Escucha la entrevista completa con Ramón Trujillo, portavoz de Unidas Podemos en Santa Cruz.
La gestión del agua en Santa Cruz es uno de los asuntos que acumula un mayor número de irregularidades en los sucesivos gobiernos de Coalición Canaria en el consistorio chicharrero. Muchos medios de comunicación continúan silenciando las denuncias de la oposición. El portavoz del grupo municipal de Unidas Podemos, Ramón Trujillo, ha podido explicar en Radio San Borondón los entresijos de la trama que involucra a Sacyr, Emmasa y el gobierno de Bermúdez.
A fin de contextualizar, cabe mencionar que la gestión del ciclo del agua se privatizó en Santa Cruz en el año 2006, convirtiendo a Emmasa en una compañía mixta. La empresa Sacyr resultó adjudicataria de la explotación durante 25 años por un precio que rondó los 60 millones de euros. En uno de los primeros consejos de administración de Emmasa una vez privatizada, se decide que 59 de los 60 millones de euros pagados por Sacyr no son precio, sino adelanto, por lo que Emmasa tendría que devolver esos 59, según relata Trujillo. Cuando en 2020, esta decisión se paraliza, “Sacyr ya había cobrado indebidamente 33 millones 600 mil euros”, cuenta.
Las denuncias presentadas por Unidas Podemos ante la Fiscalía y en los tribunales han supuesto ya la imputación de 5 personas a las que se atribuye presuntamente la comisión de delitos de malversación y prevaricación administrativa. Ramón Trujillo admite que si bien la investigación está avanzando en ese sentido, “es un tema complejo y llevará años”.
Con la paralización de los cobros indebidos por parte de Sacyr, el Ayuntamiento pasa a reclamarle a la empresa los más de 33 millones de euros abonados y, según comenta Trujillo, se ha producido un acuerdo entre Sacyr y el gobierno de Bermúdez, a través de Emmasa, mediante el cual la administración cede a determinadas condiciones a favor de la empresa concesionaria. “Cuando uno cobra un dinero que no es de uno, lo devuelve y punto, sin condiciones”, señala Trujillo.
En primer lugar, destaca el concejal, “el ayuntamiento no le exige a Sacyr que retire el recurso contencioso administrativo que ha interpuesto para no tener que devolver esos 33 millones”, ni tampoco se reconoce como incorrecta por parte de la empresa la devolución de una parte del precio de la concesión inicial. “El ayuntamiento le firma a Sacyr que no hay nada reprochable en el cobro que hicieron; nos parece inaceptable que digan que este acto no es rechazable cuando es objeto de la investigación judicial”, declara el portavoz de Unidas Podemos.
Subida de tarifas
Una de las consecuencias de ese acuerdo que más ha resonado tiene que ver con la subida de las tarifas y tasas del agua que exige Sacyr. La empresa pretende vincular la devolución del dinero cobrado indebidamente a un incremento alrededor del 14% entre 2022 y 2023 de la tarifa del agua.
Recuerda Trujillo que Bermúdez ya ha fracasado dos veces en su intento de subir la tarifa de forma tan notable, habiendo establecido en 2018 la comisión de precios del Gobierno de Canarias el incremento máximo permitido en 2,5%. “El acuerdo dice que si la subida del agua no se traslada a la tarifa con la rapidez suficiente, lo que no tenga tiempo de ingresar Sacyr por la subida del agua a través de los recibos, se lo paga el ayuntamiento con cargo a sus presupuestos”, asegura el concejal.
Además, el acuerdo con Sacyr incluye la subida de las tarifas anualmente conforme al IPC, algo que no es exigible por ley en ningún caso y cuya obligatoriedad ya ha sido rechazada en sentencias judiciales.
Incumplimientos con las inversiones
El acuerdo de Bermúdez con Sacyr también reformula los compromisos de inversión, que han sido incumplidos sistemáticamente en los últimos años, según denuncia el portavoz de UP. En 2021, Sacyr no habría invertido ni la mitad de lo que se exigía en el contrato inicial. Con este acuerdo, la empresa concesionaria habría conseguido rebajar las inversiones establecidas en 59 millones, pasando de los 165 iniciales a 106 millones al final del periodo contratado.
“Aunque en el contrato inicial se establecía que hasta que no se invirtieran los 165 millones no se repartían dividendos, ahora lo que se plantea es que entre 2022 y 2031 se repartan 80 millones de euros en dividendos”, asegura Ramón Trujillo. En concepto de know-how solo en 2021 se traspasaron a Sacyr 1,8 millones de euros más, por lo que manteniendo ese ritmo, al final de la concesión habría que sumar alrededor de 18 millones más. “Estamos hablando de que se van a levantar 100 millones de euros de los bolsillos de la ciudadanía de Santa Cruz”, manifiesta Trujillo.
El concejal recalca además la incongruencia que supone mantener que la gestión del agua no genera rentabilidad económica como razón para privatizarla y al mismo tiempo tener la previsión de ingresar 80 millones de euros en concepto de dividendos. “Es una indecencia”, asevera Ramón Trujillo.