Daniel Rojas. AVN.
{mosimage}Tras el funeral esta semana de Freddie Gray, joven afroamericano de 25 años muerto bajo custodia policial por falta de atención médica, la ciudad de Baltimore, ubicada en Maryland, reavivó con masivas protestas de calle el rechazo de la comunidad negra hacia los frecuentes abusos policiales en contra de esta población, así como la reinante impunidad con que ocurren en Estados Unidos.
Las heridas a los funcionarios de seguridad fueron causadas cuando los manifestantes les lanzaron piedras, ladrillos y botellas, ante lo cual los agentes respondieron con gases lacrimógenos y gas pimienta.
Este estallido de violencia y tensión racial es considerado uno de los más graves desde las protestas que siguieron a la muerte de Michael Brown, un joven afroamericano que murió baleado por un policía blanco en Ferguson, Missouri, en agosto pasado, durante un altercado y mientras estaba desarmado.
Sin olvidar otras recientes víctimas del racismo y exceso policial en Estados Unidos, como sucedió con Eric Garner, en Nueva York; en Cleveland se presentó un caso similar, cuando un oficial disparó y mató a un niño negro de 12 años.
Entretanto, en Phoenix un policía asesinó al afroamericano Rumain Brisbon, de 34 años, y este lunes Terrance Kellom, de 20 años de edad y "sospechoso" de un asalto, no portaba armas de fuego sino un martillo y murió luego de ser baleado por un oficial de la fuerza en Detroit.
Ante la oleada de hechos violentos en Baltimore, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, calificó este martes como criminales a los responsables de los disturbios y, luego de denominar como "inquietantes" los incesantes abusos policiales contra la comunidad negra, sentenció que "no hay excusa para el tipo de violencia que vimos ayer".
Pero fue el mismo Obama quien el 20 de febrero de 2014, al término de la Cumbre de Líderes de América del Norte en la ciudad mexicana de Toluca, llamó al gobierno de Venezuela "a liberar a los manifestantes detenidos y a iniciar un diálogo real".
Por aquellos días, la derecha venezolana ejecutaba el plan insurreccional fallido llamado "La Salida" que buscaba el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro, constitucionalmente electo por el pueblo venezolano. No obstante, en contraposición a la violencia en Baltimore, originada ante la impunidad hacia los constantes crímenes cometidos contra la comunidad negra por las fuerzas policiales, en Venezuela "La Salida" no fue producto de un estallido social, sino que se gestó a través de sectores de la derecha nacional con un objetivo político que derivó en terrorismo.
Este plan se inició en el centro de Caracas el 12 de febrero de 2014, cuando una movilización promovida por el derechista Leopoldo López, hoy procesado por la justicia venezolana, terminó en ataques vandálicos a la sede del Ministerio Público (MP) y el asesinato inicial de dos personas.
"La Salida", que se extendió hasta junio del mismo año, también promovió violencia y terrorismo en las calles de algunos municipios del país gobernados por la derecha, a través de las llamadas guarimbas, que dejaron un saldo de 43 personas asesinadas, 878 heridos, además se atentó contra la vida de niños y trabajadores, se impidió el derecho al libre tránsito, con la colocación de guayas, aceite y otros elementos en vías principales.
Además, a los ejecutores directos del referido plan les fueron incautadas armas de fuego (incluidas armas de guerra, pistolas con mira láser) y municiones de diversos calibres, explosivos C4, lanzacohetes improvisados, miles de artefactos denominados "miguelitos" utilizados para dañar cauchos y provocar accidentes (en particular de motos) y bombas lacrimógenas, entre otras herramientas destinadas para ejecutar la violencia.
A pesar de la comprobada naturaleza terrorista de estas acciones en Venezuela, Washington, que haciendo valer las leyes de su país procesa a los violentos de Baltimore, ha clamado por la liberación "inmediata" de los manifestantes detenidos en Venezuela, entre ellos Leopoldo López, indicando que "la forma más apropiada de resolver las diferencias es mediante consultas y diálogo, no con el arresto de personas que pueden ser oponentes políticos", tal como declarara, igualmente en febrero de 2014, la portavoz adjunta del Departamento de Estado, Marie Harf.
"En el caso de López y en todos los demás casos, pedimos un proceso debido y la liberación inmediata de los que han sido detenidos en Venezuela mientras expresaban pacíficamente sus derechos a la libertad de expresión y asamblea, unos derechos que el gobierno venezolano tiene obligación de proteger", subrayó la vocera.
Declaraciones injerencistas como las anteriores han sido una constante de parte de la Casa Blanca, sobre todo en las últimas de cambio. En ese sentido, el presidente Maduro resaltó anteriormente que en los primeros 45 días de 2015 Estados Unidos había emitido unos 55 pronunciamientos en contra de Venezuela. El más reciente resultó en la controvertida y mundialmente rechazada orden ejecutiva firmada por Obama en la que se califica al país suramericano como una "amenaza extraordinaria e inusual a la seguridad nacional y política exterior estadounidense".
Sin embargo, mientras desde Estados Unidos se aboga por la liberación en Venezuela de los responsables del terrorismo de 2014, en el país latinoamericano no solo estos están detenidos sino que de los 39 que permanecen privados de libertad 14 son funcionarios de seguridad, tal como informó el pasado 26 de abril la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz.
Entre los delitos que son atribuidos a los funcionarios de seguridad detenidos, figuran homicidios, tratos crueles e inhumanos y uno por un caso de tortura.
Entretanto, en Baltimore las calles continúan enardecidas ante la muerte de Gray y la impunidad por parte del gobierno de Estados Unidos ante la brutalidad policial contra la población afroamericana, signo de que la discriminación racial sigue siendo política de Estado en ese país.
Al respecto, un grupo de seis expertos independientes de la Organización de Naciones Unidas (ONU) expresaron, el pasado 5 de diciembre de 2014, que existe "una preocupación legítima" por la posibilidad de que exista en Estados Unidos un patrón de impunidad a la brutalidad ejercida contra ciudadanos afroamericanos, reportó un despacho de Prensa Latina.
Se referían, específicamente, a la decisión de un Gran Jurado en Staten Island (Nueva York) de no procesar a un policía blanco que mató al ciudadano afroamericano desarmado, Eric Garner, tras aplicarle una llave de estrangulamiento prohibida.
Ese hecho sucedió una semana después de que otro Gran Jurado de San Luis (Missouri) decidiera también que no fuese acusado otro policía blanco que disparó en repetidas ocasiones a un joven negro desarmado, Michael Brown, y que también provocaron enorme indignación y violentas protestas en todo el país, como las que ahora tienen lugar en Baltimore.