68 médicas temporales del SCS denuncian la precariedad laboral que les lleva a perder derechos.
La Mesa de Confluencia de Médicos y Facultativos Temporales de Canarias ha logrado este lunes reunirse con el Diputado del Común, a través de la Adjunta Especial de Igualdad entre Mujeres y Hombres y Violencia de Género, para buscar soluciones a la discriminación que sufren las médicas del Archipiélago por los efectos de la temporalidad.
Representantes de un grupo de 68 médicas temporales del Servicio Canario de Salud (SCS) han denunciado la desventaja con la que parten las mujeres a causa de la precariedad laboral, que les lleva en muchos casos a ocultar embarazos, renunciar a bajas por maternidad o permisos de lactancia.
Lo hicieron ante Beatriz Barrera, adjunta especial al Diputado del Común, quien se mostró sorprendida de que estas prácticas tuvieran lugar en un ente público como el SCS y se comprometió a solicitar un informe a la Consejería de Sanidad para aclarar esta cuestión e investigar si existe alguna instrucción para que la maternidad no condicione la renovación contractual en ningún caso.
Dácil García es una de las médicas afectadas por esta circunstancia. En declaraciones a Radio San Borondón, la doctora asegura haber concatenado 25 contratos con el SCS, una muestra del abuso de temporalidad sucesiva practicado desde esta institución. “Eso que no se da en la administración privada, se da en la administración pública”, asegura Dácil García.
En los procesos de oposición que se abrirán durante los siguientes años, las médicas serán las grandes perjudicadas cuando hayan ejercido legítimamente su derecho a acceder a la baja o los permisos asociados a la maternidad. A la insuficiencia de plazas que se ofertarán para el SCS, hay que sumarle el perjuicio que genera la no renovación de contratos para las médicas embarazadas por causar una baja de más de 3 meses.
Desde la Mesa de Confluencia de Médicos y Facultativos Temporales de Canarias han manifestado su interés por reunirse con el Presidente del Gobierno autonómico, Ángel Víctor Torres, así como con el Consejero de Sanidad, Blas Trujillo, a fin de dar solución a esta problemática que requiere actuar antes del 31 de diciembre del presente año.
“Lo que queremos es que el gobierno progresista que dice que es, ya que reconocen que eso pasaba antes de 2018, que subsane esta falta de derechos que nos hace partir con desventaja respecto a otros compañeros”, afirma García.
De no lograr una respuesta política ante esta cuestión, advierten que probablemente aumenten la intensidad de la movilización, pues -según expresa Dácil García- no quieren ganar más ni trabajar menos, sino estabilidad laboral.