Por: José Manuel Rivero. Abogado y analista político
Lo ocurrido el 22 de agosto en el estadio de fútbol Alfonso Murube de Ceuta no fue una anécdota deportiva ni el exabrupto de un calentón pospartido. Fue una operación de agitación política con guion, escenografía y firma de autor. La exhibición de camisetas con el lema «Ceuta no se vende, Ceuta se defiende» —que la UD Las Palmas primero rechazó para «evitar una polémica política» y horas después abrazó en un giro tan burdo como revelador— apenas constituyó el prólogo. El acto central se retransmitió por UD Radio, el medio oficial del club, donde su presidente, Miguel Ángel Ramírez, convirtió una entidad histórica en tribuna de propaganda reaccionaria.
Las palabras son suyas y conviene fijarlas en el acta: «Que nadie juegue con Canarias, que nadie juegue con la UD Las Palmas y que nadie juegue con lo que significa España para los canarios»; «Los canarios estamos hartos de estar recibiendo inmigrantes. Somos españoles y vamos a muerte con España»; «Nunca vamos a ser marroquíes». A ello sumó el anuncio de liderar una movilización callejera para «explicarle a Marruecos que somos España». Hechos, los verbos. El juicio es el que sigue: la equipación oficial viste de amarillo y azul; la retórica que la envolvió fue, inequívocamente, parda.
La primera operación de todo impulso autoritario es gramatical: expropiar el «yo» para suplantarlo por un «nosotros» monolítico. Nadie ha otorgado a Ramírez mandato alguno para expedir certificados de canariedad ni para pautar qué siente el pueblo isleño. Se lo autoatribuye. En su «estamos hartos» fabrica una ficción demográfica y moral: pretende convertir a un archipiélago construido sobre la acogida y la dignidad en una masa informe vertebrada por el encono. Pero la democracia empieza precisamente donde se rompe esa ficción. La representación política ni se usurpa ni se liquida en un micrófono oficial: se delega, se fiscaliza y se revoca.
De la apropiación del «nosotros» a la construcción del enemigo no hay distancia; es el mismo mecanismo. Carl Schmitt definió el criterio de lo político en el antagonismo amigo/enemigo. Mientras que el constitucionalismo democrático busca neutralizar ese dualismo en el plano interno mediante el imperio de la ley y el pluralismo —relegando la enemistad existencial al ámbito de la guerra exterior—, la lógica reaccionaria la importa a la convivencia civil, convirtiendo la vida cotidiana en un campo de batalla identitario. Ramírez erige dos chivos expiatorios de un solo trazo. El enemigo externo es Marruecos, reducido a una amenaza ontológica («nunca vamos a ser marroquíes», como si la nacionalidad vecina fuese un estigma); el enemigo interno es el migrante sin papeles, blanco perfecto por su desposeimiento, sobre cuya espalda se descarga la frustración que la política formal no sabe o no quiere encauzar. Umberto Eco definía el fascismo eterno no como un partido formal, sino como una gramática del miedo: el culto a la acción, el rechazo a lo diferente y la alucinación de un pueblo asediado. Cada frase del presidente encaja con precisión quirúrgica en los epígrafes de Eco.
El discurso, además, confunde deliberadamente los marcos. Transforma una crisis humanitaria estructural en el Atlántico —la ruta migratoria más mortífera hacia Europa— en una amenaza bélica, al tiempo que degrada un contencioso diplomático de Estado sobre Ceuta y Melilla a la condición de exabrupto de trinchera. Ambos escenarios exigen respuestas de Estado: una política migratoria europea con corresponsabilidad real y una diplomacia con Rabat asentada en la firmeza de los derechos humanos, no en la concesión o el exabrupto. Ramírez no aporta nada a ninguna; incendia el debate porque el conflicto es su capital político. Y de paso, regala la cobertura ideológica que la extrema derecha ansiaba: consignas que ya no necesita formular, pues se las dicta el presidente de un club de fútbol desde su emisora corporativa.
Hay una lógica de trayectoria que explica estos reflejos. Miguel Ángel Ramírez proviene del negocio de la seguridad privada y la contención de masas —fundador de Seguridad Integral Canaria y presidente del Grupo Ralons—, distinguido en su día con la Medalla al Mérito Militar y la Mención Honorífica Policial. No se trata de un prejuicio, sino de un prisma de análisis: quien ha levantado su fortuna sobre el control de multitudes tiende a concebir la ciudadanía como un aforo que se administra, el conflicto social como un problema de orden público y la política como una extensión de la vigilancia. Ante la complejidad, su protocolo no es la deliberación democrática, sino la apelación al cuartel. Canarias imaginada como plaza sitiada; el estadio como patio de armas; la afición como guarnición militarizada. Ese «vamos a muerte» trasciende la metáfora deportiva: es el lenguaje del estado de excepción proyectado sobre la sociedad civil. Frente a ello, nuestro ordenamiento constitucional contrapone la primacía de la vida civil sobre la militar. Las Fuerzas Armadas tienen encomendada la misión del artículo 8.1 de la Constitución, no el magisterio de los sentimientos cívicos para actuar autónomamente. Militarizar la palabra pública es subvertir esa jerarquía.
