Gustavo Matos: El PP se queda solo, también en Canarias, con su ‘ley mordaza’
La Cámara regional insta al Gobierno de Canarias a que pida al Estado la derogación de esta norma en las Cortes Generales
{mosimage}SB-Noticias.- Los miembros del Parlamento de Canarias aprobaron hoy en sesión plenaria, por 46 votos a favor y 12 en contra, una proposición no de ley en la que muestran su rechazo al contenido de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana.
Además, la Cámara regional insta al Gobierno de Canarias a que pida al Ejecutivo central que promueva en las Cortes Generales la derogación de esta norma.
La propuesta fue defendida por el diputado socialista Gustavo Matos y en su debate participación también Juan Manuel García Ramos, del Grupo Nacionalista; Emilio Moreno, del Grupo Popular; Juan José Márquez, del Grupo Parlamentario Podemos, y María Esther González, de Nueva Canarias.
El Grupo Popular presentó una enmienda de sustitución que fue rechazada.
Afirma que se trata de “una ley hecha por un Gobierno que ha perdido la calle, encerrado en su mayoría absoluta y que necesita defenderse de la ciudadanía; es una ley no de seguridad ciudadana, sino más bien una ley para proteger al Gobierno de las protestas de una ciudadanía que ha sido ejemplar en su comportamiento democrático”
El pleno del Parlamento de Canarias aprobó sacó adelante este viernes, pese al rechazo del Partido Popular, la proposición no de ley del PSOE por la que se expresa su rechazo a la regulación contenida en la Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como ‘ley mordaza’, así como a todas aquellas medidas que supongan un ataque a los derechos y libertades públicas de la ciudadanía o representen un retroceso en la calidad democrática. También se pide al Gobierno de Canarias que solicite al Ejecutivo central que promueva su derogación en las Cortes Generales.
En la defensa de la iniciativa, el portavoz de Justicia del PSOE, Gustavo Matos, recordó que la democracia “se articula en torno a un puñado de libertades básicas sin cuya existencia, hablar de un régimen democrático es una simple ficción, como la libertad de poder expresarse en libertad, la posibilidad de unirse libremente con otros ciudadanos, la posibilidad de moverse sin restricciones en el espacio público, la de manifestarse frente a los gobernantes de manera pacífica o a no ser condenado sin un proceso justo”.
Sin embargo, dijo, desde el pasado 1 de julio, el ejercicio pleno de alguna de estas libertades básicas “está en peligro en nuestro país a raíz de la aprobación por el PP de la llamada ley mordaza, una más de esas leyes que afectan a la convivencia más elemental entre los españoles que el PP ha decidido modificar en solitario sin el apoyo de ninguna otra fuerza parlamentaria, como hicieron con la reforma laboral, la ley de sostenibilidad de los ayuntamientos o como pretenden hacer ahora con la ley del Tribunal Constitucional”.
Como recordó, algunas de las acciones que ya serán susceptibles de ser sancionadas son, por ejemplo, manifestarse en el exterior del Parlamento, fotografiar o grabar la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad, frenar un desahucio, la resistencia pacífica con acciones como sentadas o fórmulas de protesta similares. “Esta ley ha recibido el rechazo no sólo de todo el arco parlamentario, sino también de toda clase de organizaciones sociales españolas e internacionales como Cáritas, Defensor del Pueblo, CEAR o Amnistía Internacional.
Matos denunció que el texto del PP “elimina las faltas penales, elimina el control judicial previo a la hora de sancionar -sanciones además que se imponen sin tener en cuenta la condición económica del ciudadano a la hora de fijar su cuantía, como sí sucedía en el caso de las faltas penales”. Indicó que ya se han dado cientos de casos de personas afectadas por esta ley, como el de un joven de Murcia multado con 400 euros por subir a las redes sociales una foto de un coche de la Guardia Civil aparcado en una plaza de minusválidos o la de un vecino de Málaga sancionado por llamar "colega" a otro agente de la Guardia Civil. “Ambos han sido sancionados sin control judicial previo al entender los agentes denunciantes que atentaban contra el respeto y la consideración”.
El parlamentario del PSOE remarcó que esta ley “trata de amedrentar a la ciudadanía en el ejercicio de sus libertades públicas” y tildó de “aberrante” la creación de un registro de infractores como prevé el artículo 43.1. “Esta es una ley hecha por un Gobierno que ha perdido la calle, encerrado en su mayoría absoluta y que necesita defenderse de la ciudadanía; es una ley no de seguridad ciudadana, sino más bien una ley para proteger al Gobierno de las protestas de una ciudadanía que ha sido ejemplar en su comportamiento democrático demostrando estar muy por encima de su Gobierno en madurez democrática, habiendo soportado el desguace del estado del bienestar y la demolición de libertades individuales que han sido estos años de plomo sin un incidente que reseñar”, dijo.