Por: José Manuel Rivero. Abogado. Analista político.
Escucha aquí la entrevista a José Manuel Rivero en radio San Borondón
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1) De la expectativa popular a la decepción institucional. Lo que el Consejo de Ministros pretende debatir y aprobar no es una respuesta a la tragedia de la vivienda; es una profunda decepción y una operación de transformismo político de manual.
Ante la presión de las plazas, ante las acampadas que colman la Puerta del Sol en Madrid y decenas de ciudades en todo el Estado, el Gobierno responde con una maniobra parlamentaria concebida no para garantizar el derecho al techo, sino para apaciguar la protesta social y dejar intacta la tasa de ganancia del capital inmobiliario.
2) La gran trampa del precio: Subidas del 2% y congelación de la burbuja
Si analizamos la letra pequeña de este borrador, el aspecto más decepcionante y sangrante se encuentra en el tratamiento de las rentas del alquiler:
Nos venden como una victoria social limitar o autorizar un incremento del 2% en el precio del alquiler. Pero la realidad material es inapelable: permitir un aumento del 2% sobre un precio que ya está en su máximo histórico no es contener la crisis; es autorizar por decreto que la extorsión siga subiendo.
Presentar un tope del 2% como un logro cuando los salarios están estancados y los alquileres por las nubes es un insulto a la inteligencia de la gente. Un 2% más sobre un precio abusivo sigue siendo un abuso protegido por la ley.
Legislar para consolidar este incremento sobre rentas infladas por la especulación no es proteger a la clase trabajadora; es garantizar por decreto el rendimiento del rentista y petrificar el mercado en su cima.
El borrador ignora deliberadamente la única medida técnicamente solvente y socialmente justa: la reducción nominal directa de los precios. Aplicar cualquier porcentaje de subida sobre una base ficticia y disparada no baja las rentas ni un solo euro; simplemente normativiza y perpetúa la burbuja.
3) Radiografía de la letra pequeña: Socialización de pérdidas y privilegio fiscal
Junto a la trampa de los precios, el texto oculta otros tres mecanismos de transferencia de riqueza a la inversa:
Primero: La suspensión de desahucios pagada con dinero público.
Se prorroga la prohibición de desahuciar hasta diciembre de 2028 a familias vulnerables, pero el Estado se compromete a indemnizar con fondos públicos a los propietarios, asumiendo impagos de rentas, suministros y daños. Es la socialización de las pérdidas privadas. El Estado no está protegiendo el derecho a la vivienda; está actuando como un seguro privado con cargo a la Hacienda Pública para garantizar el dividendo del arrendador. Los impuestos que paga la clase obrera a través del IVA (en Canarias el IGIC) y el IRPF servirán para pagar la renta al gran tenedor.
Segundo: Asimetría fiscal sangrante en el IRPF.
El borrador contempla bonificaciones tributarias de entre el 70% y el 100% para los arrendadores. Mientras al propietario se le exime prácticamente de tributar por sus rendimientos inmobiliarios, al inquilino con salarios medios o bajos se le ofrece una paupérrima deducción del 10% en zonas tensionadas. Se premia fiscalmente al acaparador mientras se asfixia al asalariado.
Tercero: El coladero del alquiler temporal.
Fijar un límite teórico de 31 días a 12 meses exigiendo «causa justificativa», sin una inspección administrativa de oficio ni régimen sancionador severo, es una invitación directa al fraude de ley. Se aboca al inquilino a una judicialización civil inasumible. Y además, los recargos del IBI a pisos vacíos o turísticos se dejan como una mera facultad opcional para los ayuntamientos.
4) El abismo con el movimiento popular
El contraste entre este borrador y las exigencias del Sindicato de Inquilinas y las asambleas territoriales es absoluto:
El movimiento exige: Bajada real y obligatoria por decreto de hasta el 50% de las rentas para adecuar el alquiler a los salarios reales. El Gobierno responde: Consagrando subidas del 2% sobre el pico de la burbuja.
El movimiento exige: Contratos indefinidos para erradicar la precariedad y la amenaza constante de expulsión. El Gobierno responde: Con una prórroga rácana de dos años que solo pospone el colapso social a 2028.
El movimiento exige: Movilización forzosa y expropiación del suelo y las viviendas de la Sareb y los fondos buitre. El Gobierno responde: Ofreciéndoles blindaje fiscal y compensaciones con el erario público.
5) Conclusión: El Estado como comité de administración del rentismo
En definitiva, este borrador demuestra que el Estado opera como el comité de gestión de las clases propietarias. Es incapaz de tocar la raíz del problema: la consideración de la vivienda como una mercancía de acumulación y no como un derecho humano fundamental.
Frente a este gatopardismo institucional —cambiar algo en la superficie para que la estructura de dominación económica siga intacta—, la única vía solvente para la mayoría social es profundizar la organización popular, mantener la presencia en las calles, articular la huelga general y no ceder ante parches que solo buscan desmovilizar.
La crisis de la vivienda no se resuelve remunerando al rentista con incentivos fiscales ni autorizando subidas del 2% sobre precios abusivos; se resuelve desmercantilizando el suelo y garantizando el techo por la vía del derecho y la justicia social.