El relato de Ramírez se sostiene sobre una profunda amnesia histórica. Canarias es, en su estructura histórica de larga duración, una tierra de emigración y de tránsito. Los miles de isleños que partieron hacia Venezuela o Cuba huyendo del hambre y de la represión conocieron la mirada sospechosa del recién llegado, pero también los cauces de integración y fraternidad. A ellos se les concedió el tiempo y el espacio para echar raíces; hoy, Ramírez pretende negar esa misma condición humana a quienes arriban exhaustos a nuestras costas. La canariedad no se fraguó contra el extranjero, sino en un ir y venir mestizo y atlántico. Y cuando la ruta canaria se cobró vidas y cayucos, la respuesta del país real no fue el rechazo, sino la solidaridad del pueblo llano: los vecinos del sur de Gran Canaria a pie de playa, de los municipios canarios sin recursos desbordados por la inacción institucional y las redes populares sosteniendo la dignidad colectiva. La crisis de acogida existe, pero su causa no es el náufrago, sino las políticas de externalización fronteriza, los pactos que convierten a países terceros en gendarmes y la falta de un sistema estatal distributivo y eficaz. Señalar al indefenso es el truco clásico para exculpar al responsable: la dictadura marroquí bajo los auspicios del anglo sionismo.
Nada en esta operación es improvisado. Las corrientes autoritarias siempre han codiciado el fútbol porque en él cristaliza aquello que el capital no puede fabricar: la pasión popular, la identidad comunitaria y la liturgia colectiva. Antonio Gramsci analizó cómo el bloque dominante busca capturar la cultura popular para construir hegemonía e introducir su ideología en las clases subalternas. La UD Las Palmas, fundada en 1949 para unificar el fútbol grancanario, es hoy un patrimonio sentimental y cultural de gran parte del pueblo. Su configuración jurídica como Sociedad Anónima Deportiva no transforma a la afición en una masa de clientes ni otorga a su accionista mayoritario el monopolio de la conciencia colectiva. Que un empresario pretenda erigirse en tutor ideológico de la grada reproduce el arquetipo más rancio del paternalismo: el patrón erigido en guía moral, el club convertido en sindicato vertical y la discrepancia señalada como traición. La afición no es una plantilla sometida a la disciplina de empresa.
Como jurista, procede aplicar la precisión analítica de la que carece el exabrupto xenófobo. La libertad de expresión ampara opiniones ácidas o heterodoxas, pues el antifascismo democrático no busca la persecución penal del pensamiento ni sustituye la batalla de las ideas por el Código Penal. Sin embargo, el derecho no es un cheque en blanco para el discurso del odio. Desde la histórica Sentencia del Tribunal Constitucional 214/1991, nuestra jurisprudencia excluye de la protección constitucional las expresiones injuriosas o vejatorias dirigidas contra colectivos vulnerables. En el ámbito europeo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (caso Féret c. Bélgica, 2009) validó la sanción penal del discurso xenófobo emitido por representantes públicos, mientras que la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI), en su Recomendación General nº 15, define con claridad el discurso de odio como la incitación al rechazo o la denigración por razón de origen nacional. Proclamas como «estamos hartos de inmigrantes» o «nunca seremos marroquíes» se incardinan directamente en este perímetro. A ello se suman los deberes institucionales del deporte: la Ley 39/2022, del Deporte, junto con el código disciplinario de la RFEF y la normativa de La Liga, imponen a los clubes el deber activo de prevenir y sancionar cualquier manifestación racista o xenófoba en sus medios oficiales. La UD Radio no es la tribuna privada de Miguel Ángel Ramírez; es el canal de una entidad con responsabilidades públicas.
La UD Las Palmas no necesita uniformes de trinchera ni homilías cuartelarias. La canariedad es una identidad atlántica, mestiza, africana por geografía y universal por vocación, incompatible con el patrioterismo de corneta. Canario es quien defiende derechos sin aspavientos belicistas y la Paz; quien acoge desde la fraternidad cívica y exige corresponsabilidad a las instituciones sin caer en el chantaje demagógico; quien comprende la condición insular como puente y no como muralla. Lo actuado por Miguel Ángel Ramírez no es la defensa de Canarias, sino la privatización ideológica de su memoria popular y el uso patrimonialista de un club de fútbol. Un patrimonio colectivo no puede quedar de rehén de quien confunde el estadio con un patio de armas, ni un pueblo migrante y atlántico puede dejarse vestir con la camiseta parda de la reacción. A los pueblos no los defienden quienes agitan el odio contra el débil, sino quienes organizan la convivencia desde los derechos, la memoria democrática y la solidaridad. Esa —y no el uniforme pardo— es la verdadera piel de nuestra tierra.