Con la querella de la Fiscalía Anticorrupción, por el llamado caso canario de las mascarillas, contra el director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Conrado Domínguez, y el responsable de la empresa RR7 United Limited S.L., Rayco Rubén González Sánchez, se abre la vía judicial, frente a las posibles responsabilidades penales, que el Gobierno de Canarias ha omitido a nuestro juicio de modo escandaloso.
Por otra parte, debe imponerse la exigencia de cese inmediato de los responsables políticos: el director del Servicio Canario de la Salud, el Consejero de Sanidad y el Presidente del Gobierno de Canarias.
Esta grave noticia se añade a las nuevas brechas que últimamente se habían abierto en la Sanidad Canaria, recientemente nos hemos enterado que un claro caso de acoso laboral de años, ha hecho perder no solo profesionales sino también el reconocimiento docente de un Hospital de Tenerife. Además, la Consejería de Sanidad ha hecho el paripé de que ante una séptima ola de la pandemia solo hemos subido el nivel de alerta en algunas islas pero hemos dejado la responsabilidad de su control a la ciudadanía, dándoles consejos pero no tomando medidas. Por otro lado, hay un conflicto en un Servicio tan importante como el de Salud Publica cuyos técnicos, entre otras cosas, para sus desplazamientos por todas las islas tiene que utilizar sus propios medios y finalmente, en las ansias privatizadoras de los sucesivos gobiernos canarios, por algo somos la 3ª CCAA más privatizada, se pretende mercantilizar incluso hasta la sangre privatizando el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia.
Menos mal que tenemos un Gobierno que se autodenomina progresista…, ¿cuál será la próxima medida? ¿financiar los seguros privados para aumentar la desigualdad sanitaria y en salud que padece la ciudadanía en Canarias? No olvidemos que nuestra Comunidad es de las que más ha incrementado la aseguración privada en el conjunto del Estado.
Decimos constantemente que necesitamos profesionales y por no tomar medidas se nos van y los perdemos, necesitamos formar especialistas y perdemos la capacidad de formarlos, tenemos un grave problema en Salud Pública y por un lado no tomamos medidas y por otro maltratamos a nuestros técnicos, nos pasamos los días pidiendo sangre para nuestros Hospitales y la solución es privatizar el Instituto.
¿Qué intereses espúreos mueven a este Gobierno de Canarias y fundamentalmente a esta Consejería de Sanidad? ¿no será que no es una casualidad que seamos la 3ª CCAA más privatizada?. Y el problema no es buscar culpables entre un Jefe de Servicio, un Gerente o el Espíritu Santo, la Sanidad Canaria es un barco que se hunde con múltiples vías de agua, algunas ya estructurales a lo largo de los años, siendo necesario cerrar tanto las viejas como las nuevas.
Desde la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias (ADSPC) hacemos un llamamiento a parlamentarios de todo el espectro político, a profesionales y ciudadanía en general, para que de modo mancomunado Salvemos la Salud y la Sanidad de Canarias, ¡hay que despertar, hay que reaccionar ya!
¡A la atención del Gobierno y la Consejería! : el titulo de progresista no se autootorga, son los hechos los que podrían hacer que la ciudadanía se los otorge, aunque, por ahora, ustedes no se lo merecen.