{mosimage}SB-Noticias.- La supuesta petición fiscal se refiere al expediente sancionador incoado por el Cabildo de Lanzarote por la representación de un nacimiento navideño en Bodegas Stratus en diciembre de 2012 que supuso la destrucción de socos de viñas y no por la construcción de la bodega como se pretende dar a entender.
El presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, ante la noticia aparecida en un medio de comunicación local sobre la decisión de la Fiscalía de citarle a declarar en calidad de testigo, junto al consejero Francisco Fabelo, por la resolución del expediente sancionador de la primera Corporación insular contra la empresa BTL, ha manifestado desconocer la mencionada citación, así como su sorpresa por la mediatización del caso que hace que dos testigos hayan tenido que conocer la mencionada citación por los medios de comunicación y no de forma oficial por la Fiscalía. “No me consta –ha explicado San Ginés– haber sido citado como testigo ni la petición del fiscal, ni encuentro ninguna explicación razonable, que pediré si se confirma, del porqué los interesados tenemos que enterarnos del asunto por un medio de comunicación concreto, que además vincula tendenciosamente la supuesta noticia con el caso Bodegas Stratus con el que no tiene absolutamente nada que ver”.
Hay que recordar que, siempre según este medio de comunicación, la mencionada citación, sobre lo establecido por la Fiscalía en su escrito hace referencia a sendas sanciones impuestas por el Consejo de Gobierno insular a la empresa BTL Lanzarote por importe de 12.000 y 2.000 euros, respectivamente, por haber destruido diez socos de parra “omitiendo el deber de conservación de los mismos, obligando a la restitución de los socos, devolviendo la zona a su estado anterior” y la conclusión de la Fiscalía de que “no se ha resuelto el recurso, ni se ha hecho efectiva la sanción, ni se ha procedido por BTL Lanzarote a restituir el patrimonio histórico insular dañado a su estado primitivo”. Asimismo, otra de las conclusiones de la Fiscalía apunta que “tampoco consta que se haya adoptado por la Presidencia, ni por las consejerías con competencias en materia de Medio Ambiente, Política Territorial y/o Patrimonio Histórico del Cabildo, ninguna medida tendente al restablecimiento del orden jurídico perturbado, o a exigir las correspondientes responsabilidades administrativas y/o penales a Juan Francisco Rosa como representante legal de la entidad infractora”.
Al respecto, Pedro San Ginés ha adelantado que “si finamente la juez decide citarme como aparentemente solicita el fiscal, estaré encantado de aclararle a la jueza y al fiscal exactamente lo mismo que ahora me veo abocado a aclarar a la opinión pública, esto es que ni hay, ni puede haber, dejación alguna en el procedimiento porque se trata de un expediente vivo que no ha caducado, ni ha prescrito el delito, de tal forma que el Departamento de Recaudación del Cabildo ha sido rigurosamente escrupuloso con el procedimiento dado que hasta que no concluya la resolución de los recursos, que tanto a la sanción como al delito ha presentado el afectado en los juzgados, no se puede proceder al cobro de las sanciones, ni en este ni en ningún otro expediente”.
Igualmente, el presidente del Cabildo de Lanzarote concluyó afirmando que “lo que demuestra la sanción impuesta es justo lo contrario de lo que intenta trasladar la supuesta noticia, y es que no hay ningún trato de favor a nadie en este caso, como tampoco hay ni habrá persecuciones a nadie. En todos las casos en que un acto administrativo de imposición de una sanción está recurrido y por tanto sub iúdice, no se ejecuta el cobro hasta tanto haya pronunciamiento judicial y este caso no va a ser distinto al de cualquier otro ciudadano. Y exactamente lo mismo ocurre con la restauración física de una realidad alterada cuando ésta resolución ha sido recurrida y no cuenta con pronunciamiento judicial al respecto, en este y en cualquier otro caso”. No obstante, hay que aclarar que el Cabildo de Lanzarote se ha mantenido firme ante los tribunales en la defensa de la sanción por la agresión medioambiental objeto de la resolución.
Hay que recordar que, siempre según este medio de comunicación, la mencionada citación, sobre lo establecido por la Fiscalía en su escrito hace referencia a sendas sanciones impuestas por el Consejo de Gobierno insular a la empresa BTL Lanzarote por importe de 12.000 y 2.000 euros, respectivamente, por haber destruido diez socos de parra “omitiendo el deber de conservación de los mismos, obligando a la restitución de los socos, devolviendo la zona a su estado anterior” y la conclusión de la Fiscalía de que “no se ha resuelto el recurso, ni se ha hecho efectiva la sanción, ni se ha procedido por BTL Lanzarote a restituir el patrimonio histórico insular dañado a su estado primitivo”. Asimismo, otra de las conclusiones de la Fiscalía apunta que “tampoco consta que se haya adoptado por la Presidencia, ni por las consejerías con competencias en materia de Medio Ambiente, Política Territorial y/o Patrimonio Histórico del Cabildo, ninguna medida tendente al restablecimiento del orden jurídico perturbado, o a exigir las correspondientes responsabilidades administrativas y/o penales a Juan Francisco Rosa como representante legal de la entidad infractora”.
Al respecto, Pedro San Ginés ha adelantado que “si finamente la juez decide citarme como aparentemente solicita el fiscal, estaré encantado de aclararle a la jueza y al fiscal exactamente lo mismo que ahora me veo abocado a aclarar a la opinión pública, esto es que ni hay, ni puede haber, dejación alguna en el procedimiento porque se trata de un expediente vivo que no ha caducado, ni ha prescrito el delito, de tal forma que el Departamento de Recaudación del Cabildo ha sido rigurosamente escrupuloso con el procedimiento dado que hasta que no concluya la resolución de los recursos, que tanto a la sanción como al delito ha presentado el afectado en los juzgados, no se puede proceder al cobro de las sanciones, ni en este ni en ningún otro expediente”.
Igualmente, el presidente del Cabildo de Lanzarote concluyó afirmando que “lo que demuestra la sanción impuesta es justo lo contrario de lo que intenta trasladar la supuesta noticia, y es que no hay ningún trato de favor a nadie en este caso, como tampoco hay ni habrá persecuciones a nadie. En todos las casos en que un acto administrativo de imposición de una sanción está recurrido y por tanto sub iúdice, no se ejecuta el cobro hasta tanto haya pronunciamiento judicial y este caso no va a ser distinto al de cualquier otro ciudadano. Y exactamente lo mismo ocurre con la restauración física de una realidad alterada cuando ésta resolución ha sido recurrida y no cuenta con pronunciamiento judicial al respecto, en este y en cualquier otro caso”. No obstante, hay que aclarar que el Cabildo de Lanzarote se ha mantenido firme ante los tribunales en la defensa de la sanción por la agresión medioambiental objeto de la resolución.
Por último, respecto a la conclusión del referido medio de comunicación, que ha publicado que tanto en un escrito remitido al Juzgado como en declaraciones públicas, el presidente del Cabildo ha cuestionado el contenido del informe sobre el Plan Especial de La Geria elaborado por la técnico de la primera Corporación insular, Joana Macías, Pedro San Ginés ha vuelto a recordar, tal y como recoge el documento adjunto, que “no soy yo, sino los Servicios Jurídicos del Cabildo de Lanzarote, los que rebaten contundentemente el contenido de dicho informe”.