Los grupos parlamentarios europeos reclaman a la Comisión y al Parlamento europeos la certificación oficial de la extinción de los permisos de perforación
{mosimage}SB-Noticias.– El Parlamento Europeo, a través de la vicepresidenta de los Demócratas Liberales (Izaskun Bilbao, ALDE), ha remitido a la Oficina de Acción Global del Cabildo de Lanzarote (OAG) una notificación firmada por el Comisario de Medio Ambiente, Karmenu Vella, informando que la Comisión Europea cerrará la investigación sobre las prospecciones cuando reciba información oficial de las autoridades españolas confirmando el abandono de las operaciones por parte de Repsol.
Paralelamente, la eurodiputada de Izquierda Plural, Marina Albiol, ha enviado a la OAG otra respuesta del Comisario Vella informando que el Espacio Marino del Oriente y Sur de Lanzarote y Fuerteventura, propuesto en la actualidad para ser protegido con la figura de Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), es una de las zonas que se abordarán para subsanar las actuales insuficiencias de la red Natura 2000 marina, y especifica que “España se ha comprometido a presentar en los próximos meses esas propuestas a la Comisión”.
El Cabildo de Lanzarote, en coordinación con el Cabildo de Fuerteventura, ha evaluado estas respuestas derivadas de los procesos impulsados en el último año por distintas entidades canarias en Europa, y que reciben un apoyo imprescindible y muy activo de los Verdes Europeos, la Alianza Democrática y Liberal, la Izquierda Plural, y los Socialdemócratas. Para la administración lanzaroteña, ambas respuestas evidencian que la Comisión Europea afronta una situación compleja en este asunto, ya que la investigación abierta en noviembre de 2014 por la Dirección General de Medio Ambiente, denominada “PILOT 7136/14/ENVI”, permanece en una situación de opacidad total y absoluta porque no ha emitido ningún tipo de valoración sobre los trabajos en curso, hecho absolutamente inédito y extraño en el seno de la Comisión.
A juicio de los denunciantes canarios, es muy probable que este silencio obedezca al temor derivado del propio objeto investigado, es decir, la correcta o incorrecta aplicación de la normativa europea por parte de España en la concesión de los permisos a Repsol. En caso de que los técnicos de la Comisión Europea detectaran irregularidades, como elementos arbitrarios u otro tipo de decisiones que pudieran no ajustarse al derecho comunitario, España afrontaría un escenario preocupante que sería aún mayor en el caso del actual comisario de Energía y Clima, Miguel Árias Cañete, ya que la tramitación de los permisos a Repsol por el Ministerio de Medio Ambiente tuvo lugar durante su mandato como ministro, y mientra era accionista de dos empresas petroleras. Además, la respuesta europea afirmando que la “investigación se cerrará en cuanto la Comisión reciba confirmación oficial de la autoridades españolas” sobre el abandono de Repsol, genera para el Cabildo de Lanzarote serias pero no nuevas dudas sobre la imparcialidad de este organismo presidido por Jean-Claude Juncker. Una investigación de más de cuatro meses no puede cerrarse y olvidarse por el hecho de que la petrolera abandone las operaciones, sino que debe concluir revelando el fundamento esencial de las denuncias, es decir, determinando las irregularidades, el grado preciso de incumplimiento y, sobre todo, exigiendo las responsabilidades oportunas a las autoridades españolas que dictamine la legislación comunitaria.
Paralelamente, la Comisión indica que “se puso en su conocimiento el hecho de que el promotor del proyecto había renunciado a él”, pero no indica ni la entidad o persona que informó a la Comisión sobre este respecto, ni refleja si, tras recibir esa información, la Comisión se ha dirigido a España para que certifique el abandono de los sondeos por parte de la multinacional. Por ello, el Cabildo de Lanzarote ha reenviado a los grupos parlamentarios europeos un extenso dossier documentando las posibles infracciones a la Ley de Hidrocarburos, los incumplimientos de la petrolera a las condiciones establecidas en los permisos, o el abandono de la zona, entre otros. Y ha solictado de nuevo su intervención para que tanto la Comisión como el Parlamento respondan con urgencia a estas cuestiones y se avance en la resolución de la investigación PILOT, se depuren responsabilidades políticas en Bruselas y en Madrid, y se certifique la extinción de unos permisos que pueden ya no estar en vigor.
