados.
Según la Asociación Ecologista Ossinisa, el “Caso Caleta” comenzó con una denuncia presentada por ellos en el año 2006, motivada por la afección de la Zona Arqueológica de La Caleta (Valverde. El Hierro) por unas obras de acondicionamiento promovidas por el Ministerio de Medio Ambiente.
La Zona Arqueológica de La Caleta consta de una de las estaciones rupestres líbico-bereberes más importante de las Islas Canarias y más representativas del norte de África, declarada Bien de Interés Cultural (BIC) por la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias. A su valor arqueológico se suma el paleontológico, al contar con una playa fósil del cuaternario. Todo ello se encontraba identificado en el Plan Insular de Ordenación de El Hierro (PIOH) vigente, previamente a la ejecución de las obras del Paseo Litoral de La Caleta. Así pues, consta la identificación del BIC bajo la codificación 24-RH (Patrimonio Arqueológico y Paleontológico). También, en el PIOH se estima en 100 metros el radio de protección de cada evidencia o grabado; con lo cual, los técnicos que elaboraron el estudio de impacto, a pesar de haber tenido acceso a esta información, no respetaron la legalidad, aseguran.
La asociación ecologista, que no pudo personarse en la causa por falta de recursos económicos, es contraria a lo manifestado por el Ministerio de Medio Ambiente y el Abogado del Estado, quienes manifiestan no haberse percatado de la existencia del mencionado BIC sino a través de la denuncia de Ossinissa. Los ecologistas aseguran que los imputados José Hernández Pérez, Carlos Enrique González Pérez y Juan Alonso Secundino Puebla tuvieron conocimiento de la existencia del mismo en todo momento, ya que en el expediente del Paseo Litoral de La Caleta consta una alegación del grupo ecologista ATAN, con fecha del 26 de octubre de 2003, en nombre de D. Julián Cruz Alayón en la que se les advierte que la ejecución de las obras afectará a un Bien de Interés Cultural. A su vez, le exigen al Ministerio un “proyecto de protección y restauración de los grabados rupestres”. La respuesta del Ministerio de Medio Ambiente fue emitida el 17 de noviembre de 2003, y se redujo a una simple invitación a ATAN a las oficinas ministeriales para consultar el expediente de la obra. Finalmente, el Ministerio de Medio Ambiente no tuvo en cuenta las advertencias de ATAN, y dio paso al acondicionamiento del paseo litoral. La violación de la Ley de Patrimonio de Canarias perpetrada por el Ministerio supuso no sólo la afección del yacimiento arqueológico y del entorno de protección de los grabados rupestres alfabetiformes líbico-bereberes, sino también la desaparición y la manipulación de algunos de estos últimos que se ubicaban en rocas sueltas aledañas al camino tradicional.
Según Ossinissa, el auto del archivo de la causa por prescripción pone en evidencia a todas las instituciones públicas y al propio sistema judicial, desprotegiendo no sólo el Patrimonio canario, sino también vulnerando el derecho a una tutela judicial efectiva.
En el expediente consta que se le solicitó informe urbanístico municipal, pero este no se llegó emitir. No obstante, se emitió un informe desfavorable de la Unidad de Patrimonio Histórico del Cabildo de El Hierro en el que se mencionaba la afección del entorno inmediato de la Zona Arqueológica de la Caleta, imponiendo la protección del BIC. Sin embargo, según el fiscal, “por un conjunto de circunstancias concurrentes” este informe no se remite a la Demarcación de Costas, añadiendo que “no existía señalización o cartel alguno que indicara la existencia del BIC”.
Según los ecologistas, ni el Ayuntamiento de Valverde ni el Cabildo de El Hierro ni la Dirección General de Patrimonio de Canarias ni la Inspección de Patrimonio ni El Ministerio de Medio Ambiente protegieron la Zona Arqueológica.
Cabe destacar, para mayor gravedad, que también se imputó al arquitecto José J. Bastarrica Martí, encargado del proyecto, el cual no ha prestado declaración como imputado por “no haber sido localizado hasta la fecha”. Así mismo, queda demostrado que el arquitecto técnico firmante del proyecto, D. Gregorio González, nunca participó en dicho proyecto.
Ossinisa concluye afirmando que, durante los casi diez años de procedimiento, les fue negado todo tipo de información por parte de las instituciones implicadas, Lamenta especialmente, por tratarse del primer interesado en proteger el patrimonio insular, la actitud obstruccionista del Cabildo Insular y el desinterés manifestado por parte de la unidad de Patrimonio.
Por otra parte, mientras que los imputados fueron defendidos gratuitamente por el Abogado del Estado, a la Asociación Ossinissa se les negó el derecho a la justicia gratuita, al no estar declarada de interés público (declaración que deben emitir los mismos denunciados). Manifiestan que el auto de archivo evidencia un sistema ausente de justicia que promociona políticamente a los infractores, los cuales quedan impunes por la prescripción de sus delitos mientras nuestro patrimonio histórico queda en las mismas condiciones de abandono que permitieron su afección.
Por último, la Asociación Ecologista Ossinissa, emplaza a la Corporación Insular a realizar una auditoría del estado de conservación del Patrimonio Insular, a una redefinición de las funciones y la responsabilidad de los técnicos de Patrimonio y a personarse, en todo caso, como acusación siempre que existan daños que afecten al patrimonio insular.