El 1 de octubre de 2025, en aguas internacionales, la armada israelí interceptó y abordó los buques de la Flotilla Global Sumud, una misión civil que transportaba ayuda humanitaria hacia Gaza. Entre sus tripulantes se encontraban nacionales españoles, que en estos momentos están detenidos en Israel. No se trata de un incidente menor: es una violación flagrante del derecho internacional y un ataque directo a la libertad de los mares, al derecho humanitario y a la dignidad de quienes ejercen la solidaridad.
El marco jurídico es inequívoco. La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 (UNCLOS) protege la libertad de navegación en alta mar (art. 87) y solo permite abordajes en casos excepcionales (art. 110), como piratería, trata de esclavos, transmisiones ilícitas o buques sin bandera. Ninguno de estos supuestos se cumplía. Israel invoca un bloqueo naval, pero el Manual de San Remo (1994) establece con claridad que un bloqueo es ilegal si provoca hambre en la población civil o impide la entrada de ayuda humanitaria esencial. Esto es exactamente lo que ocurre en Gaza desde hace años.
El asalto del 1 de octubre fue un acto de fuerza ilegítimo, un ataque a embarcaciones civiles en un espacio donde ningún Estado puede arrogarse poderes de policía. Israel actuó despreciando no solo la bandera española que amparaba a ciudadanos/as de nuestro país, sino el principio básico de respeto entre Estados soberanos. España no puede callar. Tiene la obligación jurídica de proteger a sus nacionales (art. 3.2 CE). Nuestra Constitución, además, impone a los poderes públicos la obligación de garantizar la libertad y la seguridad de todos (art. 9.1 CE) y de promover condiciones para que la libertad y la igualdad de los individuos sean reales y efectivas (art. 9.2 CE). El Gobierno debe exigir la liberación inmediata de los españoles detenidos y presentar una protesta formal. El Convenio de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963 lo respalda expresamente, garantizando a todo nacional detenido en el extranjero el derecho a la asistencia de su representación consular (art. 36).
Pero las obligaciones van más allá de la asistencia consular. España debe suspender toda exportación e importación de armas y cooperación militar con Israel. La legislación española y europea lo exige cuando existe un riesgo cierto de violaciones graves del derecho humanitario. Ese riesgo es una evidencia. Continuar con la cooperación sería una forma de complicidad.
La Fiscalía General del Estado también debe actuar. El artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial permite juzgar crímenes de guerra y de lesa humanidad cuando hay víctimas españolas. Aquí las hay. La detención arbitraria de civiles, el ataque a buques humanitarios y el mantenimiento de un bloqueo que priva de alimentos y medicinas a la población son conductas recogidas en nuestro Código Penal como crímenes graves. La Fiscalía debe abrir diligencias de investigación y promover acciones judiciales ante la Audiencia Nacional y reunir pruebas de inmediato. Su mandato es claro: promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad y de los derechos de los ciudadanos (art. 124 CE).
El 1 de octubre, Israel quebrantó el derecho internacional en alta mar y puso en entredicho la soberanía de los Estados cuyos ciudadanos viajaban en la flotilla. El Gobierno español y la Fiscalía General del Estado disponen de mecanismos concretos para responder: exigir la liberación de sus nacionales, suspender toda cooperación militar, denunciar en Naciones Unidas y abrir investigaciones penales. La inacción equivaldría a aceptar que la fuerza sustituya a la legalidad.
El Derecho Internacional nació para contener la barbarie, no para someterse a ella. Si España calla, si Europa mira hacia otro lado, si la comunidad internacional se resigna, entonces la libertad de navegación (art. 87 UNCLOS), la protección frente a abordajes arbitrarios (art. 110 UNCLOS), el derecho a la asistencia consular (art. 36 Convenio de Viena) y las garantías constitucionales (arts. 3.2, 9.1, 9.2 y 124 CE) quedarán reducidos a papel mojado. Es hora de defenderlos con hechos, no con declaraciones. Porque si el Derecho Internacional sucumbe, lo que se impondrá será la barbarie que creíamos haber dejado atrás.
No basta, sin embargo, con la acción del Estado. La respuesta no puede limitarse a los marcos institucionales, que a menudo reflejan y sirven a los equilibrios de poder existentes. La historia demuestra que el derecho, por sí solo, es un campo de batalla donde la legalidad suele ceder ante la imposición de los hechos cuando no existe una fuerza social organizada que la respalde. La clase trabajadora organizada tiene aquí un papel histórico que desempeñar. En Italia, los sindicatos han convocado una huelga general para el próximo 3 de octubre en repudio a este ataque y en solidaridad con el pueblo palestino. Este es un gesto de profunda significación política, que manifiesta la capacidad de la fuerza colectiva para desafiar la hegemonía de la violencia y cuestionar un orden que normaliza la agresión. En España, por desgracia, echo de menos una respuesta semejante por parte de nuestras organizaciones sindicales. La solidaridad no puede quedar confinada a comunicados tibios; debe expresarse en la calle, en los centros de trabajo, en la movilización concreta de quienes, con su labor, sostienen la sociedad. El silencio de los sindicatos españoles ante un crimen que nos afecta directamente, con ciudadanos de nuestro país detenidos, resulta doloroso y políticamente inaceptable.
Hoy más que nunca se impone la unidad de la clase trabajadora internacional, porque la defensa del Derecho Internacional frente a la barbarie no es un asunto exclusivo de cancillerías o tribunales: es una cuestión de dignidad colectiva y de lucha contra un proyecto de dominación que se sustenta en la fuerza bruta y la desposesión. Si los gobiernos dudan, si la justicia vacila, es la fuerza organizada de los pueblos, la de quienes constituyen el fundamento material de la sociedad, la que puede y debe imponer que la legalidad prevalezca sobre la violencia. La huelga general convocada en Italia es un ejemplo de que, frente al atropello, la conciencia y la acción de la clase trabajadora no se resignan. España debe estar a la altura. El momento exige pasar de la protesta a la contestación efectiva, construyendo desde abajo la potencia social necesaria para hacer retroceder la injusticia.