Por último, la primera corporación de Lanzarote ha dirigido también distintos escritos a la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea y a la Presidencia del Parlamento, para que la propuesta de LIC contemple una zonificación que incluya íntegramente la zona de los sondeos, tal y como contemplaba el Ministerio de Medio Ambiente en 2011 como Área Marina Protegida (MPA). Hay que recordar que España aprobó una Orden Ministerial el pasado 24 de febrero sobre este LIC, pero excluía la zona reclamada por Canarias y por la comunidad científica. Ahora que la Comisión expresa que la propuesta puede contener insuficiencias y que España puede presentar nuevas propuestas, el Cabildo de Lanzarote aportará las oportunas argumentaciones para que toda la zona sea protegida en el menor plazo posible y la amenaza petrolera desaparezca definitivamente de este enclave.
El Cabildo de Lanzarote, en coordinación con el Cabildo de Fuerteventura, ha evaluado estas respuestas derivadas de los procesos impulsados en el último año por distintas entidades canarias en Europa, y que reciben un apoyo imprescindible y muy activo de los Verdes Europeos, la Alianza Democrática y Liberal, la Izquierda Plural, y los Socialdemócratas. Para la administración lanzaroteña, ambas respuestas evidencian que la Comisión Europea afronta una situación compleja en este asunto, ya que la investigación abierta en noviembre de 2014 por la Dirección General de Medio Ambiente, denominada “PILOT 7136/14/ENVI”, permanece en una situación de opacidad total y absoluta porque no ha emitido ningún tipo de valoración sobre los trabajos en curso, hecho absolutamente inédito y extraño en el seno de la Comisión.
A juicio de los denunciantes canarios, es muy probable que este silencio obedezca al temor derivado del propio objeto investigado, es decir, la correcta o incorrecta aplicación de la normativa europea por parte de España en la concesión de los permisos a Repsol. En caso de que los técnicos de la Comisión Europea detectaran irregularidades, como elementos arbitrarios u otro tipo de decisiones que pudieran no ajustarse al derecho comunitario, España afrontaría un escenario preocupante que sería aún mayor en el caso del actual comisario de Energía y Clima, Miguel Árias Cañete, ya que la tramitación de los permisos a Repsol por el Ministerio de Medio Ambiente tuvo lugar durante su mandato como ministro, y mientra era accionista de dos empresas petroleras. Además, la respuesta europea afirmando que la “investigación se cerrará en cuanto la Comisión reciba confirmación oficial de la autoridades españolas” sobre el abandono de Repsol, genera para el Cabildo de Lanzarote serias pero no nuevas dudas sobre la imparcialidad de este organismo presidido por Jean-Claude Juncker. Una investigación de más de cuatro meses no puede cerrarse y olvidarse por el hecho de que la petrolera abandone las operaciones, sino que debe concluir revelando el fundamento esencial de las denuncias, es decir, determinando las irregularidades, el grado preciso de incumplimiento y, sobre todo, exigiendo las responsabilidades oportunas a las autoridades españolas que dictamine la legislación comunitaria.
Paralelamente, la Comisión indica que “se puso en su conocimiento el hecho de que el promotor del proyecto había renunciado a él”, pero no indica ni la entidad o persona que informó a la Comisión sobre este respecto, ni refleja si, tras recibir esa información, la Comisión se ha dirigido a España para que certifique el abandono de los sondeos por parte de la multinacional. Por ello, el Cabildo de Lanzarote ha reenviado a los grupos parlamentarios europeos un extenso dossier documentando las posibles infracciones a la Ley de Hidrocarburos, los incumplimientos de la petrolera a las condiciones establecidas en los permisos, o el abandono de la zona, entre otros. Y ha solictado de nuevo su intervención para que tanto la Comisión como el Parlamento respondan con urgencia a estas cuestiones y se avance en la resolución de la investigación PILOT, se depuren responsabilidades políticas en Bruselas y en Madrid, y se certifique la extinción de unos permisos que pueden ya no estar en vigor.
Por último, la primera corporación de Lanzarote ha dirigido también distintos escritos a la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea y a la Presidencia del Parlamento, para que la propuesta de LIC contemple una zonificación que incluya íntegramente la zona de los sondeos, tal y como contemplaba el Ministerio de Medio Ambiente en 2011 como Área Marina Protegida (MPA). Hay que recordar que España aprobó una Orden Ministerial el pasado 24 de febrero sobre este LIC, pero excluía la zona reclamada por Canarias y por la comunidad científica. Ahora que la Comisión expresa que la propuesta puede contener insuficiencias y que España puede presentar nuevas propuestas, el Cabildo de Lanzarote aportará las oportunas argumentaciones para que toda la zona sea protegida en el menor plazo posible y la amenaza petrolera desaparezca definitivamente de este enclave.