Sobre la delegada del Gobierno y la Policía se vierten acusaciones de delitos de lesiones, coacciones, amenazas, falsedad documental y prevaricación
{mosimage}Europapress.- El conglomerado de organizaciones que componen las Marchas por la Dignidad han presentado una querella criminal en los Juzgados de Plaza de Castilla contra la delegada del Gobierno en Madrid y los jefes policiales responsables del operativo del 22 de marzo de 2014, que acabó con disturbios y decenas de heridos entre manifestantes y agentes.
En la querella se vierten acusaciones de delitos de lesiones, coacciones, amenazas, atentado contra el derecho de manifestación, falsedad documental y prevaricación.
El pasado 22 de marzo las Marchas de la Dignidad, procedentes de varios lugares de España, llegaron a Madrid para manifestarse bajo el lema 'Pan, trabajo y techo'. La protesta discurrió pacíficamente hasta que al final del acto se produjo un enfrentamiento entre las autoridades y los manifestantes.
Los disturbios dejaron en el centro de la capital un centenar de heridos, la mayoría leves, entre los que se encontraban 67 de ellos policías (47 nacionales y 20 municipales) y 34 manifestantes. Hubo una treintena de detenciones, tres de ellos menores de edad.
Los querellantes consideran que su objetivo es "exigir las responsabilidades pertinentes por la vulneración de los derechos y por los abusos cometidos". Y es que las Marchas de la Dignidad entienden que los disturbios fueron provocados por "infiltrados policiales orquestados por los mandos policiales".
En este sentido, las mismas fuentes han señalado que han presentado ante el juez vídeos y fotos que prueban que fue "un montaje para relacionarles con la violencia". De hecho, han tardado casi un año en presentar la querella para recavar las pruebas.
Además, desde las Marchas han señalado que hubo "fallos y deficiencias" en el operativo policial diseñado para ese día. "Los mismos agentes así lo dijeron e incluso crearon un sindicatos de antidisturbios para denunciarlo, pero finalmente no lo hicieron", han añadido las mismas fuentes.
La querella está firmada por particulares y por colectivos y asociaciones, partidos y sindicatos, entre los que destaca IU, CUP, CGT, CNT, SAT, la Intersindical Valenciana, la Central Unitaria gallega de Trabajadores (CUT).