Una Delegación de juristas de IAJUWS y el CGAE viajaron este sábado a El Aaiún en Misión de observación jurídica de los derechos humanos de la población saharaui residente en el territorio no autónomo del Sáhara Occidental, y fueron devuletos a Gran Canaria sin permitirles bajar del avión, en lo que en materia de inmigración se denomina una ‘devolución en caliente’.
La delegación de juristas de IAJUWS comisionada por el Consejo General de la Abogacía Española se trasladó a la ciudad saharaui de El Aaiún, con la misión de realizar labor de análisis y verificación de los derechos humanos de la población saharaui en el Territorio No Autónomo (TNA) del Sáhara Occidental, así como un estudio de la gestión de los recursos naturales del territorio saharaui.
La Delegación Jurídica Técnica, compuesta por las juristas canarias Inés Miranda Navarro, Dolores Travieso Darias y Flora Marrero Ramos, y por el técnico Silvestre Suárez Fernández, tenía por objetivo llevar a cabo una misión del 15 al 18 de marzo en la capital del Sáhara Occidental, enmarcándose la misma en el trabajo iniciado por los juristas desde el año 2002, y que ha sido continuado en el tiempo.
La Delegación para el desarrollo de su misión, debía efectuar diferentes acciones como las reuniones con los familiares de los presos políticos y de conciencia saharauis, con la población civil saharaui, con organizaciones de mujeres saharauis, y con los colectivos y organizaciones saharauis existentes en el territorio (ISACOM, ASVDH, y otras…).
Se hace necesario para la/os juristas el mantenimiento de las misiones de observación al Sahara Occidental por diferentes razones, como son, la no conclusión de la descolonización por parte de España de la “antigua colonia”, la permanencia de una potencia ocupante rigiendo y gestionando el TNA, la existencia en el TNA de una guerra desde el año 2021 provocada por la ruptura del Alto Fuego protagonizada por Marruecos, la persistencia en cárceles marroquíes de defensores de derechos humanos saharauis, las sentencias del 04/10/2024 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que declaran la nulidad de Acuerdos de Pesca y Agricultura entre la UE y Marruecos.
Los juristas afirman que la inexistencia de información y conocimiento de lo que sucede en el Sahara Occidental y al Pueblo Saharaui residente en el TNA, «nos obliga desde la responsabilidad y el compromiso al respeto con la legalidad internacional y los derechos de los Pueblos a continuar con las misiones de observación».
De esta misión se ha informado al Gobierno de España y de Canarias en la persona de sus presidentes, a Naciones Unidas, al Parlamento y Consejo Europeo.