SANTA CRUZ DE TENERIFE. – El sindicato Intersindical Canaria ha calificado de «acto de piratería» la gestión económica y ambiental del Gobierno de Canarias, tras denunciar el desembolso de más de 500 millones de euros públicos en indemnizaciones a la patronal turística. Según la organización, el Ejecutivo liderado por Fernando Clavijo demuestra un absoluto desinterés ante la progresiva degradación territorial del archipiélago, marcada por el avance de la crisis climática, la pérdida de biodiversidad y el aumento diario de kilómetros de costa contaminados por residuos y vertidos fecales.
La organización sindical critica con dureza el reciente acuerdo extrajudicial por el cual el Ejecutivo autonómico abonará más de 500 millones de euros a diversos empresarios del sector. Esta cuantía busca compensar los supuestos perjuicios ocasionados por la moratoria turística del año 2001. Intersindical Canaria destaca que el pacto carece de base legal obligatoria, puesto que no existe ninguna sentencia judicial que fuerce a la Administración a realizar dicho desembolso. Además de la compensación económica, el acuerdo permite a las corporaciones reactivar los proyectos alojativos que fueron frenados en su día, lo que amenaza con generar daños territoriales incalculables en las islas de Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria.
A este escenario se suma la condonación de multas medioambientales por un valor aproximado de 14 millones de euros a distintas entidades empresariales de las islas, una medida que el sindicato interpreta como un premio a los infractores. La compañía Lopesan figura como la principal beneficiaria de este reparto al percibir cerca de 300 millones de euros, a pesar de acumular reiterados expedientes por infracciones urbanísticas que han afectado de forma directa al patrimonio natural y arqueológico de la región.
El sindicato advierte que la aceptación de estas condiciones debilita la posición reguladora del Estado y envalentona a la patronal para incumplir futuras normativas ambientales destinadas a frenar el crecimiento desmedido de camas alojativas y la consecuente presión demográfica. Desde la perspectiva de Intersindical Canaria, resulta inadmisible este expolio de fondos públicos en un contexto social crítico, donde el propio Gobierno escatima recursos humanos en la sanidad pública, impone la precariedad salarial a los trabajadores esenciales y desatiende las necesidades básicas de los pacientes, motivos por los cuales tachan formalmente al actual Ejecutivo de «peligro público».