Por: Joaquín Hernández
CUADERNOS DE BITÁCORA
Ceuta no es solo una ciudad española en el norte de África. Es la frontera más expuesta de Europa, un territorio de apenas 18 kilómetros cuadrados y unos 83.000 habitantes que, una vez más, ha sido convertido en laboratorio de una crisis migratoria de proporciones absurdas. A finales de julio de 2026, según las estimaciones más aceptadas, entre 70.000 y 80.000 personas cruzaron desde Marruecos, la mayoría a nado por el espigón de El Tarajal. La gran mayoría regresó en cuestión de horas o días, pero miles permanecen: adultos en asentamientos improvisados, y cerca de 1.900 menores no acompañados que han colapsado un sistema de protección diseñado para unas pocas decenas.
Lo que se vive estos días no es solo un problema de gestión o de diplomacia con Rabat. Es la demostración práctica de que, cuando las normas se vuelven inaplicables o se interpretan de forma que impiden cualquier respuesta rápida y efectiva, lo que queda no es el Estado de derecho: es la ley de la selva. La ley de la selva no es una metáfora retórica. Es la realidad cotidiana de una ciudad donde los servicios de urgencias atienden a cientos de personas al día, donde los vecinos denuncian inseguridad creciente, donde los menores se agolpan en centros al 2.000 % de su capacidad y donde las devoluciones se arrastran a un ritmo ridículo (apenas cientos en semanas).
Mientras tanto, los políticos debaten si expulsar a quienes entraron de forma irregular —incluidos menores— constituye “ilegalidad manifiesta”. El marco legal que, en teoría, protege a los más vulnerables, en la práctica los convierte en peones de redes, los mantiene en limbos interminables y los expone a la explotación, la violencia y la desesperación. El remedio, como se ha señalado con claridad, acaba siendo peor que la enfermedad.
Ceuta lleva años soportando esta lógica. Cada oleada masiva —2021, ahora 2026— pone de manifiesto la misma ecuación: frontera permeable, capacidad de acogida irrisoria, ausencia de herramientas legales ágiles para el rechazo en frontera cuando se produce un asalto colectivo, y una dependencia casi absoluta de la voluntad (o la falta de ella) de Marruecos. Cuando las autoridades marroquíes aflojan el control, la avalancha llega. Cuando lo endurecen, el flujo se reduce. España, mientras tanto, discute interpretaciones jurisprudenciales sobre si quien nada no “supera un elemento de contención” y, por tanto, no puede ser rechazado de inmediato.
El resultado es previsible: el territorio más vulnerable queda expuesto a la fuerza bruta de los números. No se trata de negarse a la solidaridad ni de criminalizar a quien huye de la miseria. Se trata de reconocer que un Estado que no es capaz de controlar sus fronteras deja de ser soberano en el sentido práctico de la palabra. Deja de proteger a sus ciudadanos y, paradójicamente, tampoco protege de verdad a los que llegan.
La ley de la selva beneficia a las mafias, a quienes instrumentalizan a menores como herramienta de presión y a quienes prefieren el espectáculo de la indignación moral antes que soluciones concretas: refuerzo real de la frontera, acuerdos firmes y verificables con el país vecino, reforma de la legislación de extranjería que permita respuestas proporcionales a situaciones excepcionales, y una política europea que deje de mirar hacia otro lado cuando el problema se concentra en dos ciudades autónomas. Los ceutíes llevan semanas diciendo que se sienten solos. No exageran. Mientras en la península se discuten abstracciones sobre derechos y legalidad, ellos viven el colapso de sus calles, sus hospitales y su convivencia.
La ley de la selva no es inevitable. Es el resultado de haber preferido durante demasiado tiempo el confort de las declaraciones de principios a la incomodidad de hacer cumplir las normas. Ceuta no puede seguir siendo el lugar donde España experimenta hasta qué punto puede ignorar la realidad sin que se rompa del todo. Porque cuando se rompe, lo que queda no es justicia: es caos.