Luis Pérez Serichol. Portavoz de la Plataforma por la Defensa de las Pensiones Públicas de Tenerife
{mosimage}Por segundo año consecutivo, nueve millones de pensionistas hemos recibido una autocomplaciente carta de la ministra Báñez en la que nos anuncia que en 2015, también por segundo año consecutivo, las pensiones aumentarán un 0,25%, tal y como exige el nuevo índice de revalorización aprobado por el Gobierno. Como más de la mitad de los pensionistas canarios cobran menos de 700 euros mensuales es fácil deducir que la mayor parte de la población canaria pensionada ha visto incrementada su pensión en menos de 1,75 euros al mes.
Las proyecciones de impacto económico hechas públicas por el propio Gobierno dejan claro que hasta al menos el año 2020 se incrementarán únicamente un 0,25%, independientemente de aumento del coste de la vida en cada año.
Desde el Gobierno se justifica este grave atentado por la necesidad de “salvar” el Sistema Público de Pensiones, pero ¿es esto realmente así? ¿el Sistema Público consensuado en el llamado Pacto de Toledo no era viable? Claro que era viable. Lo que no es viable, si se quiere salvaguardar la calidad de vida de los pensionistas, ya de por sí muy deteriorada, es la política económica del Gobierno.
La Seguridad Social se financia con cotizaciones sociales, es decir, con lo que aportan trabajadores y empresarios. Estas cotizaciones han generado un superávit en la caja de la Seguridad Social de muchos miles de millones de euros. Ese fondo se creó precisamente como colchón para épocas como la presente, donde los ingresos son inferiores a los gastos y aún daría para varios años más sin tener que hacer ninguna reforma, pero aunque esta situación se prolongase, tampoco serían inviables, sólo habría que recurrir a la financiación a través de los presupuestos generales, como ocurre con la Sanidad, con la Educación o con el Ejército.
La Seguridad Social no es algo separado del Estado. Al contrario, el Estado está obligado por la propia Constitución a garantizar pensiones adecuadas y actualizadas periódicamente.
Las pensiones españolas están entre las más bajas de Europa, por lo que el Gobierno, en lugar de bajarlas, debe, si no subirlas debido a la coyuntura actual, sí garantizar el mantenimiento de su poder adquisitivo. Hay que recordar que el Estado Español sólo dedica un 10% de su producto interior bruto a pensiones, muy lejos de la mayoría de países europeos.
Las pensiones españolas están entre las más bajas de Europa, por lo que el Gobierno, en lugar de bajarlas, debe, si no subirlas debido a la coyuntura actual, sí garantizar el mantenimiento de su poder adquisitivo. Hay que recordar que el Estado Español sólo dedica un 10% de su producto interior bruto a pensiones, muy lejos de la mayoría de países europeos.
La actual reforma se justificó por un informe encargado por el Gobierno a una comisión formada por economistas que no tenían nada de independientes. Casualmente, la mayoría estaban vinculados a la banca y a los seguros privados.
El “pastel” de las pensiones es muy goloso para los especuladores financieros que andan detrás de ese inmenso botín de 120.000 millones de euros anuales por lo que periódicamente encargan “estudios” que demuestran la inviabilidad del sistema público. No importa que esos estudios se equivoquen sistemáticamente en sus previsiones, los bancos encargan más y más estudios a los mismos economistas que no aciertan una. Lo que les importa es asustar a la gente y hacerles creer que cuando se jubilen no van a poder disfrutar de una pensión digna y convencerlos de que si quieren garantizar su futuro, deben suscribir un plan privado de pensiones. El problema que tenemos ahora es que cuentan con un gran aliado en el gobierno del país. Un Gobierno que está deshaciendo el Estado Social privatizando los Servicios Públicos a base de deteriorar la Educación, el Sistema Público de Salud y ahora, las pensiones.