{mosimage}SB-Noticias.- Sí se puede califica de “escandalosa la sumisión de Bermúdez ante la dirección de TITSA”, según palabras del portavoz del grupo ecosocialista. Arcila se ha expresado así tras conocer un informe reciente de la Intervención municipal en el que se asegura que la corporación paga a TITSA en función de los datos que facilita la empresa pública de transportes, sin que el Ayuntamiento compruebe por ningún medio el detalle de kilometraje, viajeros, jornadas efectivas, pasajeros y combustible declarado por esta empresa.
El concejal de Sí se puede prevé solicitar una auditoría sobre la gestión del transporte urbano en la capital tinerfeña tras conocer este informe, emitido por el interventor municipal a raíz de un borrador de convenio de 2015 y prórroga del 2016 destinado a la financiación del transporte urbano de viajeros. En el documento, el funcionario señala que “debería establecerse algún mecanismo por parte del Ayuntamiento que permita comprobar” estos datos.
“Bermúdez nunca ha defendido los intereses municipales y siempre se ha plegado a las exigencias de la dirección de TITSA”, asegura Arcila, quien recuerda que actualmente el coste del servicio de transporte urbano de guaguas supone para el Ayuntamiento de Santa Cruz un gasto de 16 millones y medio de euros.
Incluso, según el convenio vigente, la corporación debe pagar los gastos del Intercambiador sin que TITSA haga partícipe al Ayuntamiento del beneficio generado por esta infraestructura. Al respecto, el interventor es claro cuando señala en su informe que “en todo caso, debería de participar en igual proporción (42,10%), en los ingresos que genere la explotación de la instalación”. Además, para la renovación del convenio, la empresa de transporte urbano establece un significativo aumento de 500.000 euros a 800.000 euros.
Sin embargo destaca Arcila, “en los más de cuatro años que lleva gobernando, el alcalde Bermúdez no ha reclamado un solo euro de los ingresos del Intercambiador y no ha rechistado lo más mínimo ante el dinero que el Cabildo le está sustrayendo al municipio de Santa Cruz delante de sus narices”.
El interventor cuestiona también la forma en que el convenio obliga al Ayuntamiento a pagar los gastos asociados al renting de nuevos vehículos, sobre lo que vuelve a criticar el funcionario, “no se explicitan los criterios utilizados para realizar las estimaciones recogidas en el Convenio”.
Sí se puede exige que se debata este asunto en el próximo pleno del mes de septiembre y que no se limite a abordarse en las comisiones informativas municipales, que fue como se acordó en el pleno de 30 de abril de 2015 en el que se argüía para ello razones de urgencia, ya que estos motivos ya han desaparecido, como señala el propio informe del interventor.
“Esperemos que podamos contar con un debate plenario en el que escuchemos al alcalde defendiendo los intereses de Santa Cruz y no los de sus excompañeros de la corporación insular”, concluye Arcila.