Por: Plataforma Ciudadana Salvar Chira Soria y Barranco de Arguineguín
El pasado 11 de septiembre, tuvo lugar el II Foro de Movilidad Sostenible y Conectividad, impulsado por el periódico LA PROVINCIA, bajo el título: ‘Impulso a la conectividad ferroviaria en las islas: Canarias desbloquea sus proyectos’
Un foro en el que tanto el Gobierno de Canarias como los cabildos de Gran Canaria y Tenerife defendieron que los trenes son la única alternativa al aumento de la movilidad impuesto por el incremento poblacional y al colapso de las carreteras. Incluso se mostraron dispuestos a adelantar o pagar una parte proporcional de las dos líneas ferroviarias en tanto no llegue el grueso de la inversión –unos 4000 millones iniciales– procedentes del Gobierno central.
Se trata de un foro y entendemos que es lo que tocaba decir. Sin embargo, el pasado 25 de febrero, el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, don Pablo Rodríguez, en comparecencia ante el Parlamento de Canarias, anunció que la mejor alternativa y, por tanto, lo prioritario, era seguir aportando soluciones a corto y medio plazo para facilitar la movilidad: como la mejora en carreteras o la reserva de carriles exclusivos (Bus-VAO) para el transporte público.
En dicha comparecencia, insistió en que Canarias debe participar en las inversiones millonarias en infraestructuras ferroviarias. En el foro, indicó que va a solicitar que la financiación de los trenes se efectúe con cargo a la agenda canaria acordada entre CC y el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez y se incluya en los Presupuestos Generales del Estado para 2026 y que, dado que es previsible que no salgan adelante, que al menos, el Estado los declare de interés general y vaya llegando algo de dinero, ya que “no se va a hacer todo a la vez, la idea es desarrollarlos por fases”.
Lo de ir por fases, da a entender que los plazos para que los trenes estén operativos se extenderán a más de 20 años.
Por su parte, el Cabildo de Gran Canaria, que sigue en sus trece, como ‘no tiene otras prioridades’, ya ha consignado en sus presupuestos una partida de 16,7 millones de euros para iniciar las expropiaciones a finales de este año o comienzos de 2026, una vez se obtenga la Declaración de Impacto Ambiental.
Es evidente que el interés de nuestras administraciones no está tanto en que los trenes entren en funcionamiento lo antes posible, sino más bien en que las obras se inicien lo antes posible.
Nos preguntamos qué fue de la carta que el Ministerio de Transporte remitió a la Unión Europea para incluir el proyecto del tren en el corredor atlántico de la red transeuropea de transporte, por la que, supuestamente, se iban a recibir 180 millones de euros de fondos europeos para poner en marcha la primera fase del proyecto.
Mientras tanto, la población, y por tanto las necesidades de movilidad, siguen aumentando año tras año, sin que apenas se haga nada para mejorar la actual red viaria. Más bien, al contrario, la GC-1 cada día está más ahogada entre urbanizaciones, centros comerciales y polígonos industriales, al tiempo que tiene que conectar la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria con la ciudad de Telde y las zonas residenciales y turísticas del sur de la isla.
La Plataforma quiere trasladar a la ciudadanía que esta infraestructura, por volumen y capacidad de transporte, con un calculo básico del número de usuarios diarios en relación al movimiento real, no solventará el problema de la movilidad en la isla de Gran Canaria ni en Tenerife. Un macroproyecto que hipotecará el futuro de las inversiones en infraestructuras realmente necesarias, como han hecho con el proyecto de Chira-Soria-Las Niñas. Una vez más, se trata de un proyecto obsoleto que intenta reeditar el fracaso cometido con el tren vertebrado de los años 70. Un proyecto cuyo presupuesto antes de empezar ya es deficitario y que el beneficio que reportan para la solución de la movilidad no justifica el impacto medioambiental sobre el territorio. Proyecto que para cuando estuviese terminado, si se termina, habrá sido superado por otras soluciones más viables.
Insistimos en que la solución del tren no es viable y que toda la inversión debe estar destinada a mejorar la gran red de carreteras de la isla, con actuaciones blandas que minimicen el impacto ambiental y que favorezcan el uso de medios de transporte colectivo.