Por: José Manuel Rivero
La reciente desclasificación de documentos del Informe Durham -la investigación dirigida por el Fiscal Especial John Durham sobre los orígenes de la pesquisa del FBI contra Donald Trump- trasciende la anécdota política para revelar la mecánica interna del poder. Lejos de ser una simple rivalidad partidista, el caso de la narrativa Trump-Rusia desnuda los mecanismos estructurales mediante los cuales el establishment político, en connivencia con poderes financieros y mediáticos, moviliza el aparato estatal para proteger sus intereses de clase, fabricar consenso y eliminar amenazas a su hegemonía.
La teoría marxista entiende el Estado no como un árbitro neutral, sino como la superestructura jurídico-política que organiza la sociedad para defender los intereses de la clase dominante. El Russiagate es un manual de este principio en acción. La filtración de los correos del DNC (Comité Nacional Demócrata) por WikiLeaks en julio de 2016 representaba una amenaza de clase: exponía el favoritismo crudo del aparato del partido hacia Hillary Clinton sobre Bernie Sanders. La respuesta fue inmediata. Como evidencian los correos de Leonard Benardo de Open Society Foundations, se activó una red de actores interconectados: think tanks financiados por capital global, el aparato de un partido político y, crucialmente, agencias clave del Estado como el FBI.
El mensaje que esperaba que el FBI aportara «más leña al fuego» de la narrativa rusa no es una conspiración aislada, sino la evidencia de una alianza orgánica entre el poder económico-financiero y el poder coercitivo-estatal. El objetivo era claro: desplazar el debate de la contradicción de clase interna hacia un enemigo externo (Rusia), una estrategia clásica de distracción y unificación nacional bajo la ideología de la élite.
Esta instrumentalización del aparato estatal encuentra su máxima expresión en la Operación Crossfire Hurricane, iniciada por el FBI el 31 de julio de 2016 basada en información no verificada del dossier Steele. El derecho penal, con su aura de neutralidad, fue utilizado como arma política contra un candidato presidencial percibido como disruptivo para el statu quo establecido.
Las revelaciones del informe Durham detallan cómo la campaña de Hillary Clinton buscó vincular falsamente a Trump con Rusia, mientras el FBI -bajo la dirección de James Comey- no investigó adecuadamente estas alegaciones. Esta no fue simple negligencia, sino una elección política que confirma que el sistema legal no se aplica de manera uniforme: se moviliza con celo contra la amenaza externa mientras se ignora la maquinación interna de la facción en el poder.
El papel de fundaciones como Open Society no es el de un titiritero omnipotente, sino el de aparatos de intelectuales orgánicos en sentido gramsciano. Su función es producir y difundir la ideología de la clase capitalista transnacional. Su influencia en el DNC y su capacidad para articular narrativas con sectores del Estado muestran cómo la lucha de clases se libra en el terreno de las ideas, donde think tanks y fundaciones moldean el sentido común para que los intereses de unos pocos aparezcan como universales.
Los grandes medios de comunicación, concentrados en manos de grandes corporaciones, actuaron como caja de resonancia de esta narrativa, abandonando su presunta función crítica para convertirse en transmisores de la línea oficial. La sobrecobertura de la trama rusa y la subcobertura del escándalo de los emails del DNC son ejemplo paradigmático de cómo se construye un consenso manufacturado.
El affaire Trump-Rusia no es una simple pelea entre republicanos y demócratas. Revela que el Estado burgués no es neutral: sus aparatos represivos e ideológicos son movilizados por facciones de la élite en sus luchas internas. La legalidad es flexible: se aplica con rigor contra disidentes como Julian Assange y se ignora para proteger a los poderosos.
La lección para la izquierda no es defender a Trump, sino entender que el enemigo principal no es una facción u otra de la burguesía, sino el sistema de poder de clase mismo que permite estas manipulaciones. La verdadera independencia de clase exige desconfiar de todas las narrativas fabricadas por el establishment, exigir transparencia radical y construir medios e instituciones populares que respondan al pueblo trabajador. La batalla final no es entre Trump y Clinton, sino entre las clases populares y el capital que ambos, a su manera, representan.