Antonio Espinosa. Candidato de Podemos
{mosimage}Las políticas de bienestar social han sido en su origen, impulso y desarrollo una seña de identidad de las fuerzas políticas y sociales de la izquierda. A lo largo del siglo XX gran parte de las movilizaciones sociales que han protagonizado la izquierda política, el movimiento sindical y otras organizaciones sociales de carácter progresista, han tenido como objetivos el derecho a la salud, las pensiones, la educación, la protección frente al desempleo, los servicios sociales, la lucha contra la pobreza.
Hoy tanto fuera como en las Islas, tan solo los sectores mas ultraliberales defienden el desmantelamiento de las políticas de bienestar social e incluso allí donde han estado en el gobierno, no han podido realizar todo lo que inicialmente proponían. Está claro que los gobiernos canarios han intentado aplicar estas políticas ultraliberales, llegando al paroxismo con este último ejecutivo de Paulino Rivero, especialmente con la actual consejera de Bienestar Social, Inés Rojas.
Por ello, no es exagerado decir que hoy en nuestra sociedad canaria las políticas de bienestar social son una de las más claras señas de identidad del sistema político democrático. Bienestar social y democracia son dos realidades que están estrechamente ligadas. El Estado de Bienestar Social ha transformado radicalmente las condiciones de vida de la inmensa mayor parte de los países desarrollados. La espectacular prolongación de la vida, 30 años mas de media en tan solo un siglo; la erradicación de la mortalidad infantil; las mejores condiciones de salud, son resultado directo de los sistemas públicos y universales de salud. Los avances en la erradicación de la pobreza, la movilidad en la durante siglos impermeable estratificación social, con el crecimiento las clases medias, la incorporación de la mujer al trabajo, los avances científicos y el mayor nivel cultural de la población, son fruto de la generalización de la educación y de la mejora de la calidad de la enseñanza publica.
El que hoy ser anciano, enfermo, parado, persona con discapacidad, no conduzca irreversiblemente al hambre, la miseria, el abandono y la marginación, son logros de los sistemas públicos de pensiones y de prestaciones de desempleo. Sin embargo, cuando todavía existen profundas carencias sociales, cuando hay colectivos sociales a los que no alcanza el bienestar social o lo hace de forma deficitaria o cuando una parte importante de mujeres tienen que sustituir con su trabajo las insuficiencias de las políticas sociales, grupos y personas vinculados a poderosos intereses empresariales y de la derecha siguen cuestionando y atacando el Estado de Bienestar Social, tal como ocurre en estos momentos en nuestro archipiélago.
En unos casos los sectores mas neoliberales defienden abiertamente la reducción del gasto publico en políticas sociales. En otros, de forma mas sofisticada y evitando el desgaste electoral que la medidas de recorte les pueden acarrear, propugnan la privatización de la gestión de las políticas de bienestar social, trasvasando ingentes recursos públicos al ámbito de gestión privada.
Tras la aparente preocupación sobre la sostenibilidad a largo plazo del sistema de pensiones, la alarma ante el crecimiento del gasto sanitario, las lamentaciones por el deterioro de la calidad de la enseñanza, los supuestos efectos perniciosos en el empleo de las cotizaciones sociales, la extensión del fraude o la rebelión fiscal como respuesta a los supuestamente elevados impuestos, hay única y exclusivamente un interés mercantil, para apropiarse de la gestión de los actuales sistemas de bienestar social. Las políticas de bienestar social se han caracterizado por la garantía pública de su viabilidad, por la solidaridad intergeneracional e interterritorial de sus prestaciones, por la gestión socialmente participada. Esto es lo que cuestionan hoy sectores de la derecha y empresariales. Propugnan una gestión privada y una concepción estrictamente de seguro, "cada uno recibe según lo que ha aportado" y todo ello sin control social y con un amplio margen para el beneficio mercantil.
Las experiencias de este modelo privado de bienestar social, son elocuentes al respecto, no ya en términos de exclusión social de sectores y de ruptura de la solidaridad, es que además la gestión es más cara, la calidad menor y los riesgos mas frecuentes.
Pero en definitiva tras la perspectiva de que hay que sustituir los Estados de Bienestar Social, por las sociedades de bienestar social, hay una meridiana apuesta por la reducción de las políticas de bienestar social, por la privatización de derechos, por la desigualdad. Hoy es necesario seguir hablando del ‘Estado de Bienestar Social’, como reflejo inequívoco de que, en unas sociedades que aun arrastran profundas desigualdades y diferencias, el papel del Estado, de lo publico, en la corrección de esas desigualdades, en la garantía del bienestar social, es decisivo y aunque como después veremos hay un protagonismo evidente por parte de la sociedad en la organización y realización de la solidaridad social, hay que seguir hablando de los Estados de Bienestar Social, con ese papel activísimo de lo publico. Pero también hay otra forma de debilitar o al menos congelar las políticas sociales, como es dar la mayor prioridad a la reducción de impuestos, o la obsesión radical con el déficit cero, lo que resulta incompatible con la consolidación y mejora del Estado de Bienestar Social.
Por eso hay que desarrollar una política fiscal razonable, progresiva, equilibrada y eficaz y trasladar a la opinión publica los efectos beneficiosos para la mayoría de población, aunque no sea tarea fácil, es una responsabilidad fundamental de un gobierno progresista y de las organizaciones políticas y sociales que aspiran a una sociedad mas justa y solidaria, no como hace actualmente el gobierno canario, de la mano de su consejero de Economía y Hacienda, más pendiente de este déficit cero, que de unos servicios sociales progresistas, destinados a proteger a los colectivos más débiles.
Y ese es uno de mis compromisos más serios y por el que más empeño pondré, porque es el que define o no a un político comprometido o no con sus ciudadanos.