Por: José Manuel Rivero
La escena es inequívoca: el mayor banco español, el Banco Santander, ficha a un exjefe del Estado Mayor del Ejército británico, Sir Patrick Sanders, para asesorar su negocio de banca corporativa e inversión en el sector de defensa. La noticia, publicada por El Confidencial el 6 de octubre de 2025 a partir de información de Bloomberg y The Telegraph, confirmó que el Santander incorporaba al general, que entre 2022 y 2024 dirigió el Ejército británico, con la misión de reforzar su posicionamiento en la industria armamentística europea. La operación fue avalada por el propio gobierno del Reino Unido y celebrada por la prensa económica como un movimiento “estratégico” para aprovechar el auge del rearmamento continental. Ana Botín, presidenta del Santander, lo justificó con una frase que resume toda una doctrina: “Nuestra obligación como banco y como europeos es contribuir a la capacidad de Europa para defenderse.”
Lo que parece una simple decisión corporativa es, en realidad, un síntoma del nuevo orden económico-militar que se está consolidando bajo hegemonía atlantista. La gran banca europea —con el Santander a la cabeza— se integra en la maquinaria financiera que sostiene la política de guerra de la OTAN. No se trata sólo de apoyar empresas armamentísticas: se trata de financiar la expansión estructural de un complejo militar-industrial-financiero que convierte el conflicto, la amenaza y el miedo en nichos de rentabilidad garantizada.
Los hechos son claros. El Santander ya ha destinado miles de millones a financiar a gigantes como Airbus, Thales o Rolls-Royce. Ahora incorpora a su cúpula a un general especializado en logística y alianzas OTAN, con el encargo de diseñar nuevos instrumentos financieros para empresas de la cadena de suministro militar. Todo ello coincide con la creación de un fondo europeo de 800.000 millones de euros destinado al rearme, y con un discurso político que identifica “defensa” con “progreso industrial”.
En paralelo, el presidente Zelensky anunció en Kiev que Ucrania negocia con Estados Unidos un paquete de armamento por 90.000 millones de dólares, financiado principalmente por los aliados europeos a través de la OTAN. Sistemas Patriot, misiles, municiones: una lista exhaustiva de material bélico que no se fabrica sin crédito, seguros y bancos detrás. Ese dinero no cae del cielo; se canaliza desde los centros financieros de Londres, Fráncfort o Madrid. El soldado ucraniano que combate en el frente lo hace, sin saberlo, dentro de una red global de deuda, contratos y derivados financieros que le convierten —objetivamente— en carne de cañón de un negocio transnacional.
No se trata de imaginar conspiraciones: se trata de comprender estructuras. El capital financiero no necesita ordenar guerras para beneficiarse de ellas; le basta con asegurar que existan condiciones de demanda permanente. Un contrato de misiles a diez años, un préstamo a una empresa de defensa o un fondo de inversión especializado en “seguridad” son instrumentos que garantizan beneficios futuros y amortizaciones estables. La guerra se convierte así en un activo financiero, y los muertos en su costo operativo.
La “puerta giratoria” entre generales y banqueros simboliza esa fusión. Sanders aporta al Santander el saber técnico y las relaciones que facilitan el acceso a contratos públicos, la lectura de riesgos geopolíticos y la legitimación moral del negocio. Bajo el manto del “compromiso con Europa”, la banca privada se coloca en el corazón del dispositivo de guerra que el atlantismo necesita para mantener su dominio político y económico sobre el continente.
La paradoja es obscena: mientras la Unión Europea reduce inversión social y exige austeridad, abre de par en par las compuertas del crédito para financiar el rearme. Y los mismos bancos que durante años bloquearon financiación para vivienda o energías limpias se presentan ahora como patriotas de la defensa europea. La retórica de la “seguridad” sustituye la de la “solidaridad”, y la miseria cotidiana se recubre con un barniz de moral bélica.
Que un banco privado participe de esta dinámica no sorprende: el capital busca rentabilidad. Lo escandaloso es la naturalidad con la que los gobiernos y los medios celebran la fusión entre finanzas y guerra como signo de modernidad. Se legitima un orden donde la paz es un obstáculo para el crecimiento y donde la militarización del gasto público se vende como política industrial. La OTAN no sólo coordina ejércitos: coordina también los flujos de capital que alimentan su maquinaria.
Frente a esta realidad, la mera condena moral o la indignación pasajera resultan insuficientes. En el Estado español, el poder financiero no actúa de forma aislada, sino que es la pieza orgánica de una estructura de dependencia política y económica. Esta estructura hunde sus raíces en una integración subordinada al capitalismo europeo y en la tutela del bloque atlantista. La banca —en especial la gran banca privada— ha sido históricamente un instrumento fundamental de esta dependencia, asegurando que el crédito y la economía nacionales se subordinen a los intereses del capital transnacional y, hoy, a la economía de guerra dirigida desde Bruselas, Londres y Washington.
Por ello, la tarea histórica e ineludible es recuperar la soberanía sobre nuestros instrumentos financieros. Esto exige, como primer paso, imponer un control democrático sobre las inversiones y operaciones de la banca privada, prohibiendo toda financiación vinculada a la producción de armamento o a la estrategia militar de la OTAN. Ningún banco puede seguir actuando como el brazo económico de una alianza que convierte a Europa en una plataforma bélica al servicio del imperialismo.
Avanzar hacia una banca estatalizada y socializada, bajo control popular, no es una opción ideológica, sino una condición necesaria para romper esta dependencia estructural. Solo así podremos reorientar el crédito hacia la producción socialmente útil, la cooperación pacífica y el bienestar colectivo. Una banca pública, al servicio de la nación y del pueblo, es la base para reconstruir la soberanía económica y forjar una política exterior basada en la paz, la solidaridad y la justicia social.
Queda así demostrado que, sin independencia económica, no hay independencia política; y sin soberanía financiera, no hay posibilidad de paz duradera. En este contexto, recuperar el control de la banca se erige como el acto de soberanía nacional y dignidad popular más urgente frente al orden belicista impuesto por el capital.