La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias afirma que continúa el caos y las situaciones familiares sangrantes en la Atención temprana.
Reproducimos el Artículo remitido por la Asociación:
«No se puede tolerar la situación de miles de niños y niñas (en la franja de 0 a 6 años de edad) de Canarias con necesidad de ser atendida por unidades de atención temprana (AT) públicas, un amplísimo colectivo completamente desasistido y olvidado, incumpliéndose por parte del Gobierno Canario leyes, decretos y normas vigentes.
La no prestación de este servicio implica la vulneración de los derechos fundamentales de la infancia, del marco legal existente, de la constitución y de las directivas europeas sobre protección a la infancia y atención sanitaria. Si a esto se añade que un elevado porcentaje de los niños susceptibles de recibir AT tienen algún tipo de diversidad funcional, además se incurre en un delito de discriminación por motivo de discapacidad.
Para la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias, con tal ausencia de recursos públicos, expresión brutal del marco económico y político neoliberal en el que nos encontramos, se fuerza a los niños con esta necesidad a acudir a centros privados o quedar con secuelas irrecuperables por no poder costear sus servicios. La Atención Temprana tiene que ver con el derecho a la salud que es inherente a la condición de ciudadanía y no puede ni debe ser constreñido por motivos económicos. El derecho a la salud está recogido por la Constitución Española en su artículo 43.
La Convención Internacional de los derechos de las personas con discapacidad conmina a los Estados a que organicen, intensifiquen y amplíen servicios y programas generales de habilitación y rehabilitación, en particular en los ámbitos de la salud, el empleo, la educación y los servicios sociales, de forma que esos servicios y programas comiencen en la etapa más temprana posible.
La Atención Temprana como servicio de promoción para la autonomía personal ha de ir encaminada a facilitar la realización de las actividades de la vida diaria, así como los servicios de habilitación, terapia ocupacional y estimulación cognitiva.
La deficiencia que denunciamos se une a la larga lista de carencias específicas de la Comunidad Autónoma Canaria que, lamentablemente, se sitúa a la cola en el conjunto del Estado español, para vergüenza del Gobierno del “Pacto de las Flores” y mayor necesidad de convertir la indignación de la población en movilizaciones contra sus políticas neoliberales».